El periodismo independiente de Nicaragua atraviesa una etapa de deterioro sostenido marcada por la reducción del financiamiento internacional, la precariedad laboral en el exilio, el endurecimiento del control estatal sobre la información y un clima de miedo que empuja a muchos periodistas a abandonar la profesión o a ejercerla en silencio, informa José Mendieta (IPS) desde San José (Costa Rica).
Informes recientes de especialistas, organizaciones gremiales y centros de monitoreo coinciden en que, para peor, las condiciones no se aventuran mejores para 2026.
El periodista y catedrático de Comunicación Social Alfonso Malespín considera que la crisis actual es el resultado de una combinación de factores económicos y políticos que han debilitado el ecosistema de medios surgido tras la crisis sociopolítica estallada en 2018 en Nicaragua.
Según Malespín, desde ese año los medios nativos digitales se convirtieron en una alternativa para sostener el periodismo independiente después del cierre, confiscación o asfixia económica de numerosas redacciones dentro del país centroamericano de 7,1 millones de habitantes.
Sin embargo, ese modelo dependía en gran medida de la cooperación internacional y comenzó a resentirse cuando, a partir de 2025, se redujeron o cancelaron varios programas de financiamiento, comenzando por los de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
«El cambio de prioridades de los gobiernos europeos y el estadounidense ha impactado notablemente la sostenibilidad de los medios nicaragüenses en el exilio», afirmó Malespín en entrevista con IPS.
De acuerdo con su análisis, la primera reacción de muchas redacciones fue reducir costos. Eso implicó disminuir el número de investigaciones en profundidad, recortar personal, reducir salarios y bajar la frecuencia de publicaciones.
Malespín sostiene que este proceso no solo ha precarizado el trabajo periodístico, sino que también ha debilitado la capacidad de investigar. Explica que se han perdido redes de fuentes dentro de Nicaragua y que la agenda informativa se ha reducido, al igual que la diversidad de formatos periodísticos.
El académico también advierte que varios medios han intentado explorar nuevos modelos de sostenibilidad, pero hasta ahora los resultados han sido modestos y algunos proyectos han desaparecido.
De 42 medios digitales surgidos después de 2018, actualmente sobrevive menos de la mitad. Se podía acceder a ellos hasta que en 2024 el Instituto de Telecomunicaciones y Correos anuló los dominios que operaban dentro del país, mientras que otros establecidos fuera del país no resistieron las estrecheces económicas.
Malespín también atribuye parte de la incertidumbre actual al contexto político regional.
Señala que Costa Rica, que durante años fue el principal refugio de periodistas nicaragüenses, muestra señales de desgaste como país de acogida debido al aumento de los flujos migratorios, la presión sobre los servicios públicos y un clima político menos favorable hacia los migrantes.
En ese contexto, añade, la llegada a la presidencia de la neopopulista y derechista Laura Fernández, quien asumirá el 8 de mayo, genera inquietud en sectores del exilio, especialmente por la profundización de políticas migratorias ya restrictivas y la prioridad otorgada a los temas de seguridad.
Una periodista nicaragüense que abandonó Costa Rica en 2025, que ahora reside en un país europeo y que pidió no ser identificada por razones de seguridad, describe que la decisión de marcharse nuevamente fue el resultado de la combinación de precariedad económica y temor.
«Llegó un momento en que ya no podía sostenerme. Tenía dos trabajos y aun así no alcanzaba. Además, había miedo, mucha desconfianza, la sensación de que no estabas completamente a salvo», en un país fronterizo con Nicaragua, relató.
El abandono del oficio y la precariedad cotidiana
Los efectos concretos de esa crisis han sido documentados por la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), cuyo informe presentado a finales de 2025 describe un deterioro significativo de las condiciones de vida y trabajo del gremio.
Gerall Chávez, presidente de PCIN, sostiene que los datos del estudio reflejan una crisis económica y laboral profunda que ha obligado a muchos periodistas a cambiar de oficio o a ejercer el periodismo solo parcialmente.
El informe, basado en encuestas a más de un centenar de comunicadores exiliados, indica que 81 por ciento reportó una disminución drástica de ingresos en el último año y que 59 por ciento ha tenido que incursionar en otras actividades para sobrevivir.
«Una buena mayoría ha tenido que laborar en áreas no relacionadas con el periodismo, como hostelería, construcción o servicios domésticos», explicó Chávez a IPS.
El estudio también revela que solo 56 por ciento continúa ejerciendo el periodismo de manera activa, mientras 27 por ciento lo hace parcialmente y al menos 14 por ciento ha abandonado la profesión.
Chávez revela, conforme al estudio, que la precariedad se extiende a las condiciones laborales. Apenas 43,8 por ciento de los periodistas encuestados cuenta con empleo formal, mientras el resto trabaja en la informalidad o como free lance con ingresos inestables.
Según el informe, muchos comunicadores enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación y atención médica, lo que obliga a priorizar gastos urgentes y limita el tiempo y los recursos disponibles para la labor informativa.
La vida en el exilio, añade el estudio, está marcada también por la incertidumbre migratoria. Solo 44,6 por ciento ha obtenido refugio o asilo, mientras que 38,4 por ciento continúa esperando resolución.
Una periodista nicaragüense que permanece en San José, pero que dejó de trabajar en medios y solicitó mantener el anonimato, explicó que su vida cambió radicalmente en los últimos dos años.
