La decisión de la Corte Constitucional dominicana de retirar la ciudadanía a todas las personas nacidas en el país de padres inmigrantes desde 1929 ha convertido en apátridas al menos a 200.000 dominicanos de origen haitiano, denuncia Pamela Martínez Acheca en un artículo publicado en la página digital GlobalVoices.
“La decisión nº 168 de 2013 del tribunal constitucional se burla de la comunidad internacional y aclara mucho la polarización que existe en el país”. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado la decisión del Constitucional.
Para el historiador Bernardo Vega “el estado tiene un compromiso moral con esas personas” a las que llamó con promesas tras finalizar la primera guerra mundial, por lo que es “intencionadamente responsable de esas irregularidades”.
Siempre según la autora del artículo, la historiadora Rosario Espinal añade un aspecto diferente en un escrito titulado “Matanza electoral”. Publicado en su blog y en varios periódicos de difusión nacional, asegura que las drásticas medidas adoptadas responden a intereses políticos y no racistas: “El objetivo inmediato de esta desnaturalización de algunos dominicanos de origen haitiano es retirarles de la lista electoral, impedir que puedan votar. La Corte Constitucional ha utilizado varias sutilezas jurídicas para llegar hasta la fecha de 1929” y poder retirarles de los censos del registro civil. Eliminándoles electoralmente legaliza lo ilegal. Este es el nuevo orden constitucional dominicano”.
Los motivos quizá haya que buscarlos también en la manifestación que el pasado 4 de noviembre de 2013 organizó la coalición Dominicanos y Dominicanas por los Derechos; sus afiliados y simpatizantes de la región de Enquillo desfilaron por la zona de los bateys (comunidades rurales situadas en la periferia de la zona productora de azúcar), como gesto de protesta contra el proyecto de desnaturalización de los dominicanos de origen haitiano.
En cuanto al presidente del país, Danilo Medino, lejos de pronunciarse en contra de la medida lo que ha hecho ha sido reunirse con decenas de embajadores acreditados en la república, para explicarles la sentencia del constitucional.
Por su parte, el escritor peruano-español y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, en un artículo titulado Los parias del Caribe, publicado en el diario El País, compara la decisión del tribunal dominicano con las leyes nazis contra los judíos y denuncia la complicidad del estado dominicano en los procesos de migración clandestina: “La hipocresía se añade a la crueldad y a la falta de humanidad de semejantes jueces. Saben muy bien que la inmigración clandestina o ilegal… que comenzó en los primeros años del siglo XX es un fenómeno social y económico complejo que en algunos momentos –precisamente en los momentos de gran prosperidad- estuvo animado por los propietarios rurales y los empresarios dominicanos para conseguir mano de obra barata para la recogida de la caña de azúcar, la construcción o el trabajo doméstico… Todo ello con el conocimiento y al tolerancia de las autoridades, ellas mismas conscientes de las ventajas económicas que representaba para el país”.
