Los fenómenos políticos que estamos viviendo en Guatemala eran impredecibles hace apenas unos meses. La estructura institucionalizada de la corrupción se fue heredando de un gobierno a otro, de manera imperceptible para la ciudadanía, solo la conocía la clase política que se fue beneficiando por turnos de esta cadena de ilícitos, tejida entre lo público y lo privado. Cada gobierno tuvo a su responsable de recibirla y de manejarla, así como de administrar y distribuir las ganancias.
Los dividendos millonarios que en el pasado se generaron para los autores, cómplices y encubridores hoy ya están blanqueados, olvidados y hasta justificados, al punto que a quienes se beneficiaron se les permite acusar y señalar a los que ahora están implicados en las mismas prácticas perversas que ellos cometieron. Somos una sociedad de las apariencias y la doble moral.
Aquellos funcionarios y sus secuaces, que se excedieron de manera desvergonzada, descarada y burda, cayeron en las manos de la justicia, debido, en gran medida, al interés que Estados Unidos tiene en Guatemala, a la nominación del doctor Iván Velásquez al frente de la Cicig y al trabajo de la fiscal general, a quien muchos criticaron y señalaron como una persona que había sido nombrada para cubrir las espaldas del actual gobierno. Su actitud de colaboración hacia la Cicig y la prioridad que le ha dado a los temas de interés nacional e internacional, entre ellos la corrupción, han contribuido a los logros que se han alcanzado.
Los implicados en hechos de corrupción tendrán insomnio y ataques de pánico mientras les llega la notificación del retiro de la visa y el allanamiento para capturarlos.
El retiro de la inmunidad al Presidente va caminando; la comisión pesquisidora emitió su informe, el que ya se conocía con antelación. Líder no quiere que sus posibles votantes urbanos lo asocien como encubridor del mandatario. El militante del Patriota fue el único voto disidente. Ahora es el pleno el que deberá decidir.
Pero mientras la Corte de Constitucionalidad no resuelva en definitiva los amparos interpuestos, el enjuiciamiento del Presidente es incierto. La Corte está ya integrada y estará de nuevo en la mira de la “opinión pública”.
En medio de esta crisis y aunque parezca insólito, hay juristas que han propuesto meter en la congeladora a la Constitución para que se liquide toda la institucionalidad, argumentando que lo político ha desbordado el derecho. Veremos si los grupos sociales como el Cedecon, que defienden la Constitución, reaccionan ante semejante llamado a su ruptura.
Y en otro capítulo de la misma trama están las demandas a hacer reformas legales de vigencia inmediata, la exigencia de la renuncia del Presidente, quien reiteradamente se ha negado a dar este paso y la insistencia del cambio de fecha para celebrar los comicios.
En cuanto a las reformas, cada bando tiene su visión e intereses, algunos ya se han contrapuesto a los de los otros, tal el caso de un grupo de maestros organizados, sindicalistas y campesinos que han criticado a los manifestantes de los sábados y han colocado en el escenario sus propias propuestas, encabezadas por la Ley de Desarrollo Rural Integral, la nacionalización de la energía, la Ley de la Juventud y de los Pueblos Indígenas, reivindicaciones que son descalificadas por quienes solo quieren exigir renuncias y lucha contra la corrupción.
Y a este paso, la posibilidad de una conciliación nacional resulta impensable en el futuro inmediato, sobre todo sin un liderazgo reconocido.
Pobre Guatemala, cómo ha sufrido a lo largo de estos años, más los pobres y los indígenas, con matanzas, con beneplácito de los diferentes gobiernos. Queda mucho para arreglar este gran problema pero hay que seguir adelante. Mucha suerte!