El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este lunes 31 de agosto de 2020 indultos y sobreseimientos de las causas seguidas contra decenas de dirigentes y activistas opositores que durante años o meses han estado presos, exiliados o perseguidos por su gobierno, informa IPS.
El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo al leer la lista de los 110 alcanzados por la medida que «es importante que todos los sectores del país puedan sentir que tienen a alguien por quien votar» en la elección parlamentaria convocada para el próximo 6 de diciembre.
Un total de veintisiete partidos y grupos de oposición han llamado a no participar en esa elección de una nueva Asamblea Nacional, el congreso legislativo unicameral, por considerarla una «farsa» ya arreglada en su favor por los seguidores de Maduro, quienes controlan el resto de los poderes públicos y fuerzas de seguridad.
Tres diputados presos, Gilber Caro, Ismael León y Renzo Prieto, deberán quedar en libertad inmediatamente, y cesan las causas abiertas por supuestos delitos como instigación al odio y traición a la patria contra dirigentes como Henry Ramos, secretario general del partido socialdemócrata Acción Democrática.
En el exilio hay una veintena de diputados de varios partidos opositores, y la mayoría aparecieron en la lista de indultados o sobreseídos leída por Rodríguez, así como Freddy Guevara, refugiado en la embajada de Chile desde hace tres años.
Sin embargo, varios nombres fueron obviados, entre ellos Leopoldo López, «huésped» en la embajada de España y jefe del partido Voluntad Popular, al que pertenece el actual presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido como «presidente legítimo de Venezuela» por más de cincuenta gobiernos.
Tampoco figuran Julio Borges, «canciller» de Guaidó y dirigente destacado de otro partido, Primero Justicia, ni los generales presos sindicados de participar en complots para derrocar a Maduro, entre ellos el excomandante del ejército Isaías Baduel y el exjefe de los servicios de inteligencia Miguel Rodríguez Torres.
En cambio, se incluyó entre los favorecidos a Rubén González, dirigente de los trabajadores del hierro y quien, tras liderar protestas laborales en el sureste, purgaba una pena de cinco años y nueve meses dictada por un tribunal militar, y al académico disidente del oficialismo Nicmer Evans, detenido hace 45 días.
Maduro había adelantado que esta semana sería «interesante para el diálogo, la reconciliación y las garantías más amplias para la vida política y las elecciones del 6 de diciembre».
Es la primera vez, desde que inició su presidencia como heredero político del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013), que Maduro emplea sus prerrogativas como cabeza del Estado para conceder alguna forma de indulto o perdón a opositores políticos connotados.
La oenegé humanitaria Foro Penal contabilizaba, hasta el anuncio de Rodríguez, 386 presos políticos, de los cuales 127 militares, veintiocho mujeres y dos adolescentes.
También ha denunciado constantemente la existencia de una «puerta giratoria» o procedimiento mediante el cual, cada vez que un tribunal concedía una medida de gracia a uno o varios detenidos políticos, se practicaba la detención de otros.
Todavía no se conocen reacciones de la dirigencia opositora a la medida dictada por Maduro, y que según medios locales es parte de negociaciones o peticiones de personalidades de oposición que podrían marcar distancias y quizás avalar la convocatoria electoral de diciembre.
Pequeños grupos de oposición formal a Maduro y a su Partido Socialista Unido de Venezuela inscribieron candidatos para esos comicios, y el árbitro electoral amplió el plazo de postulaciones hasta el viernes 4 de septiembre, con la intención de atraer la participación de grupos indecisos.
El proceso convocado para diciembre no reúne los requisitos de una elección libre según Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima, reunión de gobiernos del hemisferio que presiona por una salida electoral a la larga crisis venezolana.
La liberación de los detenidos por causas políticas, permitir el retorno y la libre actividad de todos los dirigentes, y preparar elecciones transparentes a órdenes de un árbitro confiable han sido peticiones constantes de la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La “alta comisionadla de la ONU para los derechos humanos, como ha quedado demostrado en diferentes ocasiones está al servicio de la administración norteamericana de Donald Trump.