El Comité de los Derechos del Niño de la ONU debe pedir cuentas al Estado mexicano, como lo ha hecho con otros países, por la falta de investigación de las serias y extendidas denuncias de abusos sexuales en instituciones católicas, insisten organizaciones humanitarias.
Expertos consultados por Emilio Godoy (IPS) consideran que esa falta de acción de las autoridades y la justicia de México viola la Convención sobre los Derechos del Niño, lo cual obliga a actuar al Comité que supervisa la aplicación de este acuerdo aprobado en 1989 por la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y que entró en vigor al año siguiente.
«Hay un alto nivel de impunidad. Han existido muestras claras de contubernio y dispensas entre las autoridades (locales) y la Iglesia Católica, de modo que es poco posible que los inculpados sean llevados ante los tribunales», señaló Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
«Los casos paradigmáticos dan muestra del poder de la Iglesia. Es un poder fáctico al que no se toca», añadió a IPS este activista, para quien el Estado tiene «la obligación de proteger a niños y niñas, ya sea en la escuela como en la familia y en la Iglesia». «Usualmente, esto se trata de evadir argumentando que es un asunto de la vida privada», enfatizó.
El Comité de los Derechos del Niño está formado por 18 expertos independientes, entre los que se cuentan por América Latina la ecuatoriana Sara de Jesús Oviedo y el brasileño Wanderlino Nogueira Neto.
Las autoridades mexicanas debieron entregar en abril de 2011 sus cuarto y quinto reportes periódicos de cumplimiento obligatorio, pero lo hicieron en junio. En ese documento consolidado, empero, no se exponen puntos sobre el fenómeno de la pederastia y su combate.
Las denuncias contra sacerdotes católicos de abusar sexualmente de niños y adolescentes explotaron en realidad en Estados Unidos en 2002 y luego proliferaron en países europeos, como Alemania, Irlanda y Bélgica, así como en América Latina, especialmente en México y Chile.
«El Estado no toma cartas en el asunto y la Iglesia ha sido protectora, al cambiar a curas de una parroquia a otra sin siquiera afrontar el tema ni pedir disculpas a las víctimas. En ningún momento hubo una posición del Estado respecto de estos asuntos», aseguró a IPS la coordinadora general de la no gubernamental Ririki Intervención Social, Nashieli Ramírez.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) da cuenta de unos 5.000 seminaristas distribuidos en 145 centros de formación religiosa y de 15.000 sacerdotes en este país, donde 39 millones de sus más de 118 millones de habitantes son menores de 18 años, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La jerarquía católica de este país ha dicho que se ciñe a los nuevos lineamientos del Vaticano y que acatará la reforma aprobada para evitar los abusos a menores y castigar a los autores.
La referencia es al anuncio hecho el 11 de julio por el papa Francisco, quien visita en estos días Brasil, sobre la firma de una reforma al Código de Derecho Canónico para endurecer las penas por pederastia, pornografía infantil y prostitución de menores, que cobrarán vigor en septiembre.
En abril de 2012, la CEM había aprobado disposiciones para prevenir y erradicar el abuso sexual, directrices que se centran en la selección de los candidatos al sacerdocio mediante la valoración de factores humanos, psicológicos, espirituales y vocacionales.
De este modo acató la comunicación de la vaticana Congregación para la Doctrina de la Fe, que en mayo de 2011 instruyó a todos los episcopados del mundo a contar con procedimientos claros sobre el manejo de las agresiones.
Duro de explicar
En su 62 período de sesiones, celebrado del 14 de enero al 1 de febrero en Ginebra, el Comité censuró duramente a Estados Unidos por su inacción frente a los abusos sexuales a menores por parte de prelados.
El Comité «está profundamente preocupado por la información de abuso sexual cometido por clérigos y dirigentes de ciertas organizaciones e instituciones religiosas en una escala masiva y de largo plazo y sobre la falta de medidas tomadas por el Estado parte para investigar apropiadamente los casos y perseguir a aquellos acusados que pertenecen a esas organizaciones», citan las observaciones.
El Vaticano tampoco ha quedado libre de la dura mirada del Comité, pues le ha pedido explicaciones sobre las medidas adoptadas contra los abusos sexuales cometidos por sacerdotes, todos dependientes de su autoridad eclesiástica, y le ha dado plazo hasta noviembre para responder.
Con miras al 65 período de sesiones, del 13 al 31 de enero, el ente de control de la ONU solicitó al Vaticano que «provea de información detallada sobre los casos de abuso sexual infantil cometidos por miembros del clero, hermanos y monjas o comunicados a la Santa Sede durante el periodo reportado» sobre medidas tomadas, investigaciones y procedimientos legales contra los perpetrados y apoyo a las víctimas.
Los defensores de los derechos de la infancia vuelven a la carga con la responsabilidad estatal, como ya lo habían hecho en 2005 con la presentación del informe alternativo «Infancias mexicanas, rostros contra la desigualdad».
Ese reporte concluyó que «la información referente a los abusos sexuales cometidos por religiosos no está a disposición de los responsables de garantizar un debido proceso de defensa y protección a los derechos humanos, en particular los de la infancia».
Sostuvo, además, que «el ocultamiento de información y el encubrimiento por parte de la jerarquía católica ha entorpecido el proceso de denuncia por parte de las víctimas».
Por su parte, el Senado mexicano aprobó en 2010 una reforma a la Ley Federal para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, para tipificar como delito específico a la pederastia, en la cual se obliga a las asociaciones religiosas a denunciar a los sacerdotes que abusen sexualmente de menores, bajo riesgo de perder su registro.
Pero los especialistas aún no ven resultados concretos de las acciones del Estado ni de la propia Iglesia.
«El Estado debe desarrollar mecanismos para proteger a la infancia y evitar la impunidad. Es importante modificar los códigos civiles que encubren abusos sexuales, como la figura del estupro, que protege a los agresores y no a las víctimas y así evitan la cárcel. Debe haber mecanismos para prevenir abusos y denunciar a los responsables de los abusos», sostuvo Pérez.
Las organizaciones no gubernamentales preparan este año el informe alternativo para el Comité, que evaluará a México en su 69 período de sesiones de mayo y junio de 2015, y en el cual incluirán la situación de la pederastia clerical.
La Red de Sobrevivientes de Abusos de Sacerdotes, que agrupa a víctimas en todo el mundo, identificó en México a por lo menos 65 sacerdotes involucrados en delitos sexuales, ninguno de los cuales ha pisado la cárcel.
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