La instrumentalización política del máximo órgano de gobierno de la judicatura en España, el Consejo General del Poder Judicial, unida a la creciente degradación que provoca en los juzgados y tribunales la falta de inversión en Justicia, en una situación marcada por la insuficiencia de medios materiales, configuran a juicio de Jueces para la Democracia la peor legislatura desde que se recuperó la democracia en el país.
Joaquim Bosch, portavoz de la asociación, explica que «hemos acordado no acudir al acto de apertura del año judicial para mostrar nuestro desacuerdo con la grave situación de la administración de justicia» en España y que «nos encontramos a la cola de los países europeos en el porcentaje de jueces por habitante».
Según el análisis que hacen en JpD sobre la práctica de la justicia en España, «los tiempos de respuesta en los procesos siguen sin reducirse, y esta actuación resulta especialmente llamativa en los asuntos de corrupción, lo cual está provocando la desconfianza de la ciudadanía hacia nuestro sistema judicial». Según el diagnóstico hecho público «los órganos judiciales están desbordados: cerca de la mitad trabajan por encima del 150% de las previsiones institucionales y muchos de ellos se encuentran por encima del 200%, sin que se fije una carga máxima de trabajo».
Sigue explicando JpD que a pesar de esta preocupante situación, solo se han creado cuatro juzgados en toda la legislatura. Y se han aplicado recortes que han reducido unos presupuestos de Justicia que ya eran insuficientes.
Todo ello ha provocado la insólita situación de centenares de jueces en expectativa de destino, recién incorporados a la carrera, y en una situación de precariedad incompatible con el principio de inamovilidad judicial, al no contar con un órgano judicial estable donde ejercer sus funciones.
Desde el poder ejecutivo no se ha mostrado la voluntad política necesaria para profundizar en la necesaria implantación de la nueva oficina judicial. Además, hay numerosos edificios judiciales que no cumplen las condiciones más básicas de salubridad, habitabilidad y seguridad. Y tampoco se han querido abordar las reformas estructurales necesarias para modernizar nuestra administración de justicia. Toda la actuación ministerial se centra en continuas promesas de informatización y de supresión del papel que se produciría en un tiempo futuro, precisamente cuando ya habrá acabado la legislatura, sin que se entienda por qué no se han implantado esas transformaciones durante estos cuatro años de mayoría absoluta. El ministro Catalá sigue asegurando que la Justicia funciona espléndidamente, porque vive en su propia realidad paralela y se niega a aceptar lo que piensan todos los operadores jurídicos y los distintos sectores de la administración de justicia.
Por otro lado, añade Jueces para la Democracia, se han cumplido todos los pronósticos de instrumentalización política del máximo órgano de gobierno de la judicatura: El Consejo General del Poder Judicial ha actuado con una mayoría afín a los intereses del Gobierno y ha sido incapaz de denunciar la creciente degradación de nuestra administración de justicia. Al contrario, el órgano constitucional garante de la separación de poderes se ha distinguido por realizar informes de complacencia con el poder político y no ha apoyado la independencia judicial en situaciones en las que su intervención era necesaria.
En conjunto, concluye JpD, se trata de una legislatura perdida, en la que la ciudadanía ha visto empeorar la situación del sistema judicial. No se ha producido ninguna mejora significativa que haya redundado en beneficio del servicio público que se presta a la sociedad, ni tampoco en la situación de nuestros órganos judiciales. Tampoco se ha sabido aprovechar la mayoría parlamentaria para buscar un Pacto de Estado con vocación de futuro.
Según Joaquim Bosch, «probablemente esta ha sido la peor legislatura en toda la historia de nuestra democracia en el ámbito de la Justicia», por lo que instan a los poderes públicos y a las fuerzas políticas para que «se sensibilicen sobre la importancia de nuestros juzgados y tribunales para un adecuado funcionamiento de nuestro Estado de Derecho».
