La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos ha rechazado el mecanismo utilizado por Donald Trump para intentar cancelar 810 millones de dólares aprobados por el Congreso.
La Casa Blanca remitió el 25 de septiembre once propuestas de rescisión y ordenó mantener bloqueadas las partidas. Como el ejercicio fiscal terminaba cinco días después, el dinero podía caducar antes de que las cámaras dispusieran del plazo legal necesario para pronunciarse.
La GAO ha concluido que la Ley de Control de Embargos no permite esa denominada «rescisión de bolsillo». Si el Congreso no aprueba expresamente la cancelación, el Ejecutivo debe poner los fondos a disposición de los organismos responsables antes de su vencimiento.
Las partidas afectan principalmente a servicios para refugiados, solicitantes de asilo y menores no acompañados. También incluyen programas para estudiantes migrantes, enseñanza internacional, asesoramiento sobre vivienda, desarrollo empresarial y reducción de tensiones raciales.
La Administración sostiene que se trata de gastos innecesarios o contrarios a sus prioridades. La GAO no entra en ese debate político: su dictamen se limita a defender la competencia constitucional del Congreso para decidir el destino del dinero público.
El líder republicano del Senado, John Thune, comparte algunos de los recortes, pero cuestiona el procedimiento y prevé que los tribunales tengan la última palabra. La resolución de la GAO no es una sentencia y todavía debe comprobarse si los organismos pudieron comprometer efectivamente los fondos antes del cierre fiscal.
La información completa del Observatorio Trump explica cómo el dictamen sobre los 810 millones refuerza el poder presupuestario del Congreso y qué aspectos pueden acabar en los tribunales.
