La semana estuvo desborda de revelaciones que han provocado, con sobrada razón, una ola de indignación ciudadana en Guatemala. El Congreso de la República, el organismo más representativo del Estado durante décadas ha dado muestras de ineficiencia, incumplimiento de labores e irrespeto a lo público y a la ciudadanía.
Ser diputado es un enorme privilegio que aquí se compra, obviamente para obtener beneficios. La mayoría ha permanecido inerte e indiferente a las necesidades sociales, ha incumplido con las obligaciones que la Constitución le establece y ha sido cómplice de cuanto contubernio se ha llevado a cabo en ese organismo, ya sea por acción o por omisión. Por supuesto que también hay parlamentarios que hacen honor a su cargo.
Entre las atribuciones que deben ser cumplidas está prioritariamente decretar, reformar y derogar las leyes. Sabemos los magros resultados de la anterior legislatura, que muchos conocedores señalan que fue beneficioso que no dieran debido cumplimiento a esta atribución, dada la calidad de legisladores que tuvimos.
Pero también tienen como deber aprobar o improbar anualmente, en todo o en parte, y previo informe de la Contraloría de Cuentas, el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas que le presente el Ejecutivo. Sobre el ejercicio fiscal anterior, la diputada Nineth Montenegro ha denunciado el incumplimiento y no ha pasado nada.
Hoy, una nueva Junta Directiva, contrario a lo que se previó, dado lo controversial y demás características de quien la preside, tomó decisiones que nos han confirmado, con datos, lo que se presumía. Los emolumentos, gastos y despilfarros que allí se han realizado, en complicidad con quienes han tenido la responsabilidad de aceptarlos, son repugnantes, atentan contra la igualdad establecida constitucionalmente, agravian a la mayoría que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema y desafían al mismo estado de Derecho, con esa “fuga de recursos”.
Los privilegiados trabajadores del Congreso perciben salarios inconmensurablemente desproporcionados, en relación con los que perciben otros empleados del Estado, incluyendo a profesionales con grados académicos, responsabilidades serias y que se desempeñan en condiciones laborales precarias, como el caso de los médicos, quienes, además, tienen en sus manos el mayor bien del ser humano: su vida.
Esta legislatura también está caracterizada por el escaso número de mujeres diputadas: solo 23. En las pasadas elecciones del 2011, las mujeres que ocupaban puestos de elección popular eran el 14.5 % (639) frente al 85.5 % (3,774), correspondiente a la participación de hombres, según datos que proporcionó oportunamente la PDH.
Y aunque el 52 % del padrón electoral son mujeres, pocas ganaron las alcaldías. La magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Ana Elly López, informó que solo nueve mujeres fueron electas como alcaldesas, cuatro menos que las 13 que triunfaron en los comicios de 2011. Esta es una prueba irrefutable de la inequidad.
Muchas son las opiniones que refutan falazmente el derecho de las mujeres a optar a cargos públicos, tales como decir que las mujeres no quieren y que legalmente tienen las mismas oportunidades que los hombres. Recientemente, con las actuaciones presuntamente delictivas de la primera mujer que ocupó la Vicepresidencia del país y de otras congéneres que están siendo procesadas o son señaladas, como la ministra de Comunicaciones, se han visto reforzados esos criterios machistas para descalificar los derechos reivindicados por las mujeres.
Como se ve, en el caso de los cargos públicos, la desigualdad no es únicamente económica, también se expresa discriminando mujeres, ya que la mayoría de la población guatemalteca, nosotras, somos una insignificante minoría en la representación política.
