La democracia sufrió un nuevo retroceso en Venezuela con la elección de dos directivas para su Parlamento, señal de que se eleva la confrontación y se cierran las salidas políticas mientras se ahonda la crisis económica, social y migratoria que ha postrado a sus habitantes y mantiene en ascuas a los países vecinos, informa Humberto Márquez¹ (IPS) desde Caracas.
En Venezuela «se profundiza la crisis de estabilidad, porque el Estado se fractura y no resuelve los problemas sociales y económicos, mientras el régimen busca hacer sistémica su dictadura, es decir, que nada quede fuera de su control, de la manera que sea», observó Luis Salamanca, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Central de Caracas, en diálogo con IPS.
El pasado 5 de enero (2020), la minoría oficialista en la unicameral Asamblea Nacional legislativa, aliada con desertores de la oposición, eligió a mano alzada en una tumultuaria sesión, saltándose formalidades, al exmilitante opositor Luis Parra como presidente del parlamento para este año.
Impedidos algunos diputados de acceder al capitolio local por un fuerte cordón militar, la mayoría opositora sesionó en el auditorio del diario El Nacional, con presencia de la prensa y diplomáticos europeos, y reeligió presidente a Juan Guaidó.
La oposición pro-Guaidó contabilizó nominalmente 100 votos. Parra y portavoces oficialistas ofrecieron diferentes cifras en su apoyo, entre 81 y 91 diputados. Unos y otros utilizaron principales y suplentes, pues la Asamblea tiene 167 escaños, de los cuales, al elegirse en 2015, la oposición ganó 112 y el oficialismo 55.
El Legislativo se ha mantenido como el único de los cinco poderes del Estado que no está en manos del oficialismo, que controla el Ejecutivo con el presidente Nicolás Maduro, el Judicial, el Electoral y el Ciudadano, integrado por la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.
Por ello «era previsible que habría el intento del régimen de ganar la Asamblea y de bloquear a la oposición», comentó a IPS desde Buenos Aires, por teléfono, Andrés Serbin, presidente de la red académica Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales.
Sin embargo, «la jornada fortaleció a Guaidó, porque pudo aglutinar incluso a algunos de sus críticos desde la oposición, y las imágenes -guardias antimotines reprimen a Guaidó cuando intenta saltar la verja del capitolio para acceder al recinto que preside- tienen cierto costo político para Maduro», dijo Serbin.
Además «ha conseguido que el tema Venezuela vuelva a ser relevante, cuando todo el mundo está pendiente de las crisis en el Medio Oriente y la posibilidad de una guerra entre Estados Unidos e Irán», observó Serbin. Guaidó «es un hueso duro de roer», según Salamanca.
Las facultades de la Asamblea fueron cercenadas desde que fue electa: el Supremo invalidó la elección de algunos diputados, declaró al parlamento en desacato, asumió algunas de sus funciones legislativas y de control, y anuló casi cada ley o decisión tomada en el parlamento.
Los diputados oficialistas dejaron de acudir a las sesiones y, en 2017, Maduro convocó a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente -rechazada por la oposición- de tipo corporativista, que no ha redactado aún una nueva constitución pero también hizo de parlamento, y ha ordenado despojar de inmunidad a una treintena de diputados opositores por supuestos delitos.
La mayoría de los afectados ha ido al exilio, y algunos están presos o en la clandestinidad, por lo que la Asamblea funciona con numerosos suplentes. Los diputados no reciben sus emolumentos, los pasaportes de algunos fueron anulados y varios denuncian acoso policial frente a sus viviendas o de grupos afines al oficialismo, que les hostigan a las puertas de capitolio.
En contrapartida, el parlamento desconoció la reelección de Maduro el 20 de mayo de 2018, considerándola fraudulenta y, cuando el gobernante inició su segundo sexenio el 10 de enero de 2019, estuvo a favor de que Guaidó se erigiese nominalmente como presidente encargado de la República.
Más de cincuenta gobiernos, incluidos la mayoría de los americanos y europeos, consideran a Guaidó presidente legítimo, aun cuando sea Maduro quien controla efectivamente el territorio. Y veinticuatro horas después de los hechos del 5 de enero, solo Rusia había reconocido a Parra.
Por ello, es comprensible que Maduro buscase el reemplazo de Guaidó como titular del parlamento. Según investigaciones del portal Armando.info y denuncias de parlamentarios, varios diputados opositores fueron comprados o convencidos de cambiar de bando el mes pasado.
Los hechos del 5 de enero presagian así una confrontación más fuerte, haciéndose a un lado las posibilidades de entendimiento «y con menos democracia representativa, en definitiva menos democracia, y una situación más dictatorial, más dictadura», opinó Salamanca.
El trasfondo económico y social en el que se recuesta la crisis política puede ser el peor de América Latina en lo que va del siglo: el producto interno bruto se contrajo en 2019 hasta 70 000 millones de dólares, la cuarta parte de hace siete años, la hiperinflación es de varios miles por ciento desde finales de 2017 (anualizada en 4679 por ciento en septiembre de 2019, según cifras oficiales) y el dólar, cotizado en 700 bolívares hace un año, se cambió este lunes a más de 79 000.
El salario mínimo es el más bajo de América, menos de tres dólares mensuales, los precios de los alimentos suben a diario, hay escasez de gasolina, gas para cocinar y transporte público, y son muy deficientes los servicios de salud, educación, electricidad, agua potable y telefonía.
Ese clima ha generado desde 2015 un éxodo, el mayor de América Latina en este siglo, de unos 4,6 millones de personas (Venezuela cuenta oficialmente con 32,2 millones de habitantes) según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Los mayores países receptores son los sudamericanos, que colocan la limitación de ese éxodo entre sus prioridades, así como España y Estados Unidos. Según OIM-Acnur, si no cambian las condiciones de vida en Venezuela, sus migrantes pueden llegar a seis millones a finales de 2020.
Este año 2020, también, según pauta la Constitución, debe elegirse una nueva Asamblea Nacional. Los principales partidos de oposición están inhabilitados para participar.
