Ahora que el ministro del Interior en funciones tiene pendientes algunas cuestiones graves, relacionadas con las conspiraciones llevadas a cabo contra adversarios políticos desde su departamento -de las que es culpable y no víctima, y por las que ha dejado en muy mal lugar a su conciencia-, conviene recordar que hace unos pocos días se cumplió un año de la aprobación de la llamada Ley Mordaza.
Cabe esperar que, aunque se diera el mal de que esa ley siguiera vigente, Jorge Fernández Díaz no prosiga como titular de esa cartera en el venidero Gobierno de derecha, si este se diera, con o sin don Mariano el Simple a la cabeza.
No parece que la casi coincidencia de este aniversario con la fecha electoral del 26J haya repercutido en detrimento del señor ministro del Interior. Antes bien se ha demostrado en las urnas, con el incremento de setecientos mil votos a favor del PP, lo que hace una fechas me indicó mi querida amiga María a través de la excelente viñeta de El Roto publicada en El País, en la que se leía una de esas frases propias de lúcido editorial periodístico con las que se caracteriza el firmante: vivimos en la edad de oro de la edad del miedo, amiguitos.
La Ley Mordaza fue rechazada tanto por la oposición, que acusó al Gobierno de favorecer el Estado policial, como por organizaciones tales como Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras. Entre las 44 normas que establece la Ley de Seguridad Ciudadana como nuevas infracciones están las manifestaciones ante el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos, aunque en esas sedes nos estén reunidos los representantes públicos, y las protestas, por lo tanto, no puedan repercutir en los oídos de sus señorías, sobre todo las que se sienten en el llamado Banco Azul.
La Ley Mordaza sanciona «el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales» de policías «que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación». También se aumentan las penas de cárcel para determinados delitos contra el orden público y establece multas de hasta 600 000 euros para la organización de actos de protestas o manifestaciones no autorizadas. Con la misma ley se permite devolver a inmigrantes clandestinos que crucen la frontera sin darles tiempo a solicitar el asilo, especialmente en los enclaves españoles norafricanos de Ceuta y Melilla, sometidos a una fuerte presión migratoria.
El Gobierno del PP se ha caracterizado por sustentarse en un partido corrupto hasta las cachas que ha aprobado la Ley de Seguridad Ciudadana más regresiva desde los tiempos de la dictadura. Gracias a una campaña basada sobre todo en el miedo, arma capital de los Gobiernos totalitarios, ese partido ha logrado vencer en las pasadas elecciones.
Si a la entidad de ese voto mayoritario y en buena parte amedrentado añadimos la vigencia de una Ley Mordaza que probablemente siga vigente si la derecha mantiene su hegemonía, ¿qué le queda a la oposición política en el Parlamento para contar con la presión de la ciudadanía en la calle -según ocurre u ocurría en los regímenes con credencial democrática- para combatir la merma de derechos y libertades que leyes como la mencionada consagran?
