En Perú se usó fuerza excesiva y desproporcionada al reprimir las protestas desde diciembre de 2022 que dejaron un saldo de más de sesenta muertos y centenares de heridos, según la declaración del relator de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica, Clément Nyaletsossi Voule, informa la IPS.
«El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza provocó la muerte y lesiones de manifestantes y transeúntes durante las protestas iniciadas en diciembre de 2022», dijo Voule al presentar en la ciudad suiza de Ginebra su declaración final al cabo de una visita oficial de diez días a Perú.
El gobierno peruano «tiene la obligación de garantizar que los responsables de violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones rindan cuentas de manera efectiva», agregó Voule, jurista togolés, quien actúa como experto independiente por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Recordó que el 7 de diciembre pasado el presidente de Perú, Pedro Castillo, fue destituido y detenido tras anunciar su decisión de cerrar el Congreso legislativo e instaurar un gobierno de excepción, por lo que fue acusado de tramar un golpe de Estado para evitar un juicio político por cargos de corrupción.
Depuesto Castillo, quien gobernaba desde julio de 2021, su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo.
Esos acontecimientos desataron en todo el país una ola de movilizaciones a las que se respondió con medidas de represión y uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, según Voule.
Más de sesenta personas murieron en enfrentamientos en los que también hubo cientos de heridos, incluyendo mujeres, niños, integrantes de comunidades indígenas y agentes policiales.
Además, la violencia, sobre todo en zonas deprimidas del sur del país, causó la destrucción de propiedades y alteró durante semanas la vida económica y social.
El informe de Voule coincide, entre otros informes, con los de organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW).
HRW declaró, tras una investigación sobre el terreno, que «las fuerzas de seguridad del Perú hicieron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza en Juliaca el 9 de enero de 2023, el día de represión más brutal de las protestas recientes. Murieron dieciocho manifestantes y transeúntes».
Juliaca es una ciudad del sureño departamento de Puno, una de las regiones donde fueron más fuertes y masivas las protestas por la destitución y detención de Castillo, exigiendo la renuncia de Boluarte y de los congresistas, y reclamando justicia por las muertes y lesiones sufridas durante las primeras manifestaciones.
Citando datos de la Defensoría del Pueblo, HRW dijo que entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 murieron al menos 49 manifestantes y un policía –en un incidente a tres kilómetros de Juliaca, precisó- y unas mil doscientas personas resultaron heridas.
Intervención de Amnistía Internacional
Por su parte AI, cuando se cumplieron cien días de las protestas, pidió a las autoridades «parar los ataques generalizados con marcado sesgo racista contra las personas que protestan en el país, en particular indígenas y campesinas».
«La represión sigue siendo la única estrategia para lidiar con las demandas de la gente. Las autoridades tienen la obligación de garantizar que quienes protestan no estén en riesgo de morir o ser gravemente heridos solo por expresar su descontento», apuntó Erika Guevara Rosas, responsable de AI para el hemisferio.
El Ministerio de Justicia replicó entonces con un comunicado en el que aseguró que «el gobierno es categórico al afirmar que en el Perú no existe una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos ni lo que han denominado un ‘racismo sistémico’ en el actuar de las distintas autoridades».
En su declaración en Ginebra, el relator especial de la ONU condenó todos los actos violentos y aseguró que para superar la crisis social e institucional que vive Perú es imprescindible que haya justicia, además de una reforma política.
«El gobierno debe acercarse a las víctimas de las recientes protestas y reconocer su sufrimiento. Tiene la obligación de garantizar que los responsables de violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones rindan cuentas de manera efectiva», insistió Voule.
Además «el Estado debe garantizar el acceso a la justicia, los recursos, la reparación y la indemnización a las víctimas, incluso asumiendo el costo del tratamiento médico de los heridos».
También denunció «la exclusión, el racismo y la discriminación que existen de manera muy arraigada en Perú, considerando que afectaron la respuesta gubernamental a las movilizaciones».
Consideró que las comunidades indígenas que protestaron fueron estigmatizadas, y llamó al gobierno a reconocer que se les reprimió de forma violenta y desproporcionada, junto con «abordar las causas históricas de fondo de las protestas, que reflejan una pérdida de confianza en el orden democrático y en las instituciones».
Finalmente, Voule rechazó la retórica hostil utilizada contra el movimiento de protesta, que ha etiquetado a los manifestantes como terroristas: «Dada la violenta historia del terrorismo en el Perú, esta acusación es peligrosa y traumática», aseveró.
A-E/HM
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