El Parlamento de Grecia ha aprobado una de las legislaciones más avanzadas de la Unión Europea para combatir las denominadas SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), las demandas estratégicas utilizadas para intimidar y silenciar a periodistas, medios de comunicación y otras personas que participan en el debate público.
La reforma, aprobada el 31 de julio, incorpora la Directiva europea 2024/1069, pero amplía su alcance al extender la protección también a los procedimientos nacionales, no solo a los litigios con dimensión transfronteriza.
La Federación Internacional de Periodistas (IFJ-FIP) y la Federación Europea de Periodistas (FEP) han calificado la aprobación de la norma como «un importante avance para la libertad de prensa», tras varios años de reivindicaciones de las organizaciones profesionales griegas.
Identificación temprana de las demandas abusivas
La nueva legislación introduce un procedimiento para que los tribunales puedan determinar, en una fase inicial del proceso, si una demanda constituye una SLAPP, es decir, una acción judicial manifiestamente infundada cuyo objetivo principal no es obtener una reparación jurídica, sino ejercer presión económica, psicológica o profesional sobre quienes informan sobre asuntos de interés público.
La norma incorpora además una definición amplia del interés público y prevé programas de formación para jueces encargados de aplicar la nueva regulación.
Uno de los aspectos más destacados es que la ley griega no limita estas garantías a los casos transfronterizos previstos por la directiva europea, sino que las extiende también a los litigios iniciados dentro del propio país, donde se concentra la mayor parte de las demandas contra periodistas.
Protección para causas ya abiertas
Durante la tramitación parlamentaria se incorporó una modificación impulsada por la Journalists’ Union of Athens Daily Newspapers (JUADN) que permitirá a los tribunales valorar si un procedimiento ya iniciado constituye una demanda abusiva, incluso cuando el caso se encuentre en primera instancia o en apelación. Esta incorporación fue aceptada por el viceministro de Justicia griego mediante una enmienda al proyecto legislativo.
La posibilidad de revisar procedimientos ya abiertos era una de las principales reivindicaciones de las organizaciones de periodistas, que advertían de que numerosos profesionales siguen afrontando litigios iniciados antes de la entrada en vigor de la nueva normativa.
Papel de los sindicatos de periodistas
La reforma también refuerza la participación de las organizaciones profesionales. Los sindicatos podrán intervenir en apoyo de sus afiliados cuando existan indicios de que una demanda responde a una estrategia de intimidación judicial.
La FIP y la FEP han destacado especialmente el trabajo desarrollado por sus afiliadas griegas durante la consulta pública y el debate parlamentario, un proceso que permitió introducir varias mejoras respecto al texto inicial del Gobierno.
Un paso relevante para la libertad de prensa
La aprobación de la ley llega pocas semanas después de que la Comisión Europea iniciara procedimientos de infracción contra varios Estados miembros por no haber completado la transposición de la Directiva anti-SLAPP dentro del plazo establecido. Grecia ha pasado así de figurar entre los países retrasados a convertirse en uno de los primeros en extender la protección más allá de las exigencias mínimas del derecho europeo.
Para las organizaciones de periodistas, la reforma constituye una herramienta relevante para reducir el uso de demandas intimidatorias contra el periodismo de investigación y reforzar el derecho de la ciudadanía a recibir información de interés público.
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