Los Estados miembros de la Asamblea General de la ONU deben exigir que el presidente de Sudán, Omar Hassan Ahmad al Bashir, sea entregado a la Corte Penal Internacional (CPI) por cargos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, señala Amnistía Internacional.
Según informes manejados por AI, el presidente Al Bashir ha solicitado a la Embajada de Estados Unidos en Sudán un visado que le permitiría viajar a este país para asistir al 68 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York antes de la apertura de su debate general el 24 de septiembre.
La CPI ha dictado dos órdenes de detención contra el presidente Al Bashir acusándolo de responsabilidad en crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y actos de genocidio cometidos por las fuerzas sudanesas y su aliada la milicia yanyawid en Darfur, Sudán.
“A pesar de las órdenes de detención dictadas por la CPI contra el presidente, otros dos altos funcionarios y un presunto dirigente de la milicia yanyawid, éstos están recibiendo la protección del gobierno sudanés, que se niega a cooperar con la Corte», ha dicho Tawanda Hondora, directora adjunta de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.
“La decisión de Sudán de enviar a una persona acusada de organizar estos gravísimos crímenes a la Asamblea General de la ONU supone un grave insulto a los miles de personas víctimas de homicidios ilegítimos, los millones de personas desplazadas y el incontable número de mujeres y niños y niñas violados en Darfur durante los últimos diez años», agrega Tawanda Hondora.
La ONU se creó tras acabar la Segunda Guerra Mundial, un periodo caracterizado por violaciones de derechos humanos inimaginables, y sus miembros, que dijeron “nunca más” tras las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, deben exigir que Al Bashir acepte la jurisdicción de la CPI y se entregue, añade AI.
Permitir a un fugitivo de la justicia internacional que comparezca descaradamente ante ellos, en el mismo edificio donde se reúne el Consejo de Seguridad, que remitió la situación de Darfur al fiscal de la CPI, sin exigir que se entregue pone en ridículo la decisión del Consejo de Seguridad y su petición de que los Estados cooperen con la CPI.
“Es repugnante que a Al Bashir se le dé la oportunidad de burlarse de la comunidad internacional y de las víctimas de crímenes deplorables perpetrados por las fuerzas sudanesas y otras en Darfur”, ha dicho Tawanda Hondora.
“Los miembros de la Asamblea General deben ponerse del lado de las víctimas de Darfur y condenar esta impunidad, pidiendo al Consejo de Seguridad que exija a todos los Estados que cooperen plenamente con la CPI.
“Los diplomáticos de todos los Estados y los funcionarios de la ONU que se entrevisten con Al Bashir deben presionarlo para que se entregue a la CPI”.
Información complementaria
Diez años después del inicio del conflicto de Darfur, continúan produciéndose violaciones generalizadas y sistemáticas del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. La población civil es atacada por las fuerzas gubernamentales, las milicias partidarias del gobierno y los grupos armados de oposición. La ONU ha calculado que, sólo en los primeros meses de 2013, se vieron obligadas a abandonar sus hogares más de 300.000 personas por la intensificación de la violencia en Darfur.
En los últimos años, el gobierno de Sudán ha seguido con bombardeos aéreos y ataques terrestres indiscriminados contra la población civil. Recientemente, el gobierno no protegió a la población civil de los abusos perpetrados durante las luchas por la tierra y los recursos naturales entre diferentes grupos étnicos, que causaron muertos, heridos y desplazamientos masivos. Este año, Amnistía Internacional documentó la participación de miembros de las fuerzas del gobierno, junto con milicias armadas aliadas, en ataques contra la población civil en Darfur Septentrional.
En 2009, la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra el presidente Omar Al Bashir acusándolo de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Darfur. En 2010 emitió una segunda orden acusándolo de genocidio. La CPI también ha emitido órdenes de detención contra otros dos altos funcionarios gubernamentales: Ahmed Haroun, exgobernador del estado de Kordofán del Sur, afectado por el conflicto, y Abdelrahim Mohammed Hussein, ahora ministro de Defensa. También se han presentado cargos contra Ali Kushayb, presunto dirigente de las milicias yanyawid. El gobierno se ha negado a cooperar con la Corte Penal Internacional en todos estos casos.
Está previsto que en 2014 se inicie otra causa contra dos presuntos dirigentes del grupo de oposición Movimiento Justicia e Igualdad, que han comparecido voluntariamente tras recibir la citación de la CPI.
A pesar de la gravedad de los cargos, el gobierno sudanés sigue negándose a cooperar con la CPI. El presidente Al Bashir también ha intentado desafiar la orden de detención de la Corte con visitas oficiales a diferentes países en donde no ha sido detenido, como China, Chad, Egipto, Kenia y Nigeria.
Amnistía Internacional ha pedido en varias ocasiones a todos los Estados que cooperen plenamente en las investigaciones y los casos de la CPI relativos a Darfur y que detengan y entreguen a cualquier persona inculpada por la CPI que entre en su territorio.
