El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el jueves 11 de abril 2024 por amplia mayoría la previsible «condena enérgica» a la violenta incursión policial que el gobierno de Ecuador ordenó contra la embajada de México en Quito para secuestrar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, informa Gustavo González (IPS) desde Santiago.
La resolución, que en su séptimo acápite exhortó al diálogo a ambos gobiernos para superar el conflicto «de manera constructiva», fue calificada por la revista digital quiteña La Palabra Abierta, como una muestra de la «diplomacia del colchón» (atenuar la caída del castigado) habitual de la OEA, en un momento en que numerosos hechos dan cuenta del quizás peor momento de las relaciones interamericanas.
Allá por 1954, en los actos cívicos del lunes en las escuelas públicas chilenas junto al himno nacional se solía cantar también a coro El himno de las Américas, cuya primera estrofa dice: «Un canto de amistad, / de buena vecindad, / unidos nos tendrá eternamente, / por nuestra libertad, por nuestra lealtad, / debemos vivir gloriosamente».
Mientras las infantiles voces cantaban con entusiasmo, en Guatemala el gobierno de los Estados Unidos organizaba el golpe que derrocó al presidente Jacobo Arbenz y en general en el hemisferio se multiplicaban las dictaduras militares que acompañaban a Washington en sus cruzadas anticomunistas bajo el sello de la Guerra Fría.
Pese a los avatares de las democracias latinoamericanas durante el siglo veinte, en las últimas décadas el continente americano pudo exhibir una «buena vecindad» con disputas menores entre Estados, resueltas por arbitrajes y negociaciones, en contraste con otras áreas del planeta escenarios de continuos conflictos armados.
Más polarización, menos libertades
Esa buena vecindad está haciendo agua por la esfera diplomática y contrariando el himno americano se expresa en atentados a las libertades, donde los derechos humanos retroceden paulatinamente, sofocados por gobiernos autoritarios, así sean emanados de las urnas, que atropellan el derecho internacional para subordinarlo a intereses internos o apuestas geopolíticas, en un cuadro de creciente polarización latinoamericana.
La violenta invasión policial a la embajada mexicana en Quito la noche del viernes 5 de abril 2024, con los vejámenes al encargado de negocios Roberto Canseco, fue el chaparrón que rebalsó el vaso.
El derecho de asilo, una de las instituciones más caras del derecho internacional, si bien registraba episodios anteriores de conflicto en la región, nunca había sido violentado de forma tan abierta.
El único voto en contra de la resolución de la OEA fue el de Ecuador, cuyo presidente, Daniel Noboa, mostró una singular disposición a normalizar las hoy rotas relaciones con México, manifestando que no revocará el secuestro del exvicepresidente Glas, porque «la justicia no se negocia».
La actitud desafiante del joven mandatario derechista fue calificada desde Bruselas por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) como una maniobra de política interna de cara al referéndum programado para el 21 de este mes, donde Noboa propone la militarización de la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo y amplía las atribuciones para tipificar y combatir actos de corrupción, entre otras materias.
Noboa parece encaminar a Ecuador a un símil de El Salvador de Nayib Bukele, sintomáticamente el único gobierno que se abstuvo en la votación del Consejo Permanente de la OEA y que, contrariamente al resto de los estados americanos, no condenó el atropello al derecho de asilo y la invasión policial de la embajada mexicana en Quito.
Bukele es la mayor expresión en América Latina del lawfare, un término anglosajón que tiene una imprecisa traducción al español como «guerra jurídica» y alude a persecuciones judiciales basadas en la imposición arbitraria de legislaciones a través de órganos legislativos y judiciales controlados por un gobierno de turno o, en menores casos, por su oposición política, generalmente de derecha.
El incremento del crimen organizado y el narcotráfico a manos de pandillas, carteles y mafias de expansión regional ha sido el argumento para imponer este tipo de legislaciones, que se traducen en un lawfare cuando sirven asimismo a los gobiernos para proscribir o defenestrar adversarios políticos con argumentos de defensa de la soberanía contra conspiraciones.
