Los diversos tipos de familias en Cuba encuentran asidero legal, así como garantías para los derechos de sus integrantes, en el anteproyecto de ley que tras un proceso de consulta ciudadana culminará en 2022 con un plebiscito, informa Luis Brizuela (IPS) desde La Habana.
El borrador del nuevo Código de las Familias, publicado el miércoles 15 de septiembre, fija pautas sobre asuntos complejos y sensibles para la sociedad como la igualdad de género, el derecho a una vida familiar sin violencias, el matrimonio y la unión de hecho, la maternidad y paternidad responsable, así como los cuidados.
Contempla vías para la solución armónica de conflictos, incluidos aquellos transnacionales resultados de las migraciones o de las relaciones entre personas cubanas y extranjeras, al tiempo que refuerza garantías para personas en situación de desventaja o vulnerabilidad en el espacio familiar.
En el caso de niñas, niños y adolescentes defiende el derecho a su identidad y condición específica como persona en desarrollo; a ser protegidos contra perjuicios, abusos, negligencias o explotación; y a crecer en ambientes físicos o entornos digitales libres de cualquier manifestación de la violencia, incluido el acoso sexual.
La norma «recoge y actualiza todas las instituciones en el marco del derecho familiar… Cuando la población la estudie verá que es oportuna, necesaria, incluyente, para todos», sostuvo el ministro de Justicia, Oscar Silvera, al presentar detalles del texto ante los medios de comunicación.
Además de una intencionada campaña comunicativa para resaltar sus valores y principios, según autoridades, el texto de 483 artículos conllevará en lo inmediato consultas especializadas entre las instituciones del sector jurídico y del Estado, y un primer acercamiento de la ciudadanía que podrá opinar mediante vías institucionales.
Para diciembre, y a partir de dichos criterios, la Asamblea Nacional del Poder Popular, el parlamento unicameral, prevé aprobar un nuevo anteproyecto y decidirá sobre el periodo de debate público por los 11,2 millones de habitantes en este país insular caribeño.
Corresponderá al Consejo Electoral Nacional determinar la fecha del referendo. De acuerdo con Silvera, dichos procesos transcurrirán el próximo año.
La Constitución vigente desde 2019 dispuso que el Código de las Familias, con rango de ley, fuera sometida a consulta popular y referendo, similar a como ocurrió en 1975 con la norma que buscará sustituir.
Tal decisión ha sido cuestionada por personas de la comunidad LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bi, trans e interesexuales y queer), quienes argumentan que «los derechos no se plebiscitan».
Silvera defendió que «no estamos plebiscitando los derechos de un grupo», y que por la importancia y trascendencia «cumplimos con una irrenunciable tradición jurídica de conocer y tomar en cuenta el criterio de nuestro pueblo para hacer una norma de más calidad, inclusiva y robusta».
Para Ana María Álvarez-Tabío, «se imponen múltiples retos ante la necesidad de actualizar y perfeccionar las instituciones dedicadas a la protección de las familias en conexión con la realidad que está llamada a proteger».
La profesora, titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, aclaró a IPS que «no se trata de restar derechos de los ya conquistados por las tradicionales maneras de organizar las familias, sino de sumar aquellas que hasta ahora han navegado en el limbo jurídico, huérfanas de una protección consciente».
Álvarez-Tabío integra la comisión de 31 expertos de instituciones estatales y civiles que desde marzo han redactado la norma, si bien la actualización del Código es deudora de tres décadas de estudios científicos y trabajo sobre estos temas de entidades, académicos, activistas e intelectuales.
La Constitución dedica un capítulo a las familias donde refrenda que toda persona tiene derecho a fundar una y que el Estado las reconoce y protege «cualquiera sea su forma de organización, como célula fundamental de la sociedad», con igual amparo ante la Ley.
Nuevas configuraciones familiares
Especialistas consultados por IPS explicaron que además de los modelos tradicionales (madre, padre y descendencia), en la isla coexisten y ganan espacios nuevas y más flexibles configuraciones familiares.
