El 6 de junio de 2021 se van a renovar más de 19.000 cargos en todo México, y la CIDH informa de que, desde el inicio del proceso preelectoral, en septiembre de 2020, y hasta el 26 de mayo de 2021, al menos 88 candidatos han fallecido como consecuencia de la violencia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informa de que, en el marco de las inminentes elecciones de este mes de junio de 2021 en México, precandidatos y candidatos están necesitando que el Estado garantice la protección de quienes concurren a las elecciones.
Según el Instituto Nacional Electoral (INE), el próximo 6 de junio se van a renovar más de 19.000 cargos del ámbito federal, estatal y municipal. Serán elegidos en los comicios más grandes de la historia de México, que incluyen la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como la elección de diversos cargos estatales y municipales de las 32 entidades federativas.
Desde el inicio del proceso preelectoral, en septiembre de 2020 y hasta el 26 de mayo de 2021, al menos 88 actores políticos habrían sido fallecido como consecuencia de la violencia, de los cuales 34 eran personas precandidatas y candidatas
Casi cuatrocientas denuncias de agresiones
A partir de información pública y datos oficiales, la Comisión ha observado que, entre el 4 de marzo y 21 de mayo de 2021, el Mecanismo de Protección a Candidatos ha registrado 398 denuncias de amenazas o agresiones (226 hombres y 172 mujeres), incluyendo trece asesinatos.
Las agresiones se habrían presentado a través de amenazas telefónicas y redes sociales, en los que se conmina a las personas a renunciar a sus candidaturas bajo el riesgo de afectaciones a su vida e integridad o a la de sus familiares, así como secuestros. Asimismo, se han denunciado actos de intimidación, malos tratos físicos y verbales, así como actos disruptivos con el objetivo de interrumpir reuniones proselitistas en lugares públicos.
Por otra parte, la Comisión observa que el INE ha registrado 54 quejas relacionadas con casos de violencia política contra mujeres por razones de género, particularmente en el ámbito municipal.
La CIDH también observa la existencia de denuncias por presunta usurpación de candidaturas reservadas a personas indígenas y afromexicanas que habrían sido ocupadas por personas que no pertenecen a dichos grupos étnicos y raciales.
Por su parte, el Estado señaló que, por medio del Mecanismo de Protección a Candidatos, se han otorgado medidas a 65 candidatos, 40 de ellos cuentan con la protección de policías estatales, 17 de la Guardia Nacional y ocho de otras autoridades. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que existe instrucción del titular del Ejecutivo de proteger a los candidatos que se encuentran amenazados por el crimen organizado o por el crimen de cuello blanco, sin importar del partido que sean.
Igualdad y no discriminación
Los órganos del sistema interamericano han puntualizado la obligación de garantizar la plena igualdad y no discriminación respecto de grupos en situación de vulnerabilidad en contextos electorales.
En el caso de los pueblos indígenas, el sistema interamericano ha reconocido su derecho a la participación política plena y efectiva, a través de sus representantes elegidos.
Adicionalmente, la Convención Belem do Pará reconoce que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de sus derechos, entre ellos, sus derechos políticos. Por lo tanto, la CIDH reitera al Estado su deber de prevenir, sancionar y erradicar la discriminación, la violencia y el acoso políticos en contra de las mujeres en el marco de procesos electorales.
En este sentido, la CIDH manifiesta su rechazo por estos hechos de violencia, y llama al Estado mexicano a continuar garantizando, a través de su Mecanismo de Protección de Candidatos y otros medios pertinentes, las medidas de protección y seguridad para asegurar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la seguridad de las personas candidatas a elección de cargos de los distintos órdenes de gobierno y otros actores políticos, sin distinción alguna, con miras a asegurar que los derechos a elegir y ser elegido puedan ser ejercidos libres de violencia.
Asimismo, la Comisión llama al Estado a iniciar las investigaciones, y continuar las que ya están en curso, de modo diligente sobre todos los hechos de violencia reportados.