«Al principio uno piensa que es temporal, que pronto va a poder volver a trabajar o que el medio se va a estabilizar. Pero pasan los meses, luego los años, y uno termina buscando cualquier trabajo para pagar el alquiler. Yo decidí alejarme del periodismo porque no podía sostenerme», dijo.
A pesar de ese panorama, Chávez sostiene que el informe también muestra un alto nivel de compromiso con el oficio. Según sus datos, la mayoría de los periodistas expresa la intención de seguir ejerciendo a largo plazo, incluso en condiciones adversas.
Vigilancia, ataques digitales y silencio para sobrevivir
El deterioro del entorno para los medios nicaragüenses también ha sido documentado por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (Fled), que en un informe presentado el 31 de diciembre de 2025 concluye que las condiciones para ejercer el periodismo se presenta aún más negativo para 2026.
Guillermo Medrano, autor del estudio, sostiene que la represión contra la prensa se ha transformado, pero no ha disminuido.
«Las condiciones para ejercer el periodismo siguen endureciéndose, combinando represión estatal con ataques digitales persistentes, desplazamiento forzado de periodistas y disposiciones legales con efectos directos sobre la libertad informativa», afirmó a IPS.
Según los registros de la organización, al menos 309 periodistas han sido obligados a exiliarse desde 2018 como consecuencia directa de su labor informativa.
El informe también documenta dieciocho agresiones contra periodistas y medios entre octubre y diciembre de 2025, muchas de ellas en el entorno digital.
Medrano advierte que la disminución en el número de denuncias no implica una mejora del contexto.
«Muchos periodistas optan por el silencio como una forma de protección tanto para ellos como para sus familias, incluso en el exilio por la represión transfronteriza», explicó.
El monitoreo de la organización detectó amenazas, campañas de descrédito y discursos de odio en redes sociales dirigidos contra medios independientes. De las agresiones registradas en ese período, 72 por ciento fueron atribuidas a actores no estatales.
Fled también advierte que la entrada en vigor de la nicaragüense Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, aprobada en 2025, amplía la capacidad del Estado para vigilar comunicaciones y restringir el flujo de información.
Entre otras restricciones obliga a las empresas prestadoras de servicios de comunicación a entregar a la policía y a las fuerzas de seguridad la información digital de los usuarios nicaragüenses.
El informe confirma además que al menos tres periodistas permanecen bajo lo que la organización describe como «arresto domiciliario de facto», sin garantías procesales ni transparencia sobre su situación jurídica.
Un exilio que comenzó en 2018 y no termina
Los especialistas coinciden en que la crisis actual del periodismo independiente no puede entenderse sin el contexto iniciado en abril de 2018.
Según los análisis de los informes de PCIN y Fled, el estallido de protestas sociales de ese año y la posterior represión estatal marcaron el inicio de un proceso de cierre de espacios cívicos que afectó directamente a la prensa independiente, dentro de una profundización del autoritarismo del poder.
En abril de 2018, miles de ciudadanos salieron a las calles contra el gobierno del exguerrillero izquierdista Daniel Ortega, en el poder desde 2007, inicialmente en rechazo a una reforma de la seguridad social que reducían beneficios para trabajadores y jubilados.
Las protestas se extendieron rápidamente y derivaron en un movimiento nacional que cuestionó al gobierno y demandó su salida.
Las autoridades respondieron con el despliegue de fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales, en operativos que organismos de derechos humanos coincidieron en calificar como uso excesivo de la fuerza.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones locales, la represión dejó al menos 355 personas muertas, más de 2000 heridas y miles de detenidos, muchos de los cuales denunciaron torturas y malos tratos.
A partir de entonces, el régimen impulsó reformas legales y nuevas normas que, según organizaciones de derechos humanos, pasaron a criminalizar las protestas y el disenso político bajo figuras como «traición a la patria» o delitos contra la seguridad del Estado.
Estas disposiciones se tradujeron en detenciones arbitrarias de opositores, activistas, empresarios, líderes religiosos y periodistas, así como en el cierre o confiscación de medios de comunicación independientes.
Desde 2018, organizaciones de prensa documentan el cierre, cancelación o confiscación de al menos 56 medios de comunicación y el exilio o destierro de cerca de más de 300 periodistas, algunos de ellos privados de su nacionalidad o con sus documentos civiles y profesionales anulados, lo que en la práctica los dejó en situación de apatrídia.
La estrategia, en un clima de endurecimiento general del régimen autoritario de Ortega, redujo de forma significativa el espacio informativo independiente y ha obligado a una parte importante del periodismo nicaragüense a continuar su labor desde el exilio.
Medrano explica que desde 2018 los periodistas han enfrentado amenazas, vigilancia, campañas de difamación, procesos judiciales y confiscaciones, así como reformas legales dirigidas a restringir la libertad de expresión.
Ese clima de criminalización del trabajo informativo empujó a cientos de comunicadores a abandonar el país para preservar su seguridad personal y la de sus familias.
Para muchos, el exilio que inicialmente parecía temporal se ha prolongado durante años, transformando el ejercicio del periodismo en una actividad dispersa, económicamente frágil y marcada por la incertidumbre.
La periodista que hoy reside en Europa resume esa sensación con una frase que, según dice, escucha con frecuencia entre colegas nicaragüenses: «Uno sigue siendo periodista, pero ya no vive como periodista».
