Por segunda vez José Efraín Ríos Montt, exdictador de Guatemala, y su jefe de Inteligencia Militar, José Mauricio Rodríguez Sánchez, exdirector de Inteligencia Militar, se sentarán en el banquillo de los acusados por genocidio contra la etnia ixil, en 1982, informa la ALC.
Aunque persiste la duda de que la vista se suspenda por tres acciones interpuestas por la defensa: dos recusaciones y una excusa médica, que podrían frenar el desarrollo del juicio programado para hoy.
Francisco Palomo, defensor de Ríos Montt, informó de que también confía en que su cliente sea beneficiado con la amnistía contenida en el decreto 8-86 por delitos que se hubieran cometido durante el conflicto armado interno. La Sala Primera de Apelaciones debe resolver sobre ese perdón, cuyo fallo influiría en el desarrollo del nuevo juicio.
Cuatro testigos murieron
Tanto Ríos Montt como Rodríguez Sánchez mantienen arresto domiciliario al haber depositado fianzas de Q500 mil cada uno.
La fiscal del caso, Heydi Pineda, explicó que cuenta con la mayoría de testimonios presentados en el Tribunal A: “De todos los testigos, solo uno ha dicho que no tiene la intención de volver a presentarse en el tribunal, y otros cuatro ya murieron”, dijo Pineda.
Palomo, defensor de Ríos Montt, indicó que tiene preparada su estrategia y espera la resolución favorable de la amnistía que incidiría en el desarrollo del nuevo debate.
También el hecho de que el expediente original del caso se encuentre en la Cámara de Amparos y Antejuicios podría causar retraso al comienzo del segundo juicio.
En el tribunal a cargo del debate se informó de que la Cámara solicitó el documento por un amparo presentado por Palomo, quien alega incompetencia de la judicatura. Si no se traslada el expediente, podría aplazarse el juicio.
Debate
En esta ocasión, el juicio contra los dos militares será conocido por el Tribunal Primero B de Mayor Riesgo, integrado por las juezas Irma Jeannette Valdés, Sara Yoc Yoc y María Eugenia Castellanos.
Ambos militares fueron acusados por el Ministerio Público (MP) ante el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, que el 10 de mayo del 2013 condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, y absolvió a Rodríguez Sánchez por falta de pruebas.
El fallo fue anulado diez días después por la Corte de Constitucionalidad (CC), que argumentó que en el desarrollo del debate los jueces Yassmin Barrios, Patricia Bustamante y Pablo Xitumul habían incurrido en errores de procedimiento y que debían ser enmendados.
Paralelo al debate, la Sala Primera de Apelaciones del ramo Penal debe resolver una solicitud de amnistía presentada por Ríos Montt, quien apela al perdón judicial que otorga el decreto 8-86.
La Fiscalía acusa a Ríos Montt y a Rodríguez Sánchez de haberse valido de sus puestos en la institución militar para el diseño de planes ejecutados por la tropa de esa época para exterminar a poblaciones indígenas de San Juan Cotzal, Chajul y Nebaj, Quiché, que por su ubicación forman el denominado Triángulo Ixil.
Ríos Montt tomó el poder el 23 de marzo de 1982, cuando oficiales jóvenes derrocaran al también general Fernando Romeo Lucas García. Su gobierno se extendió hasta el 8 de agosto de 1983, cuando fue defenestrado por el general Óscar Mejía Víctores, ministro de la Defensa.
El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico señala los 17 meses que Ríos Montt estuvo al frente del Estado como una época cruenta.
Según la acusación, durante ese período fueron desarrollados los planes Sofía, Victoria 82 y Firmeza 83 con los cuales fueron ejecutados 1771 habitantes del Triángulo Ixil, entre hombres, mujeres, niños y ancianos, cuya característica era la de poblaciones desarmadas no combatientes.
Con los referidos planes militares se pretendía exterminar a los miembros de la insurgencia, y se vio como enemigo interno a los ixiles, de quienes se pensó que ocultaban, alimentaban y apoyaban a la guerrilla.
Durante esa época también se produjeron violaciones contra mujeres y niñas, robo de ganado, quema de cosechas y viviendas, y secuestro de menores.
El MP asegura que Ríos Montt es responsable de los abusos cometidos por las fuerzas castrenses, debido a que era él quien se encontraba a la cabeza de la institución armada.
Primer juicio
El primer juicio por genocidio en el área Ixil se desarrolló entre el 19 de marzo y 10 de mayo del año pasado, y en las sesiones se escucharon los testimonios de 98 víctimas sobrevivientes.
El principio estuvo marcado por una discusión entre el abogado Francisco García Gudiel, quien el mismo día que comenzó el debate fue contratado para dirigir la defensa del exjefe de Estado de facto. Al entrar en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, García Gudiel accionó contra Barrios y Xitumul. Alegó que tenía enemistad con la jueza y por el contrario era amigo del juzgador.
El tribunal decidió expulsarlo del debate por haber mentido en sus señalamientos. Posteriormente, el defensor fue restituido por orden de la CC.
El órgano acusador recopiló documentos militares ubicados en el Archivo Histórico de la Policía Nacional y el Ministerio de la Defensa, declaraciones de testigos, informes de peritos, de excavaciones y exhumaciones, como pruebas de los ilícitos.
La defensa presentó informes de peritos para borrar las acusaciones contra los militares.
La conclusión del tribunal dirigido por Barrios fue responsabilizar a Ríos Montt por los vejámenes y exculpar a Rodríguez Sánchez, cuyo cargo no determinaba mando en ningún efectivo del Ejército.
El arresto domiciliario que Ríos Montt mantuvo fue revocado y se ordenó su ingreso en la cárcel del Cuartel de Matamoros, donde cumpliría 80 años de prisión —50 por genocidio y 30 por delitos contra los deberes de humanidad—, mientras que a Rodríguez Sánchez se le ordenó continuar con prisión preventiva en el Hospital Militar hasta que el fallo quedara en firme.
Ya es la hora de sentar ante la Justicia a estos personajes por tantas violaciones y matanzas de Indigenas de Guatemala, tarde y mal como siempre,si no se puede en ese País que lo lleven a Tribunal Internacional de la Haya pues en Guatemala unos y otros son grandes amigos y buscarán la manera que no se lleve a cabo la Justicia contra estas personas. Pobres ciudadanos, siempre conocimos los desmanes contra ellos y todos los Países callados mientras a ellos los masacraban, y los pocos Periodistas que hablaron del tema nadie los escuchó.
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