La Federación Internacional de Periodistas reclama al primer ministro israelí que renuncie a actuar judicialmente contra el diario Haaretz y el periodista Shlomi Eldar. La controversia parte de una investigación según la cual Netanyahu recibió una advertencia emiratí antes del ataque de Hamás del siete de octubre de 2023 y no informó a los responsables de seguridad.
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha pedido al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que retire la acción judicial anunciada contra el diario Haaretz, el periodista Shlomi Eldar y otras personas relacionadas con una investigación sobre los antecedentes del ataque de Hamás del siete de octubre de 2023.
La organización internacional advierte que emplear los tribunales para responder a una información de interés público puede intimidar a los periodistas, fomentar la autocensura y dificultar la investigación de quienes ejercen el poder.
Netanyahu comunicó el nueve de septiembre que había encargado a sus abogados presentar una demanda por difamación. El primer ministro acusa al periódico de difundir una «invención maliciosa» con una finalidad electoral. Haaretz sostiene, por el contrario, que respalda el contenido de su información.
La advertencia atribuida al presidente de Emiratos
La investigación de Haaretz afirma que el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, habló con Netanyahu diez días antes del ataque.
Según el periódico, Bin Zayed le advirtió de que Hamás preparaba una operación de gran alcance que podía provocar un importante derramamiento de sangre, desestabilizar Oriente Próximo y poner en peligro los Acuerdos de Abraham.
La información añade que Netanyahu reaccionó con calma, consideró que un posible ataque resultaba más probable en Cisjordania y no trasladó el aviso a los responsables de los servicios de seguridad israelíes.
La oficina del primer ministro niega la conversación y asegura que Netanyahu no recibió ninguna advertencia del dirigente emiratí durante el periodo señalado. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos ha evitado confirmar o desmentir el contenido y sostiene que no comenta informaciones periodísticas ni especulaciones sobre conversaciones entre gobernantes.
La existencia de la advertencia es, por tanto, una afirmación de la investigación periodística, expresamente rechazada por Netanyahu y no confirmada por las autoridades de Emiratos.
La FIP denuncia el desequilibrio de poder
El secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, ha considerado «profundamente preocupante» que un primer ministro emprenda acciones contra un periódico y uno de sus periodistas por investigar unas acusaciones relevantes para la ciudadanía.
Bellanger destaca el desequilibrio existente entre el jefe del Gobierno y los profesionales amenazados con una demanda. En su opinión, una actuación de esta naturaleza puede incrementar la intimidación, propiciar la autocensura y producir un efecto disuasorio sobre futuras investigaciones.
«Los procedimientos judiciales no deben utilizarse para intimidar a periodistas que simplemente están haciendo su trabajo», ha señalado.
La denuncia enlaza con anteriores advertencias de la organización sobre el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en Israel y los territorios palestinos ocupados.
En noviembre de 2025, la FIP ya alertó de un proyecto legislativo israelí que ampliaba la capacidad del Gobierno para cerrar medios extranjeros por motivos de seguridad.
Más recientemente, la federación denunció la agresión del periodista Mohammed Somreen en Cisjordania y reclamó medidas internacionales frente a la impunidad de los ataques contra informadores.
La responsabilidad por el siete de octubre entra en campaña
La controversia adquiere especial relevancia política porque Israel celebrará elecciones legislativas el veintisiete de octubre, las primeras desde el ataque de Hamás y la posterior guerra en Gaza.
La investigación reabre el debate sobre la posible responsabilidad del Gobierno y de los servicios de seguridad en los fallos que precedieron al ataque. También introduce un elemento de presión sobre Netanyahu en una campaña condicionada por la gestión de la guerra y sus consecuencias interiores e internacionales.
El primer ministro ha presentado la publicación como parte de una operación electoral de la izquierda israelí destinada a desviar la atención pública. Sin embargo, la FIP sostiene que la proximidad de las elecciones no resta interés periodístico a las acusaciones ni justifica recurrir a los tribunales para frenar su difusión.
La organización defiende que corresponde al periodismo investigar los actos y omisiones de los responsables públicos, mientras que las personas afectadas conservan su derecho a responder, aportar pruebas o solicitar rectificaciones.
Un asunto de interés para España
El conflicto entre Netanyahu y Haaretz pertenece al debate político y mediático israelí y no mantiene una relación directa con España. No obstante, se produce después de una prolongada confrontación diplomática entre el Gobierno israelí y el Ejecutivo español.
España reconoció al Estado de Palestina en mayo de 2024. Posteriormente, el Gobierno de Pedro Sánchez calificó de genocidio la ofensiva sobre Gaza y aprobó medidas como la consolidación del embargo de armas, la prohibición de importar productos procedentes de los asentamientos ilegales y la ampliación de la ayuda humanitaria.
El Ejecutivo español también condenó el ataque de Hamás y exigió la liberación incondicional de los rehenes.
Israel respondió a la posición española con acusaciones de antisemitismo y prohibió la entrada a dos miembros del Gobierno. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación rechazó aquellas acusaciones como «falsas y calumniosas».
En este escenario, la denuncia de la FIP trasciende el conflicto entre Netanyahu y un periódico concreto. La capacidad de los medios israelíes para investigar decisiones relacionadas con el siete de octubre, la guerra y la política exterior afecta al derecho de la ciudadanía a conocer cómo ejercen el poder sus gobernantes.
