Las autoridades peruanas deben cesar de inmediato el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza contra la población civil, como primer paso que siente las bases de una salida a la actual crisis que enfrenta el país, sostiene Amnistía Internacional tras la muerte de dieciocho personas, incluyendo un policía en Juliaca, Puno.
Desde que iniciaron las protestas sociales en diferentes regiones del país el 7 de diciembre de 2022, al menos cuarenta personas, entre ellas menores de edad, han muerto, y decenas, entre civiles y policías, han resultado heridas, muchas de ellas por impacto de armas de fuego, en el contexto de la represión de manifestaciones
«El alto número de muertes y la gravedad de los hechos obligan a una rendición de cuentas de las autoridades hasta el máximo nivel. La Fiscalía Nacional debe investigar a todas aquellas personas que sean presuntamente responsables, no sólo directamente, sino también por ordenar o tolerar el uso excesivo de la fuerza y con ello las muertes arbitrarias y lesiones graves que se están dando en el contexto de las protestas», indica Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Para Amnistía, la declaratoria del estado de emergencia el 15 de diciembre no ha demostrado ser una respuesta adecuada a la crisis política y social que enfrenta el país. Por el contrario, Amnistía Internacional, así como otras organizaciones de la sociedad civil, señalan que las violaciones a los derechos humanos, entre las que se encuentran la privación de la vida por uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias, se han incrementado.
«Lamentamos profundamente la muerte de 18 personas en Juliaca desde ayer (10 de enero 2023). Es inaceptable la escalada de violencia que está sucediendo en Perú. La represión estatal en contra de manifestantes y la pérdida de vidas humanas está agudizando la crisis. Reiteramos nuestro llamado a las autoridades al respeto irrestricto de los derechos humanos. Las fuerzas del orden deben cumplir con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. El pueblo no debe de pagar el costo de la crisis política que está atravesando el país», dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
Amnistía Internacional exige al Estado peruano la investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial de las posibles violaciones de derechos humanos registradas desde el inicio de las protestas, que permita identificar, procesar y sancionar a quienes resulten responsables, incluyendo las líneas de mando de las fuerzas del orden hasta el máximo nivel.
Finalmente, Amnistía Internacional demanda a las autoridades que desplieguen todos los recursos disponibles para atender a las personas que han resultado heridas, garantizando su atención médica inmediata, y que se respete el paso de ambulancias y la labor de la misión sanitaria.
