«Hemos tenido la dicha de vivir junto al río, que ha corrido siempre. Beneficia a muchísima gente, en la cuenca, vive un millón de personas», enfatizó el mexicano Alejandro Gallardo a Emilio Godoy (IPS).
El activista, miembro del colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres (Pucarl), aludió al río Antigua, que pasa por el municipio de Jalcomulco, en el oriental estado de Veracruz y a unos 330 kilómetros de Ciudad de México.
Ese afluente y el vecino Actopan, que pertenecen a la cuenca hidrográfica Papaloapan, han sido motivo de disputa desde 2014, por medidas administrativas de la gubernamental Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del diseño de una central hidroeléctrica y varias minihidroeléctricas.
En 2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) eliminó las vedas de explotación hídrica en 295 cuencas hidrográficas mediante diez decretos que abrían la entrega de concesiones a particulares y creaba caudales de reserva del líquido.
La veda es una figura vigente en México desde 1992 y mediante la cual se rechazan aprovechamientos de agua adicionales a los existentes, por el deterioro del recurso, por la afectación a la sostenibilidad hidrológica o daño a cuerpos de agua.
Las reservas de caudal, en cambio, solo establecen áreas específicas donde se fijan limitaciones a la explotación de agua disponible, para implantar un programa de conservación, entre otros motivos.
«Veníamos bajo la veda desde hace muchos años y la situación había estado tranquila, no habíamos vislumbrado la importancia de esta figura jurídica. Cuando aparece el decreto, nos enteramos de los alcances e intención. Querían apropiarse del recurso, pues planeaban varias hidroeléctricas», recordó Gallardo.
Si bien una reserva de 30 por ciento del caudal parecía adecuada, «en el contexto de todas las amenazas, nos pareció una trampa», aseguró el ambientalista, cuya agrupación reúne a residentes de 43 comunidades de doce municipios de la cuenca del río.
Por ello, en julio de 2018 un grupo de habitantes y usuarios del río presentó un recurso de amparo en contra de la medida y en octubre siguiente, un tribunal federal suspendió el decreto con el argumento de falta de garantía de derechos de acceso a la información pública y a la participación en toma de decisiones ambientales.
En Jalcomulco, de unos cinco mil habitantes y cuyas principales actividades consisten en el ecoturismo, la agricultura y la pesca, el agua proviene de manantiales y pozos.
Esquemas como vedas y reservas hídricas constituyen asuntos debatidos en este país latinoamericano de 130 millones de habitantes, cuyos recursos de agua se enfrentan a los efectos de la crisis climática, como sequías prolongadas y tormentas poderosas, acaparamiento y contaminación.
De las 757 cuencas hidrográficas que posee este país latinoamericano, casi trescientas tienen vedas.
La instauración de caudales de reserva comenzó en 2014 en el río San Pedro Mezquital, integrado por once cuencas.
Se trata de una figura promovida por Conagua, la gubernamental Comisión Nacional de Áreas Protegidas, los no gubernamentales Fondo Mundial para la Naturaleza México y Fundación Gonzalo Río Arronte, así como el Banco Interamericano de Desarrollo.
De los 653 acuíferos nacionales, las formaciones subterráneas de agua, 108 están sobreexplotados, 32 tienen suelos salinos o agua salobre y dieciocho sufren intrusión de agua salada marina, por la subida del nivel del mar y su infiltración en los mantos freáticos, según datos de Conagua.
El oficial Monitor de sequía de mayo indicó que más de 80 por ciento del territorio mexicano padece algún grado de falta de lluvia que impacta la agricultura, la ganadería y la disponibilidad de líquido para centros urbanos.
México presenta un riesgo de estrés hídrico alto, solo superado en América Latina por Chile, según la plataforma Aqueduct, elaborada por la Alianza Aqueduct, formada por gobiernos, empresas y fundaciones.
Unos diez millones de personas carecen de agua en sus hogares en México.
Base insuficiente
Para Jürgen Hoth, miembro de la no gubernamental Fundación Biósfera del Anáhuac, el análisis de las vedas requiere la evaluación de cada caso, como el del norteño estado de Chihuahua, por ejemplo.
