Un nuevo proyecto de ley impulsado en Egipto por el gobernante Partido de la Libertad y la Justicia, de la Hermandad Musulmana, es más grave aun que anteriores normas que permitieron la represión a la sociedad civil, alertan organizaciones de derechos humanos, informa Cam McGrath (IPS) desde El Cairo.
La legislación autorizaría al gobierno a intervenir en la administración interna y en las actividades de grupos de la sociedad civil, así como a controlar todos sus fondos.
Si es aprobada, señalan críticos, las 41.000 organizaciones no gubernamentales (ONG) de este país del norte de África pasarán en los hechos a ser parte del aparato estatal.
«Todas las ONG egipcias pasarán a trabajar esencialmente bajo la égida del gobierno», explicó a IPS el presidente de la Organización Egipcia por los Derechos Humanos, Hafez Abu Seada. «Pasaríamos a operar, no en forma independiente, sino como agentes del Estado».
Pero la interferencia estatal en los asuntos de las ONG no es algo nuevo, añadió Abu.
El régimen autoritario de Hosni Mubarak (1981-2011) utilizó una amplia y represiva legislación para desalentar a las organizaciones de la sociedad civil a que investigaran denuncias de fraude electoral, abusos a los derechos humanos y torturas.
En 2002, el régimen sancionó la Ley 84, duramente criticada por darle al Estado control sobre la creación de ONG y sus actividades.
El Frente de Salvación Nacional (FSN), el principal bloque opositor de Egipto, acusó al gobierno islamista del presidente Mohammad Morsi de querer imponer restricciones aun más severas a la sociedad civil para silenciar a aquellos que intentan hacerle rendir cuentas.
El proyecto «busca crear una policía estatal», al «darle el papel a los órganos de seguridad de supervisar el trabajo de los grupos de la sociedad civil», señaló el FSN en una declaración.
«Su principal objetivo es impedir que las organizaciones de derechos humanos investiguen abusos bajo el gobierno del presidente Morsi», añade.
Mokhtar El-Ashry, jefe del comité legal del ala política de la Hermandad Musulmana, acusó a la oposición de haber malinterpretado el proyecto de ley, y aseguró que su objetivo es facilitar el trabajo de los grupos de la sociedad civil y «liberarlos de restricciones».
Pero los argumentos de El-Ashry no son convincentes. Críticos señalan que el texto trata a las ONG como instituciones del Estado, y a sus directores y miembros como funcionarios públicos.
El proyecto ordena al gobierno egipcio a intervenir en casi cada detalle del funcionamiento de las ONG, desde su composición y elección de directivos hasta sus competencias y afiliaciones, financiamiento y actividades.
«Esto es completamente contrario a lo que se supone que debe ser una ONG», dijo a IPS el director de programas de una organización sin fines de lucro.
«Si se aprueba, bien podemos terminar preguntándole al señor Morsi cómo quiere que implementemos sus políticas», señaló el activista, que prefirió el anonimato.
Lo más alarmante, según activistas, es que la ley ordena inspecciones administrativas y financieras bimensuales a las ONG y el registro de las reuniones que mantengan sus miembros.
Las organizaciones ven esto como una inminente amenaza a la confidencialidad que necesitan los disidentes políticos, las víctimas de abusos y los denunciantes.
Una cosa positiva, reconoció Abu Seada, es que el proyecto establece un proceso para registrar a las ONG.
Bajo el régimen de Mubarak, las ONG afrontaban grandes dificultades para registrarse, y muchas operaban sin autorización, una situación que el gobierno toleraba, pero que aprovechaba, amenazándolas con el cierre para mantenerlas a raya.
El proyecto de ley establece la creación de un comité de nueve miembros que debe aprobar el registro de grupos de la sociedad civil.
Ese órgano está autorizado a rechazar el registro de cualquier organización que considere inconsistente con las «necesidades» de la sociedad egipcia, un término vago que críticos alertan podría ser usado, por ejemplo, para excluir a grupos que investiguen denuncias de tortura o defiendan los derechos de las mujeres.
El comité también tiene absoluto poder para aprobar o rechazar financiamiento local o extranjero a una ONG.
Cerrar el grifo del financiamiento exterior es una técnica que han utilizado sucesivos gobiernos para presionar a las ONG que incursionan en áreas sensibles, explicó el director de una organización dedicada al desarrollo, que prefirió no dar su nombre.
«Las organizaciones benéficas tienen fuentes locales de financiamiento, pero las ONG que trabajan en temas como democracia y derechos humanos dependen enteramente de fondos externos, y sin ellos deben reducir sus actividades o cerrar», dijo el director.
Casi todo el financiamiento exterior cesó desde 2011, cuando el gobierno militar de transición lanzó una campaña contra la sociedad civil.
«Casi todos las peticiones de financiamiento en el último año y medio fueron rechazados», dijo Abu Seada. «Tuvimos que reducir nuestro personal de 30 a 12, y clausurar muchos de nuestros proyectos. La mayoría de las otras ONG en Egipto afrontan problemas similares».
Negad El-Borai, abogado de activistas por los derechos humanos y la democracia, opinó que el proyecto es un campo minado de obstáculos y pretextos para negar el financiamiento.
Las ONG que intenten participar de actividades que se alejen de las políticas estatales o expongan abusos del gobierno rápidamente se verán hundidas en la burocracia o frente a la justicia, advirtió.
«Pueden negar fondos o cerrar las ONG por cualquier motivo», dijo El-Borai a IPS. «Y si el caso va a la justicia… tenemos que detener todas las actividades hasta recibir el veredicto, y eso toma al menos uno o dos años».
El borrador final del proyecto fue enviado al Consejo Shura, la cámara alta del parlamento. Organizaciones locales e internacionales de derechos humanos temen que ese órgano, dominado por islamistas, se remita a dar su aval al texto.
«Eso sería un desastre» para la sociedad civil, dijo El-Borai. «Hemos presionado mucho por cambios, pero esto queda muy por detrás de los estándares internacionales».
+ Entre otras cosas, la ley podría impedir el funcionamiento de grupos que investiguen denuncias de tortura o defiendan los derechos de las mujeres. Crédito: Cam McGrath/IPS (http://farm9.staticflickr.com/8466/8121349496_22d943de9f_z.jpg)
