La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha publicado un comunicado de condena por la ejecución judicial de Edgar Tamayo Arias, el 22 de enero de 2014 en Texas, Estados Unidos, en violación de sus derechos fundamentales.
En enero de 2012 fue presentada, en nombre del Tamayo, una petición alegando violaciones a la Declaración Americana. La CIDH, mediante el otorgamiento de medidas cautelares, solicitó a Estados Unidos abstenerse de ejecutar la pena capital hasta tanto la Comisión tuviera la oportunidad de decidir sobre las reclamaciones sobre un juicio justo.
Después de analizar el fondo del caso, el 15 de enero de 2014 la Comisión Interamericana adoptó el Informe No. 1/14 en el cual concluyó, entre otros, que el no respeto por parte del Estado de la obligación de informar a Tamayo de su derecho a la notificación y asistencia consulares prevista en el artículo 36.1 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares lo privó de un proceso penal que satisfaga los estándares mínimos de debido proceso y juicio justo requeridos bajo la Declaración Americana. En consecuencia, la Comisión recomendó a Estados Unidos revisar el juicio y la condena de Tamayo de acuerdo con las garantías reconocidas en la Declaración Americana. A pesar de las conclusiones y recomendaciones emitidas por la Comisión, el gobierno de Texas procedió a ejecutar a Tamayo.
La CIDH deplora la falta de cumplimiento de Estados Unidos y del estado de Texas con las recomendaciones emitidas por la Comisión en un informe de fondo. El hecho que Estados Unidos no haya preservado la vida de Tamayo estando pendiente una solicitud de la CIDH de revisión de su juicio y condena, contraviene sus obligaciones internacionales derivadas de la Carta de la Organización de Estados Americanos y de la Declaración Americana en vigor desde que Estados Unidos se incorporó a las OEA en 1951. La falta de cumplimiento con las recomendaciones de la Comisión resultó en un grave e irreparable daño al derecho más fundamental de Tamayo, el derecho a la vida.
La CIDH ha abordado durante décadas la cuestión de la pena de muerte como un desafío crucial en materia de derechos humanos. A pesar de que la mayoría de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos ha abolido la pena capital, una minoría considerable la mantiene. Al respecto, la Comisión destaca que Estados Unidos es actualmente el único país del hemisferio occidental en aplicar ejecuciones a la pena de muerte.
La Comisión reitera la recomendación formulada en su informe “La pena de muerte en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: de restricciones a abolición” publicado en 2012, de que los Estados apliquen una moratoria a las ejecuciones como paso hacia la gradual supresión de este tipo de pena.
