La geolocalización es una herramienta que ha estado cuestionada en México durante un tiempo, pero que parece haber superado los contratiempos, convirtiéndose en una herramienta aliada a la hora de detener delincuentes.
Esa parece haber sido la causa que ha permitido detener a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el narcotraficante más buscado de los últimos años.
En el mes de marzo de 2012 el Congreso de la Unión aprobó la llamada «Ley de Geolocalización», un conjunto de reformas que impulsaron organizaciones de la sociedad civil, que otorgó a las procuradurías (federal y estatales) la facultad para solicitar a las empresas telefónicas la ubicación de celulares y otros dispositivos, sin necesidad de contar con una orden judicial. Sin embargo, dos meses después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de inconstitucionalidad en contra de estas reformas; entre otras razones, por considerar que son contrarias al derecho a la privacidad.
La Corte resolvió la demanda el pasado 14 de enero. Ocho ministros votaron a favor del proyecto de la ministra Margarita Luna Ramos, quien sostenía que la Ley de Geolocalización es constitucional, principalmente porque se refiere a la ubicación de dispositivos, no de personas.
Eduardo Castañón, presidente de la Especialidad Comunicaciones y Electrónica de la Academia de Ingeniería, afirma que esta herramienta hoy se encuentra al alcance del gobierno mexicano como lo está también para otros países como el de Estados Unidos, quienes desde las instalaciones de las agencias de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés), y Antidrogas (DEA) siguieron la geolocalización del teléfono satelital de Guzmán Loera.
“Los delincuentes, sobre todo los denominados organizados, del mismo modo como utilizan las armas sofisticadas para delinquir, también se auxilian de teléfonos móviles celulares para cometer sus fechorías. Por tanto, en la actualidad se dispone de sofisticadas herramientas para combatirlos; estas herramientas desde hace varios años ya se utilizan en algunos países del mundo con excelentes resultados. No me explico por qué todavía no se utilizan en México, sobre todo con los serios problemas de delincuencia que tenemos en algunas regiones del país”, explicó el experto.
Para Castañón, estas herramientas tecnológicas son verdaderamente útiles a la sociedad, porque ofrecen por lo menos dos funciones operativas: la inmediatez, es decir la información se genera en tiempo real, cuando los eventos delictivos están siendo realizados; y su gran efectividad por la alta precisión en la ubicación, en un radio un máximo entre 20 y 30 metros.
También ha asegurado que la operación de una herramienta tan sofisticada y delicada como esta requiere ser operada por personal experto, debidamente capacitado en aspectos de inteligencia policial y, sobre todo, a cargo de gente para la cual la discreción y el profesionalismo sean la divisa de su desempeño. Al hablar sobre el precio Castañón dijo que “no es barata, pero sus costos no están fuera del alcance de gobiernos como el mexicano, que tiene serios problemas de seguridad pública”.
Finalmente agregó que “se requiere del apoyo de los operadores celulares, pero la intervención que se hace en sus redes es mínima; es decir, los datos personales los conservan en confidencialidad las operadoras hasta que son requeridos legalmente, y en forma expresa, por el Ministerio Público ante el juez, en una investigación específica”.
