El presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, autorizó el viernes 21 una suspensión temporal que permite a la Casa Blanca seguir construyendo el salón de baile presidencial mientras el alto tribunal decide sobre la petición de emergencia de la Administración de Donald Trump.
Conviene precisar que, a diferencia de su homónimo español, este tribunal tiene composición política: nueve jueces vitalicios, nombrados por el presidente y confirmados por el Senado, con mayoría conservadora de seis a tres. La orden no resuelve el fondo del litigio: solo congela la orden del juez federal Richard Leon, confirmada el 7 de agosto por un tribunal de apelaciones.
Trump celebró la decisión en Truth Social. La respuesta contraria llegó por dos vías: el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, acusó al tribunal de «sellar con goma» el gasto del proyecto, mientras que el National Trust for Historic Preservation —creado por el Congreso en 1949 y único demandante— sostiene que la Administración intenta «esquivar la revisión judicial». La Comisión de Bellas Artes recibió cerca de 2.000 comentarios públicos sobre el proyecto, el 99 por ciento críticos.
Ese contraste entre el visto bueno cautelar del Supremo y el desgaste sostenido en la opinión pública resulta clave de cara a los midterms del 3 de noviembre: una encuesta de Washington Post/ABC News/Ipsos ya situaba en agosto la oposición al proyecto en el 56 por ciento, con el 61 por ciento en contra entre los independientes.
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