Mencionaron como ejemplos parejas solas, con una de las figuras parentales y su descendencia o parte de ella, familias ensambladas o reconstituidas, en patrón de diversidad sexual, en situación de vulnerabilidad o con alguno o varios miembros residentes en el extranjero, entre otras.
En la actualidad 46 por ciento de los hogares cubanos tienen una jefatura femenina, y muchos están compuestos por mujeres solas, incluidas adultas mayores y madres jóvenes solteras.
De acuerdo con la socióloga Reina Fleitas, dos enfoques son transversales a lo largo del Código.
«El primero es la equidad de género, que además del respeto a los derechos de las mujeres en sus múltiples roles familiares y oportunidades para su desarrollo, proporcione herramientas que contribuyan a cambiar el tipo de masculinidad hegemónica que persiste en las relaciones familiares», explicó Fleitas a IPS.
El otro es «un enfoque más humano hacia la edad y las relaciones generacionales que definen a las familias… considerar a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, y ofrecer un trato justo a las personas adultas mayores», explicó esta profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana.
La Encuesta Nacional de Género, publicada en 2018, mostró que las mujeres dedican catorce horas semanales más que los hombres a las labores domésticas y de cuidado de niñas, niños, ancianos y enfermos.
El nuevo Código defiende «el derecho de las mujeres a un uso de tiempo equilibrado que le permita cumplir con sus responsabilidades y desarrollarse integralmente sin sobrecargas domésticas y de cuidado».
Otras estadísticas confirman el acelerado envejecimiento poblacional en la isla, donde la proporción de personas con sesenta años o más podría pasar de 21,3 por ciento actual a casi 40 por ciento en 2050, un desafío para una nación con bajos niveles de crecimiento económico y saldo migratorio negativo.
Muchos ancianos quedan solos cuando los hijos parten al exterior temporal o definitivamente, o asumen la crianza de los nietos.
Al respecto, la norma valoriza el papel de abuelas y abuelos en la formación de las nuevas generaciones, y les aporta garantías jurídicas para dirimir situaciones relacionadas con la guarda y cuidado de menores, pero también recibir atención.
Rosa Campoalegre, coordinadora del Grupo de Estudios de Familia del no gubernamental Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, en La Habana, aprecia como elemento esencial que el Código vea «los cuidados con un enfoque relacional y de interdependencia».
Campoalegre recordó a IPS que «todas y todos necesitamos cuidados, en tanto derecho universal», pero debe asegurarse «el derecho a decidir dónde, cuándo y en qué condiciones se hace», lo cual lleva a valorar además «el papel de la comunidad cuidadora, la de los afectos».
Familias diversas
La propuesta de Código marca también un hito al conceptualizar el matrimonio como la unión voluntariamente concertada entre dos personas, y elevar a dieciocho años la edad para formalizarlo, salvo autorizaciones judiciales excepcionales.
El texto ampara el derecho de las personas al desarrollo pleno de la salud sexual y reproductiva en el entorno familiar independientemente de su edad, género o discapacidad.
Tal mandato es coherente con los principios de igualdad, no discriminación y de respeto a la dignidad humana, explícitos en el texto constitucional.
«Aspiramos a que el Código de las Familias incluya asuntos como el matrimonio igualitario, la posibilidad de adopción para parejas homoparentales y la reproducción asistida», indicó el activista Yoelkis Torres al conversar con IPS.
En la ciudad de Matanzas, 87 kilómetros al este de La Habana, Torres lidera el proyecto sociocultural y comunitario AfroAtenas, que junto con otras plataformas civiles impulsan en el espacio físico y digital iniciativas de educación y sensibilización ciudadana al respecto.
En meses recientes, mediante declaraciones públicas, denominaciones religiosas en la isla reafirmaron su rechazo al matrimonio igualitario, así como a que se impartan en el sistema de enseñanza público y laico contenidos relacionados con una educación integral de la sexualidad en niñas, niños y adolescentes.
Entre múltiples expectativas, quizás una fundamental «es hacer posible que el derecho de familia sea una herramienta para construir unas relaciones familiares donde todos sus miembros logren desarrollar su potencial humano», subrayó Fleitas.
