Las tensiones derivadas del inicio de la unificación monetaria, el peor momento de la pandemia de covid y un posible mejoramiento de las relaciones con Estados Unidos marcan para Cuba el inicio de otro año signado por múltiples desafíos, informa Luis Brizuela (IPS) desde La Habana.
Se han acumulado problemas que debieron abordarse antes. Toca al gobierno actuar con sabiduría para responder a las muchas demandas e insatisfacciones en la población y evitar que la situación empeore, comentó a IPS vía electrónica Ana Rosa Laffita, una socióloga residente en la ciudad de Holguín, a 685 kilómetros al este de La Habana.
El ordenamiento monetario y cambiario desde el 1 de enero destapó preocupaciones sobre un proceso pautado hace una década y cuya arrancada, consideran economistas, se dilató demasiado.
Conocido como Tarea Ordenamiento, el proceso cerró veintisiete años de convivencia con dos monedas, primero el dólar y luego el peso cubano convertible, y dejó en circulación solo al peso cubano (CUP), con un valor de 24 unidades por dólar.
La medida se completó con un salario mínimo mensual de 200 pesos (87,5 dólares).
El reordenamiento incluye la devaluación del CUP, incremento de los precios mayoristas y minoristas, eliminación de un conjunto de subsidios y aumento de salarios y pensiones, con arriesgados impactos en las empresas estatales, las cooperativas, el sector privado y la ciudadanía.
Entre los temas más controvertidos se encuentra la subida de precios de productos y servicios de tres a cinco veces como promedio, lo cual anula el incremento del poder adquisitivo real por la elevación de los salarios y pensiones, según comentarios de ciudadanos recogidos por IPS en redes sociales y espacios públicos.
Como respuesta, las autoridades modificaron ligeramente algunas tarifas y se han comprometido a revisar aquellas que siguen causando polémicas, mientras reiteran que no se aplicarán terapias de choque y nadie quedará desamparado.
Reconocen asimismo que el reordenamiento monetario no resolverá de inmediato las distorsiones de una economía altamente centralizada que ha limitado la autonomía de las empresas, si bien en los últimos meses adoptaron decisiones para ampliar las facultades de las entidades y descentralizar decisiones.
Expertos consultados por IPS argumentaron que se trata de un proceso en extremo complejo y difícil de asimilar por la población, tras meses de sostenidas carencias, incertidumbres y desafíos personales.
Ocurre a la par del azote del coronavirus, por lo cual, advierten, resulta indispensable minimizar disgustos sociales debido a los efectos colaterales.
Tras la reapertura de fronteras en noviembre y la llegada de viajeros por las fiestas de fin de año, aumentó exponencialmente el número de personas positivas a la COVID-19, con récords de 550 contagiados en un día en la jornada del 13 de enero.
Hasta la fecha el país acumula 16 044 contagios casi cuatro mil en los últimos trece días, y 158 fallecidos, desde que el 11 de marzo del año pasado fueron anunciados los primeros tres casos en Cuba.
Aunque la industria biofarmecéutica cubana dispone de cuatro posibles vacunas contra el virus del Sars Cov-2, causante de la enfermedad, que transitan por distintos estadios de desarrollo y ensayos clínicos, la inmunización masiva de la población distará aún varios meses, refieren investigadores.
En consecuencia, las autoridades sanitarias fortalecen los protocolos y readoptan medidas de aislamiento en varias de las quince provincias y 168 municipios cubanos, además de limitarse los vuelos internacionales, pese al impacto para el comercio y el presupuesto estatal.
Enfrentar la Covid ha costado a este país insular caribeño más de cien millones de dólares por encima de lo planificado, según pronunciamientos oficiales.
Durante el 2020 el producto interno bruto (PIB) se contrajo once por ciento, debido fundamentalmente al impacto de la covid, aunque estimaciones para este año vaticinan un avance positivo en este indicador de seis a siete por ciento.
La economía cubana confronta problemas de liquidez, y se ve imposibilitada de acceder a créditos de organismos financieros internacionales debido al embargo que Washington mantiene desde 1962, que entre otros obstáculos, entorpece las operaciones financieras.
La Habana se vio obligada a pedir a sus acreedores oficiales del Club de París una moratoria de un año para el pago de los intereses de la deuda, mientras las principales fuentes de ingresos: el turismo, la recepción de remesas y la prestación de servicios profesionales en el exterior han sido golpeados por la pandemia, de acuerdo con informes.
Intensas lluvias en meses recientes y escasez de fertilizantes inciden en bajos rendimientos agrícolas y pobres cosechas, y directivos del Ministerio de la Agricultura reconocen que la situación se mantendrá este año, lo cual supone malas noticias para un país importador de 80 por ciento de sus alimentos.
Ante tal panorama especialistas sugieren que se acepte cuanto antes la inversión de nacionales en sectores de la economía doméstica, además de la autorizada inversión extranjera, y acabar de abrir paso a las pequeñas y medianas empresas (pymes), como una posible solución que dinamice la producción nacional y estimule el mercado interno.
Si el sector estatal no se encuentra en condiciones de garantizar los empleos que se requieren, es hora de tomar nuevas acciones como institucionalizar las pymes, a fin de que estas generen nuevos puestos de trabajo, manifestó en diálogo con IPS una profesora de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, quien solicitó reservar su nombre.
Al respecto, el economista cubano Pedro Monreal ha analizado que el sector privado cubano pudiera generar unos cien mil empleos en un año si se legalizaran las pymes.
Se estima que un porcentaje significativo de empresas estatales resultarán insolventes y quebrarán como consecuencia del ordenamiento monetario, ante lo cual un número significativo de trabajadores tendrían en el sector cooperativo y privado una posibilidad de empleo.
Estadísticas oficiales muestran que más de seiscientas mil personas están registradas como trabajadores autónomos, equivalente a trece por ciento de la fuerza laboral del país.
En este panorama, el 11 de enero la administración saliente de Donald Trump, en vísperas de abandonar la Casa Blanca el día 20, designó a Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo.
La isla caribeña fue excluida de dicho listado en 2015 por la administración del expresidente Barack Obama (2009-2017), durante el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas anunciado a fines del año anterior.
En términos prácticos, más allá de nuevas prohibiciones para las exportaciones y ventas al país caribeño, la medida busca entorpecer el mejoramiento del clima bilateral previsto por el presidente electo Joe Biden, cuya administración requerirá largas deliberaciones legales para anular la decisión, indican analistas.
Biden, vicepresidente de la administración Obama, prometió cambiar la política hacia Cuba y respaldar medidas como el reinicio de vuelos comerciales directos y el envío de remesas a la isla, decisiones beneficiosas en el contexto del reordenamiento monetario.
Las reformas del modelo económico de desarrollo socialista, iniciadas en 2011 con los llamados Lineamientos, pudieran cobrar un nuevo impulso durante el octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), el único legal aquí y considerado constitucionalmente vanguardia organizada de la nación cubana.
La cita, calificada como la de la continuidad histórica, se prevé del 16 al 19 de abril.
En esa reunión, el presidente Miguel Díaz-Canel debe ser electo primer secretario del PCC, tras el anunciado retiro del actual líder de la organización Raúl Castro y de otros integrantes de la generación que inició la revolución de 1959.
