La batalla por las elecciones legislativas estadounidenses ha entrado en una fase nueva. Después de varios reveses judiciales para la Administración de Donald Trump, una organización de defensa de los inmigrantes y un equipo universitario han podido examinar por primera vez la lista federal utilizada para cuestionar miles de votos en California.
El resultado, analizado en la última entrega del Observatorio Trump, debilita las premisas con las que el Departamento de Justicia había exigido que el estado apartase papeletas y había advertido a los funcionarios electorales de posibles consecuencias penales.
Más de cuatro de cada diez nombres no aparecen
La lista elaborada por organismos federales incluía 20.930 personas consideradas posibles votantes no ciudadanos. Según la primera revisión externa, 8880 nombres, el 42 por ciento del total, no corresponden a ninguna persona inscrita en el censo electoral vigente de California.
Dos especialistas del UCLA Voting Rights Project compararon los datos federales con el archivo estatal y con una relación de ciudadanos naturalizados vinculados a la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, conocida como CHIRLA. La Associated Press informa de que encontraron al menos veintidós coincidencias completas entre ciudadanos confirmados y personas señaladas por el Gobierno.
Los investigadores detectaron también duplicados, información incompleta y la ausencia del identificador individual empleado por las autoridades electorales. Estimaron que la aplicación general de la metodología federal podría marcar erróneamente a cerca de 7500 ciudadanos naturalizados.
Esta última cifra no significa que se hayan identificado 7500 ciudadanos dentro de la lista. Es una proyección del riesgo de falsos positivos. Tampoco puede deducirse la situación migratoria de las 8880 personas que no figuran en el censo. La conclusión comprobable es más limitada, pero políticamente importante: esos nombres no demuestran que California estuviese a punto de contar más de veinte mil votos ilegales.
Del freno judicial a la comprobación de los datos
El análisis fue posible porque el juez federal James Boasberg obligó al Gobierno a entregar la lista a los demandantes. Hasta entonces, la Administración había empleado esos datos para presionar a California, pero se había opuesto a que organizaciones externas pudieran revisarlos.
La decisión muestra la importancia de la oposición democrática en sentido amplio. No fue el Partido Demócrata quien hizo la comprobación, sino una organización de inmigrantes y un proyecto universitario que consiguieron acceso a los datos mediante los tribunales.
La Administración rechazó el estudio. El fiscal federal Bill Essayli lo calificó de fraudulento y presentó a CHIRLA como un grupo activista. El Departamento de Justicia insistió en que cualquier voto ilegal perjudica a un ciudadano. Sin embargo, no ofreció una respuesta metodológica detallada que explicase las discrepancias descubiertas.
El Gobierno tampoco ha abandonado la vía judicial. El fiscal general adjunto en funciones, Trent McCotter, indicó que probablemente solicitará la intervención del Tribunal Supremo antes de las elecciones.
Un Gobierno republicano también marca límites
Alaska ofrece un segundo ejemplo de resistencia institucional. El Gobierno estatal, controlado por republicanos, investiga la posible participación de operativos demócratas en la candidatura de un aspirante que comparte nombre con el senador republicano Dan Sullivan. Al mismo tiempo, rechaza que el Ejecutivo federal pueda utilizar esa controversia para condicionar el recuento o impedir la certificación de una eventual victoria demócrata.
Los abogados del estado han pedido el archivo definitivo de la demanda federal. También consideran imposible separar las papeletas que incluyan al segundo Sullivan sin comprometer el secreto del voto. La papeleta identifica al senador como republicano y titular del cargo, mientras presenta al otro candidato como Daniel J. Sullivan Jr.
Esta posición no convierte al Gobierno de Alaska en aliado del Partido Demócrata. El estado investiga una posible maniobra partidista, pero defiende simultáneamente su competencia constitucional para organizar las elecciones. Esa distinción ilustra cómo los límites a la Administración Trump están surgiendo también desde instituciones republicanas.
La ventaja demócrata se mantiene
La demoscopia final apunta, mientras tanto, hacia un voto de castigo. Los estudios nacionales de Reuters/Ipsos y Emerson College Polling conceden a los candidatos demócratas ventajas respectivas de nueve y diez puntos entre los votantes probables. Un sondeo publicado el 31 de octubre por Big Data Poll amplía la diferencia hasta algo más de doce puntos.
Las encuestas coinciden además en el desgaste presidencial y en la mayor movilización demócrata. Reuters/Ipsos sitúa la aprobación general de Trump en el 32 por ciento y reduce al 20 por ciento el respaldo a su gestión del coste de vida. Emerson encuentra una diferencia de doce puntos entre demócratas y republicanos que se declaran muy motivados para votar.
El voto genérico nacional no permite calcular directamente el reparto de escaños. La distribución territorial, los distritos electorales y la participación efectiva pueden producir un resultado distinto. Sí indica que la oposición social a Trump está ofreciendo al Partido Demócrata una oportunidad considerable para recuperar capacidad de control sobre el Ejecutivo.
La novedad política de la jornada no consiste únicamente en que los tribunales hayan frenado la intervención federal. Consiste en que ese control judicial ha abierto los datos al escrutinio y ha permitido comprobar la debilidad de parte de la evidencia gubernamental.
La crónica completa, con los resultados de la revisión, las cautelas metodológicas y el conflicto institucional de Alaska, puede leerse en Aquí Madrid: «Elecciones en EEUU: el Gobierno no consigue probar el voto no ciudadano».