La invención de conflictos diplomáticos
José Antonio Kast, líder de la extrema derecha chilena, visitó el miércoles 10 la megacárcel de El Salvador, donde el régimen de Bukele mantiene en prisión a unos doce mil acusados de pertenecer a las maras o pandillas, la mayoría sin condenas judiciales. Kast se reunió con ministros salvadoreños y declaró que busca ideas para su programa de gobierno en temas de seguridad. Con similar propósito viajará ahora a la Hungría presidida por Víktor Orbán.
La admiración de la extrema derecha por Bukele conlleva una peligrosa relativización de los derechos humanos y un silencio cómplice ante la retórica desafiante del mandatario salvadoreño que, en nombre de la seguridad, cercena la libertad de prensa, proscribe opositores y rechaza informes de organizaciones humanitarias sobre los abusos carcelarios.
América Latina está viviendo una escalada de conflictos diplomáticos emanada de factores de política interna en algunos países. En el cuadro de polarización regional, estas situaciones se dan tanto en países que las categorizaciones tradicionales, a menudo discutibles, sitúan tanto a la izquierda como a la derecha.
En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha emitido en las últimas semanas notas de protesta contra la supuesta injerencia en sus asuntos internos de gobiernos y cancillerías que se pronunciaron contra la inhabilitación de candidaturas presidenciales opositoras de María Corina Machado y luego de Corina Yoris para las elecciones del 28 de julio, donde el actual mandatario, en el poder desde 2013, se postula a la reelección.
Los gobiernos del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y el chileno Gabriel Boric, que permanentemente han combatido las sanciones económicas de Estados Unidos contra Venezuela, reclamaron por la falta de garantías para estos comicios. Otro tanto hizo el expresidente uruguayo José Mujica. Todos gobernantes de izquierda, donde se alinea a Maduro.
El caso venezolano confronta a la diplomacia al repetido conflicto entre la no injerencia y la universalidad de los derechos humanos. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega también rechazó las protestas internacionales y ejerció el lawfare para inhabilitar y encarcelar a sus principales adversarios para las elecciones de noviembre de 2021, donde fue reelecto.
Mientras se ventilaba en la OEA el conflicto entre México y Ecuador, el canciller venezolano Yvan Gil abrió otro conflicto diplomático con Chile al asegurar que el Tren de Aragua, un cartel mafioso originario en el penal en el estado venezolano del mismo nombre, es una «invención mediática». Según Caracas, se busca criminalizar a la migración venezolana, que desde 2013 supera los siete millones de personas en todo el mundo, con alrededor de seiscientos mil en Chile.
En Ecuador y Perú se ha detectado asimismo presencia de esta organización mafiosa ligada al narcotráfico y en Chile su presencia se asocia a un incremento de la criminalidad. El gobierno de Boric calificó de «indignante» el negacionismo de Gil y llamó este jueves para consultas a su embajador en Caracas, Jaime Gazmuri.
El iracundo Javier Milei
Boric, habitualmente mesurado en sus manejos diplomáticos y que destaca por elevar su voz ante violaciones de derechos humanos por gobiernos de cualquier tendencia, tiene otro flanco reciente de conflictos con su vecino homólogo Javier Milei.
El gobernante argentino acaba de ofrecer el territorio austral de Ushuaia a Estados Unidos para la instalación de una base militar, argumentando que es un paso hacia la recuperación de las islas Malvinas y para fortalecer sus reclamos contra Chile sobre el territorio de la Antártida.
La cancillería chilena tuvo que aclararle a Milei que en virtud del Tratado Antártico Internacional de 1961 están congeladas todas las reclamaciones territoriales en ese continente.
Para muchos observadores, la idea de que Estados Unidos a cambio de una base naval vaya a apoyar a Argentina en su reclamación contra Gran Bretaña de soberanía sobre las Malvinas, es una idea delirante, que en aras del patriotismo puede servir para el consumo interno argentino, pero sin viabilidad, así como el inconducente emplazamiento a Chile.
Vociferante y a menudo mal hablado, Milei es otro factótum de conflictos artificiales que van minando la otrora buena vecindad interamericana.
Sus diatribas verbales contra los presidentes Manuel López Obrador, de México, Lula y Petro, llegaron a su punto más crítico el 29 de marzo cuando el gobierno de Bogotá expulsó al personal diplomático argentino luego de que Milei calificara a Petro de «asesino terrorista».
Demasiado ruido y crispación que evidencian lo lejos que está la «buena vecindad» en América Latina y el Caribe.
