Garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva sin discriminación es una de las obligaciones permanentes de los Estados, sobre todo en las situaciones de emergencia y las crisis humanitarias, afirmaron expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas en un comunicado este lunes 25, informa la IPS desde Ginebra.
Los derechos de salud sexual y reproductiva, subrayaron, son interdependientes de otros derechos humanos, incluido el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a tortura, a la salud, a la privacidad, a la educación, a la igualdad sustantiva y a la prohibición de discriminación.
El texto de los expertos y relatores que trabajan bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue divulgado en vísperas de los días Mundial de la Anticoncepción e Internacional del Aborto Seguro, a celebrarse el 26 y 28 de septiembre, respectivamente.
Se trata del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, junto al relator sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng, y al experto en protección contra la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz.
Los expertos recordaron que los derechos sexuales y reproductivos también están directamente relacionados con el desarrollo equitativo y sostenible y con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por la comunidad internacional en 2015 en el marco de la ONU para mejorar las condiciones de la humanidad y el planeta hacia 2030.
Lamentaron que, pese a esto, dichas garantías se cuenten entre las más politizadas por los opositores a los derechos humanos.
Indicaron que mientras que en algunos países se ha despenalizado el aborto, en muchos otros los derechos de salud sexual y reproductiva se descuidan o corren el riesgo de retroceder, con consecuencias devastadoras para las mujeres y las niñas.
Los expertos alertaron de que en los escenarios de emergencia, de crisis humanitaria o de conflicto, se agudiza el riesgo de violaciones de los derechos de salud sexual y reproductiva, con las mujeres y las niñas especialmente vulnerables a sufrir daños graves.
Además, la comunidad LGBTIQA+, y los grupos étnicos y raciales marginados, los desplazados y los perseguidos políticos, padecen una mayor marginación durante las situaciones de crisis.
Por eso llamaron a los Estados a asignar recursos para el suministro sostenido y el acceso a métodos anticonceptivos modernos, incluida la anticoncepción de emergencia, y el acceso al aborto legal y seguro, regulando la objeción de conciencia.
«Las situaciones de crisis pueden estallar de forma inesperada y es importante que cada persona reciba educación sexual integral para poder tomar decisiones autónomas sobre su propio cuerpo en todo momento», apuntan en su texto.
Dada la importancia de que haya acceso a la información pertinente sobre los servicios de salud sexual y reproductiva, recomendaron valerse, entre otros medios, de las tecnologías digitales, aunque con salvaguardas sólidas de derechos humanos.
Asimismo abogaron por la promoción, protección y respeto a la salud sexual y reproductiva mediante políticas inclusivas y servicios sostenibles y bien financiados.
También destacaron que se requiere una gestión basada en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, y ajustada a los principios de no discriminación, igualdad, empoderamiento, participación y rendición de cuentas.
«Los esfuerzos políticamente motivados y basados en una ideología que hacen retroceder los derechos de las mujeres deben ser denunciados y derrotados colectivamente», enfatizaron.
Los expertos instaron a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, el sistema de la ONU y otros socios a atender a los grupos de población más vulnerable para ayudar a la construcción de sociedades más saludables y justas para todos.
Finalmente, reconocieron a los movimientos feministas que defienden los derechos humanos de las mujeres a la autonomía de su cuerpo, así como la igualdad de género para todos, y exhortaron apoyar su trabajo.
