El embajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría, está preocupado porque, según declaró, la exportación de productos guatemaltecos a Estados Unidos está en riesgo si el Congreso no aprueba las reformas al Código de Trabajo antes del 24 de septiembre, como se había comprometido el Estado.
Sin embargo, no solo ese es el problema. El movimiento sindical considera que son pocos los avances que hay en Guatemala en cuanto a la hoja de ruta definida por los gobiernos de Estados Unidos y este país, relativa al cumplimiento de las leyes laborales y que contemplan 18 pasos.
Uno de los principales compromisos signados por Guatemala y, por lo tanto, de cumplimiento obligado es la investigación de los asesinatos de más de 76 sindicalistas desde el 2010, de los cuales casi la totalidad continúan en la impunidad y, aun cuando se especula que esas muertes violentas no obedecen a su actividad sindical, es indispensable que eso sea debidamente dilucidado y que los culpables de los crímenes sean procesados y castigados.
Otro de los serios incumplimientos es el referido a la libertad sindical garantizada en la Constitución Política de la República y en el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Vergonzoso ejemplo de la flagrante violación a este derecho es lo que está sucediendo en el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) y en el Registro Nacional de las Personas (Renap), relativo a los despidos injustificados que buscan desaparecer esas agrupaciones sindicales, según sus dirigentes.
Zuleima De León, secretaria de actas del comité ejecutivo del sindicato del COG, denunció que el 31 de enero fueron despedidos injustificadamente 21 empleados, todos miembros del sindicato, por las nuevas autoridades, que habían tomado posesión 10 días antes.
El argumento que dieron las autoridades fue una reestructuración; sin embargo se les reconoció en privado que era debido a la formación del sindicato. El sindicato del COG se constituyó en diciembre de 2013, la Inspección de Trabajo entregó la resolución de inamovilidad; con las antiguas autoridades habían firmado un convenio colectivo para proteger la estabilidad de los trabajadores; sin embargo, los nuevos directivos aducen que este es “ilegal”.
A la fecha no se ha resuelto nada, las sindicalistas están sin trabajo, desesperadas, sin salarios; han intentado dialogar acompañadas de inspectores de Trabajo, pero se les ha vedado la entrada a las oficinas del COG, tratándolos de manera abusiva y colocando fotografías de ellos en la entrada del edificio para impedir su ingreso.
Las trabajadoras han contado con el acompañamiento de la dirigente sindical Mirna Nij, quien ha denunciado a las autoridades la actitud intransigente de las autoridades del COG. En el caso del Renap, 200 trabajadores fueron destituidos en el 2011, pero fueron reinstalados luego de negociaciones. Este año nuevamente fueron despedidas ocho personas, pertenecientes al Comité Ejecutivo. Esto no es exageración, es sumamente grave, atañe a la vida, el trabajo y la libertad, no solo a compromisos laborales derivados de negocios internacionales.