Allí «no funcionan. Ha habido varios problemas gigantescos, porque en zonas de veda se obtienen permisos y así se hacen más pozos de los permitidos. Ha sido un problema creciente en la región. Es posible que ese modelo se repita en otras zonas de veda», aseguró a IPS.
El experto citó aspectos importantes, como el conocimiento real de la cantidad de agua del acuífero, los volúmenes de extracción, la calidad de agua e investigación sobre el contexto social.
En Chihuahua, al menos 16 de 61 acuíferos carecen de disponibilidad de agua, por la sobreexplotación. En ese estado, Conagua, que asegura que por ley debe entregar permisos a quien los solicite, ha dado 10.728 licencias de aguas superficiales y 22.383 de subterráneas para usos agrícolas, pecuarios, industriales y urbanos.
Prohibiciones en Chihuahua
En Veracruz, el organismo ha dado 8285 concesiones de agua superficial y 12.939 de subterránea.
Desde hace semanas, el norteño estado de Nuevo León sufre una crisis hídrica, marcada por el racionamiento, a pesar de que en su capital, Monterrey, y el cercano municipio de Galeana funcionan vedas desde los años cincuenta del siglo pasado.
Para Xavier Martínez, director operativo del no gubernamental Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), que asesoró la lucha legal de los defensores del río Antigua, la longevidad de las vedas revela el rumbo de las políticas hídricas.
«Lo que hemos visto es una política donde Conagua realizó pocas acciones. Hay poco monitoreo de la cuenca, poca vigilancia, las vedas no han mejorado la recarga de acuíferos. No hay evaluación, hay una política desarticulada que no obedece a un esquema de sostenibilidad», cuestionó.
La regulación mexicana estipula el procedimiento para el cálculo del caudal ecológico en cuencas hidrográficas y que incluye indicadores como agua disponible, extracción hídrica y recarga.
El actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia en diciembre de 2018, rechaza las vedas y la creación de reservas. Pero ha hecho poco por revertirlas o establecer cambios en la protección del recurso hídrico.
En mayo, la administración federal anuló la eliminación de veda en una cuenca del sureño estado de Guerrero, zona clave de apoyo presidencial.
Además, en noviembre del año pasado las autoridades suprimieron una veda en el sureño territorio de Oaxaca, para que comunidades indígenas puedan decidir la gestión del agua.
Lejanía
El activista Gallardo, de Purcarl, consideró que el veto a la extracción no es la solución.
«Es muy importante que se tome en cuenta a los pueblos, hay que echar a andar comités locales de cuenca, que haya vigilancia y contraloría del agua. Ahora los pueblos nos preguntamos qué sigue, qué vamos a hacer para tener un río libre de megaproyectos y que no esté contaminado», señaló.
Algunas de esas medidas figuran en una iniciativa ciudadana de Ley de Aguas Nacionales basada en doce consensos, luego de siete años de foros y talleres.
Entre ellos: respetar el líquido de pueblos y comunidades; prohibir la entrega de agua para minería tóxica y fractura hidráulica (fracking); acabar con el acaparamiento de concesiones; evitar la privatización de servicios hídricos; garantizar pleno acceso a la información y recursos públicos suficientes para el ramo.
Desde 2012, México mantiene pendiente la aprobación de una nueva ley para materializar la reforma constitucional que ese año incorporó el derecho humano al agua.
Pero el debate duerme en los pasillos del legislativo Congreso de la Unión. Por ello, Cemda interpuso en septiembre pasado un amparo en su contra por el retraso en expedir una nueva Ley de Aguas Nacionales.
El experto Hoth planteó una política de largo plazo, basada en el conocimiento integral de las cuencas.
«No podemos hacer una administración si no tenemos claridad de objetivos de largo plazo y que las políticas sean congruentes con esos objetivos. Hemos creado condiciones para una catástrofe hídrica gigante, Estamos a tiempo para cuidar las fuentes del agua», sugirió.
Por su parte, Martínez, del Cemda, consideró que cualquier medida debe sujetarse a estándares de derechos humanos, como la generación de información, sostenibilidad y derecho de las comunidades a participar en la toma de decisiones.
Mientras las autoridades chapotean en la agitada marea de la política hídrica, la tormenta de un México sediento aumenta por el creciente déficit de agua.
