Amnistía Internacional ha publicado una nota en la que insta al Parlamento de Dinamarca a «rechazar cambios crueles y regresivos a la ley sobre personas refugiadas» que promueve el Gobierno, porque «tendrían un impacto devastador sobre unas personas vulnerables que, además de ver sus bienes confiscados, tendrían que esperar años para volver a reunirse con sus familiares atrapados en zonas de guerra y campos de refugiados».
Una de las reformas propuestas por el Gobierno a la Ley de Extranjería obligaría a esperar tres años a los “refugiados de guerra” para poder solicitar la reunificación familiar. El trámite en sí podría prolongarse después varios años.
“Es sencillamente cruel obligar a unas personas que huyen de un conflicto a hacer una elección imposible: llevarse consigo a sus hijos e hijas y otros seres queridos a viajes peligrosos, incluso mortales, o dejarlos atrás y afrontar una separación prolongada mientras su familia sigue padeciendo los horrores de la guerra”, afirma Gauri van Gulik, directora adjunta del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“La separación puede tener un impacto devastador en las familias, incluso para su rehabilitación de las experiencias traumáticas y su capacidad para integrarse y adaptarse a la vida en un nuevo país”, agrega.
Aunque la propuesta del gobierno danés de confiscar ciertos bienes de las personas refugiadas ha desatado la indignación de la opinión pública, el Parlamento de ese país está tramitando con rapidez otras medidas igualmente trascendentales y regresivas: más restricciones en los requisitos para obtener la residencia permanente, reducciones en la duración de los permisos de residencia permanente y la introducción de tarifas para las solicitudes de reunificación familiar (actualmente 7000 coronas danesas, aproximadamente 900 euros, por solicitud), así como los gastos de viaje hasta Dinamarca de los familiares.
El gobierno ha seguido adelante con estos planes pese a reconocer que podría violar el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a la vida familiar. La agencia para los refugiados de la ONU (ACNUR) ha advertido también que estas propuestas podrían violar otros artículos del Convenio Europeo y la Convención sobre los Derechos del Niño. Las medidas —incluidas las reformas aprobadas en noviembre de 2015 que permiten que la policía detenga a solicitantes de asilo y migrantes sin supervisión judicial— son parte del objetivo declarado del gobierno de hacer que Dinamarca sea menos atractiva a la hora de solicitar asilo.
Amnistía Internacional pide a los Estados que presionen a Dinamarca para que cambie su preocupante postura sobre las personas refugiadas cuando sometan a este país al examen público universal de la ONU el jueves 28 de enero de 2016.
“La comunidad internacional debe hacer una llamada al orden a Dinamarca, que está iniciando una carrera hacia el abismo. Pese a que este país fue uno de los primeros adalides de la Convención sobre los Refugiados, su gobierno está ahora creando abiertamente obstáculos para el bienestar y la seguridad de las familias refugiadas”, concluyó Gauri van Gulik.
