En las zonas más pobres del Estado de Guerrero, al norte de México, las niñas son vendidas de forma habitual porque los padres lo consideran «usos y costumbres» y una fuente de ingresos, porque pueden obtener hasta doscientos mil pesos (unos 8254 euros).
Sucede desde hace demasiados años. En la denominada Montaña de Guerrero, en cuanto las niñas rondan los doce años ya son «vendibles». Quienes las compran (porque es ese el término correcto) las pueden convertir en sus esposas o, simplemente, son utilizadas como esclavas para la casa o el campo.
Lógicamente, no se puede hablar de una cifra concreta, ni aproximada, porque las autoridades no tienen interés alguno en controlarlo. Se cree que puede haber hasta trescientas mil criaturas cuyos padres las vendieron al mejor postor.
El centro de derechos humanos de La Montaña Tlachinollan lo ha denunciado recientemente con el fin de que tanto el gobierno estatal como el federal tomen cartas en el asunto y prohíban totalmente estas transacciones.
Cuentan que, en las comunidades indígenas, la maternidad llega a muy temprana edad, no por decisión propia sino por la costumbre añeja de los padres que logran concertar las alianzas de sus hijos con las hijas. Normalmente hay pago de la dote, que en un principio se le conocía como el ritual de petición de la novia. Con el tiempo esta práctica se ha perdido y mercantilizado.
La gravedad de estos acuerdos es que no permiten que las mujeres decidan, sobre todo, porque lo hacen antes de que cumplan los dieciocho años. No hay forma de revertir la decisión paterna. Las mamás y las abuelas se supeditan a lo que determinan los padres. Las hijas no tienen voz ni voto, simplemente tienen que acatar el acuerdo de los mayores.
Los hombres mandan, ellas obedecen
Esta situación reproduce un sistema de dominación regido por los hombres que impiden que las mujeres mayores salgan en defensa de sus hijas o nietas. Los matrimonios se conciertan de los doce años en adelante.
A veces hay dificultades entre los padres de la novia y del novio. Las razones son diversas: el padre no ve con agrado al futuro esposo de su hija, ya sea por su comportamiento, por la forma de ser de su familia o porque no llegan al acuerdo sobre el pago de la dote.
En algunas comunidades acuden a los «sabios», que son especialistas para pedir la novia. Cuando se logra la concertación, vienen los preparativos de la boda, cuyos gastos corresponden a la familia del novio.
Regularmente la nueva esposa se va a vivir a la casa de los suegros, donde se transforma en la criada de la familia del esposo. Tiene que levantarse temprano para preparar la comida que se llevará el marido al campo y, cuando es temporada de siembra, debe levantarse a las tres de la mañana, pues una vez preparado los tacos tiene que ir al campo.
Es muy común que en todos estos menesteres la esposa cargue con el niño o la niña más pequeña sobre su espalda. Solo así puede avanzar en su trabajo y al mismo tiempo cuidar a su bebé. Carga con el almuerzo y con su hijo o hija para ir a la parcela donde siembran. Caminan descalzas una o dos horas en terrenos agrestes. Se las ingenian para servir el almuerzo y atender a su pequeño. Por parte del esposo no hay un detalle o una expresión de agradecimiento por el almuerzo que preparó su esposa, más bien, puede haber algún reclamo o regaño si algo no le gustó.
A pesar de que terminan rendidas por la jornada larga, están pendientes de sus pequeños hijos hasta que se duermen. Cuando enferman, la situación se complica, porque tienen que improvisar algún remedio casero en condiciones sumamente precarias. Son las abuelas las que auxilian a las mamás, para sobrellevar estas penas de los males físicos.
Parecería que esta cotidianidad, tan pesada por la carga de trabajo, sería lo que más afecta a las esposas o madres que cargan con el yugo del esposo y su familia. Pero la realidad es aún más trágica por la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres. El sometimiento comunitario que persiste por parte de los hombres, quienes ejercen la autoridad en la casa y en las comisarías, se manifiesta con golpes, lesiones y asesinatos.
Cuando hay problemas como pareja y llevan su caso ante la autoridad, lo normal es que se le dé la razón al esposo. No hay mujer alguna que la defienda, porque son espacios propios que se han adjudicado los hombres. Si hay un señalamiento del hombre y su familia de que la esposa no está cumpliendo con los deberes de la casa, se le reprende y se le encarcela. Citan a sus padres y les llaman la atención porque no enseñaron a su hija a trabajar como es costumbre que lo hagan las mujeres. El mismo papá, en lugar de salir en defensa de su hija, la reprende públicamente, porque según su visión, «le hace quedar mal». Con estas actuaciones la violencia se comunitariza contra las mujeres, que carecen de recurso alguno para ser escuchadas y defender sus derechos.
A pesar de tanta infamia, algunas se han armado de valor y se han atrevido a denunciar a sus esposos. Por desgracia, las autoridades encargadas de investigar los delitos están muy lejos de desempeñar sus funciones. Han aprendido a maltratar a la gente, a sobrellevar los asuntos y atender a quienes ofrecen dinero. La misma unidad de investigación de la fiscalía especializada en delitos sexuales y violencia familiar protege a los agresores y se encarga más bien de obstaculizar las investigaciones, o de persuadir a las víctimas para que negocien con sus victimarios. No hay forma de romper con este sistema de justicia patriarcal que se ha empeñado en difamar a las mujeres y de hacer escarnio público de la violencia que padecen.
Prende la indignación
Gran número de organizaciones de la sociedad civil, han levantado la voz para denunciar estas transacciones de niñas mediante el envío de una carta abierta a diferentes representantes del Gobierno del país: a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; al subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rabindranath Salazar; al procurador federal de Protección de niñas, niños y Adolescentes, Oliver Castañeda; al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y a los candidatos que se presentan a las inminentes elecciones de este Estado.
Afirman que «esta práctica intolerable constituye una gravísima violación a los derechos humanos de la niñas que lo sufren, en contra de la más elemental de las condiciones de vida que es el derecho a la libertad y a la autodeterminación, a la integridad física y al desarrollo armónico de sus potencialidades desde el principio, con el agravante de sus implicaciones como trata, violencia sexual y atentado al derecho a la salud, y diametralmente contrario al principio de interés superior de la niñez, mandatado en la Constitución y en las convenciones internacionales de las que México hace parte».
Dicen entender que el problema es complejo y que, ´por lo tanto, requiere de un enfoque transversal a los órdenes del gobierno y a los tres poderes; un esfuerzo multisectorial en los trabajos a coordinar y, por supuesto, una visión de derechos también sensible al contexto cultural y respetuosa de la auténtica determinación de pueblos y comunidades indígenas. Como lo muestra la evidencia, aseguran, «no es un tema de usos y costumbres, como se suele presentar, sino arreglos de violencia adulta tolerados y propiciados por la complicidad de autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales».
El estado de Guerrero ocupa el segundo lugar en embarazos de adolescentes. En la entidad ocurren dos de cada diez nacimientos de bebés cuyas madres eran menores de diecinueve años. Guerrero, junto con Chihuahua, comparte el mayor porcentaje de embarazo adolescente en el país.
Los diputados también lo denuncian:
