En su lengua, cucapah significa «gente del río» o «los que vienen y van donde va el río». Durante más de 500 años, los integrantes de este pueblo amerindio han habitado las márgenes del delta del río Colorado, en el Valle de Mexicali, donde comienza la península mexicana de Baja California, informa Daniela Pastrana (IPS) desde El Mayor (México).
Son pescadores y artesanos. Los une la familia, la pesca, los kurikuri (rituales) y las ceremonias fúnebres. Y ahora, además, la lucha por no desaparecer, en una batalla que lideran sus mujeres.
«Soy Hilda Hurtado Valenzuela. Soy pescadora. Y soy cucapah», dice, a modo de presentación, la presidenta de la Sociedad Cooperativa del Pueblo Indígena Cucapah, que también habita en el vecino estado estadounidense de Arizona.
Del mismo modo se presentan las demás mujeres de esta comunidad, quienes atienden a Tierramérica durante una asamblea para analizar los pasos a seguir tras arrancar al gobierno federal el compromiso de hacer una consulta sobre una restricción a su actividad pesquera, que prácticamente los condena a la extinción.
«Ningún gobierno tiene derecho a quitarnos nuestro hábitat», dice Hurtado a Tierramérica, durante una visita a la Comunidad Indígena Cucapah El Mayor, donde la Red de Periodistas de a Pie y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos desarrollan un proyecto de protección a los defensores de los derechos humanos, financiado por la Unión Europea.
En mayo, con 61 años, cuatro hijos y diez nietos a cuestas, se plantó en la carretera que une al puerto de San Felipe, en el mar de Cortés (también conocido como golfo de California), con Mexicali, la capital del estado de Baja California, fronteriza con Estados Unidos, y no se levantó de ahí hasta que el gobierno federal formalizó el compromiso de realizar una consulta.
«El gobierno aceptó algo que debió haber hecho hace 25 años», resume el abogado Ricardo Rivera de la Torre, de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, una organización que desde 2004 documenta violaciones de derechos civiles en Baja California.
En 2008, Rivera de la Torre y Raúl Ramírez Baena llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): «El gobierno violó el derecho a la consulta que le asiste al pueblo cucapah por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo», que México ratificó en 1990, explica Ramírez Baena.
En 1993, sin consulta previa, el gobierno de entonces decretó la creación de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, y estableció como zona núcleo el Zanjón, donde los cucapah pescan la curvina golfina (Cynoscion othonopterus).
Entre febrero y mayo, la curvina llega a desovar a las aguas poco profundas del mar de Cortés, que une los estados de Sonora y Baja California, y su comercialización está ligada a la temporada de la católica Cuaresma.
Tras la reserva, llegó el Plan de Manejo de la Reserva, en 1995, y una serie de legislaciones y reglamentaciones – como la Ley de Equilibrio Ecológico, el Decreto de Veda y la cuota de captura- que restringieron la actividad pesquera de los cucapah a niveles que no les permiten la supervivencia económica.
«El de los cucapah es un ejemplo de cómo políticas con una visión ultra conservacionista pueden poner en peligro la existencia de un pueblo originario», asegura a Tierramérica otra abogada de la Comisión Ciudadana, Yacotzin Bravo.
La Constitución mexicana define a los pueblos indígenas como los descendientes de las poblaciones que habitaban el valle antes de que se formara el Estado y conservan sus instituciones culturales o económicas, o parte de ellas. Su artículo 2 establece el «acceso preferente de los pueblos» en la explotación de los bienes naturales de la nación.
«Los derechos de los indígenas son derechos de pueblos. No de personas, ni de municipios, ni de núcleos agrarios. En términos de derecho indígena hablamos de la apropiación del territorio, que es necesaria para que un pueblo pueda existir como tal», explica a Tierramérica el experto en derecho indígena Francisco López Bárcenas.
«Ellos viven de pescar, de relacionarse con su entorno. No solo es el dinero. Primero, con las leyes agrarias, los fueron reduciendo a pequeños espacios, ahora es una reducción de su actividad principal. Y si no pueden pescar, tienen que irse a hacer mano de obra a otros lugares», dice.
Cada año, justo después del cuarto menguante de febrero, las curvinas comienzan su migración hacia las aguas someras del delta del río Colorado. La pesca dura de cuatro a seis mareas, cada una de entre siete y ocho días, que generalmente inicia después del cuarto lunar y se extiende a la luna nueva.
Los cucapah se meten al mar en sus pangas (pequeñas embarcaciones) y esperan en silencio hasta que escuchan a las curvinas y tiran sus chinchorros (redes). En esos meses hay un promedio de cinco a seis mareas y los cucapah capturan de 200 a 500 toneladas por temporada.
«Lo que el gobierno ha hecho con nosotros es una segregación. Ellos saben que los indios no ponemos en riesgo al ambiente», dice a Tierramérica la presidenta de la Sociedad de Producción Rural El Mayor Cucapah, Juana Aguilar González.
Los cucapah no son los únicos que pescan curvina. En la zona hay dos cooperativas pesqueras no indígenas (la de San Felipe, en Baja California y Santa Clara, en Sonora), con una capacidad de pesca diez veces mayor, según los datos de la gubernamental Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
«El porcentaje (de curvina) que capturan los cucapah es aproximadamente 10 por ciento de la cuota recomendada, lo que acredita que la pesca realizada por dicha comunidad indígena, aun cuando la realizaran en la Zona Núcleo de la Reserva, no rompe el equilibrio ecológico ni amenaza la extinción de la especie», indica la recomendación 8/2002 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigida a los secretarios (ministros) de Medio Ambiente y Agricultura.
«El decreto de la Reserva nos cambió la vida. Ahora, en lugar de estar ocupándonos de nuestras danzas, tenemos que estar preocupados por los amparos, por los juicios, por los decomisos y los detenidos», dice con tristeza Mónica González, hija del fallecido gobernador cucapah Onésimo González.
Los cucapah, también conocidos por su nombre castellanizado de cucapás, descienden de los yumanos y son uno de los cinco pueblos originarios que sobreviven en Baja California.
En el siglo XVII, unos 22.000 indígenas habitaban en la región del río Colorado. Hoy solo quedan 1000 en la Reserva India Cucapah, al suroeste de Arizona, y poco más de 300 en México, distribuidos en Baja California y Sonora, según datos de la oficial Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) clasifica la lengua cucapah en peligro de extinción, porque apenas quedan unos 10 hablantes, entre ellos, Mónica González, de 44 años, quien hace unos años inició un trabajo de recuperación de la lengua.
«A veces creo que los gobernantes hablan de los cucapah como si ya nos hubiéramos muerto, pero estamos vivos y luchando», dice a Tierramérica.
- Editado por Estrella Gutiérrez
