Greenpeace se ha manifestado este 14 de febrero en Madrid, junto a la plataforma No Somos Delito, otros movimientos y organizaciones sociales y centenares de ciudadanos, en protesta por las reformas del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana que actualmente se tramitan en el Senado.
Activistas de Greenpeace han portado en la marcha desde Plaza de España a Sol una réplica de uno de los leones del Congreso, Daoiz y Velarde, enjaulado y amordazado, como símbolo de la restricción de libertades civiles.
La organización ecologista ha querido denunciar de esta manera que dichas reformas del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana restringen el derecho de libre expresión y manifestación y penalizan a los ciudadanos y colectivos que enfrentan los problemas sociales, económicos y ambientales derivados de la crisis socioeconómica actual.
«El Gobierno sigue empeñado en acallar la voz del pueblo, amordazando las voces discrepantes y multando a la ciudadanía que no se resigna a la realidad que estamos viendo», ha señalado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España. «Este león es una imitación y la jaula es de mentira. Pero si se llegan a aprobar estas reformas vamos a tener que enfrentarnos a un sistema legal propio de otros tiempos».
Greenpeace denuncia la enorme inseguridad jurídica que generan estas reformas, debido a que muchos de los hechos susceptibles de ser sancionados carecen de una descripción clara que permita saber qué conductas serán castigadas, lo que crea un terreno sembrado para la arbitrariedad de la Administración.
Asimismo, las sanciones económicas previstas en las reformas son en muchos casos más graves que las previstas en el Código Penal, lo que va en contra del principio de que las normas penales deben ser la reacción última y más intensa contra las infracciones al ordenamiento. La reforma anula, además, la presunción de inocencia para avanzar hacia un enfoque preventivo, en el que será posible atribuir conductas ilícitas a determinadas personas sin que haya quedado probado que participaron en las mismas.
“Desde Greenpeace consideramos una obligación ciudadana cuestionar el actual estado de cosas a través del ejercicio de los derechos fundamentales y, llegado el momento, desde la desobediencia y la acción pacífica”, ha señalado Miguel Ángel Soto. “Lo que hay que cambiar no son los derechos civiles de los ciudadanos, sino la dura realidad social, política y económica que estamos padeciendo”.
Greenpeace, como integrante de la plataforma No Somos Delito, formada por más 100 organizaciones de ciudadanos, activistas y juristas, se moviliza para evitar la aprobación de estas reformas en el Senado. Con la manifestación de hoy las organizaciones desean hacer un llamamiento a la ciudadanía para oponerse a la aprobación de estas reformas.
