España y Marruecos han reforzado su cooperación para frenar la expansión de los discursos de odio dirigidos a las personas migrantes, según informa hoy el periódico digital Aquí Madrid.
El nuevo marco de colaboración se presentó en la XIII Reunión de Alto Nivel celebrada en Madrid, donde ambos gobiernos acordaron una estrategia común para combatir la desinformación, promover la convivencia y fortalecer la protección institucional frente a la proliferación de contenidos xenófobos.
Actuar contra la desinformación y proteger a las víctimas
El encuentro bilateral, presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro marroquí Aziz Akhannouch, culminó con la firma de una declaración de intenciones que articula medidas de cooperación institucional, campañas de sensibilización y mecanismos de intervención temprana frente a los discursos de odio.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, definió el avance como una oportunidad para «seguir colaborando en aspectos fundamentales como la lucha contra los discursos de odio o el impulso a nuevos proyectos laborales», recordando que Marruecos «es, y siempre ha sido, uno de nuestros socios prioritarios».
El documento sitúa la desinformación y los contenidos xenófobos como amenazas directas para los derechos fundamentales, la cohesión social y la seguridad ciudadana. En los diez primeros meses de 2025, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) identificó 740.144 mensajes de carácter racista o xenófobo, cifra que revela la magnitud del fenómeno y la urgencia de respuestas coordinadas.
Movilidad laboral y protección social
Con más de 365.000 personas marroquíes afiliadas a la Seguridad Social, Marruecos constituye el principal colectivo de trabajadores extranjeros en España. Saiz destacó su contribución al crecimiento económico y al equilibrio demográfico, además de su papel esencial en sectores donde la demanda laboral continúa en aumento.
Durante la reunión, Saiz y el ministro marroquí de Salud y Protección Social, Amine Tahraoui, firmaron también la prórroga del Memorando de Entendimiento en materia de protección social y Seguridad Social, que rige el intercambio técnico, la modernización administrativa y la actualización de los procedimientos vinculados al convenio bilateral, el más antiguo actualmente vigente para España.
Entre las medidas previstas figura la digitalización de expedientes y trámites, un paso que permitirá agilizar procesos que afectan a miles de trabajadores transnacionales.
Migración circular y continuidad del proyecto Wafira
La cooperación hispano-marroquí incluye igualmente la continuidad del proyecto Wafira, una iniciativa de migración circular impulsada por la Secretaría de Estado de Migraciones del Gobierno de España, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Unión Europea y el International Centre for Migration Policy Development (ICMPD).
La primera edición del programa permitió que el 84 por ciento de las 209 mujeres participantes en las campañas agrícolas de Huelva lograran poner en marcha un negocio propio a su regreso a Marruecos, lo que fortaleció su independencia económica y generó nuevas oportunidades en sus comunidades de origen.
La nueva fase aspira a incorporar a más socios europeos y africanos y a extender este modelo de movilidad regulada, considerado un ejemplo de cooperación sostenible y beneficiosa para ambas orillas.
Contexto: sindicatos y organizaciones sociales reclaman políticas de prevención
El aumento de los discursos de odio en Europa y el papel de las plataformas digitales en su difusión han llevado a sindicatos y organizaciones sociales a insistir en la necesidad de políticas públicas de prevención, educación en derechos humanos y normativas más estrictas para la moderación de contenidos.
Tanto Comisiones Obreras (CCOO) como UGT recuerdan que la convivencia democrática se ve amenazada cuando los bulos y la xenofobia se normalizan en la esfera pública. El nuevo acuerdo bilateral responde a estas preocupaciones al situar la información veraz, la cooperación institucional y la protección a las víctimas en el centro de la agenda política.
La estrategia aprobada en Madrid confirma la voluntad de ambos gobiernos de coordinarse frente a un fenómeno que ya trasciende fronteras y que afecta de forma directa a la vida de miles de personas migrantes, especialmente aquellas expuestas a discriminación laboral, social y mediática.
