El experto independiente1 de las Naciones Unidas sobre la deuda externa y los derechos humanos Juan Pablo Bohoslavsky2 ha pedido a la comunidad internacional poner fin urgentemente al secreto financiero porque «la evasión de impuestos y el flujo de fondos de origen ilícito socavan la justicia y privan a los gobiernos de los recursos necesarios para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales».
La llamada de atención del experto llega en el momento en que documentos filtrados muestran cómo corporaciones, personas adineradas y políticos han sistemáticamente ocultado activos en más de 21 jurisdicciones offshore.
«Los clientes pueden haber tenido motivos diferentes para depositar sus activos en más de 210,000 compañías ficticias (shell companies). Sin embargo, la evasión de impuestos -ocultando la corrupción y los fondos criminales- parece ser una razón preminente», señala Bohoslavsky, autor de un reciente estudio3 sobre los flujos financieros ilícitos presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El experto señaló que las compañías ficticias también han sido utilizadas en el pasado por grupos e individuos para evitar sanciones y ocultar el tráfico de drogas, el comercio ilícito de armas y el terrorismo, así como por gobernantes autoritarios responsables de graves violaciones de los derechos humanos.
«La evasión de impuestos destruye la confianza en las instituciones públicas y el estado de derecho y reduce el espacio fiscal para la inversión en atención de la salud, educación, seguridad social y otros bienes y servicios públicos», dijo el experto independiente. «Fondos públicos esenciales, para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales para todos, son robados a la gente».
La documentación filtrada muestra que muchos bancos e intermediarios financieros no han ejercido la debida diligencia con sus clientes. Algunos de ellos pueden hasta haber ayudado y encubierto el fraude fiscal, la corrupción y otras actividades delictivas. De acuerdo con la investigación ‘Panama papers’, más de 14 000 bancos, bufetes de abogados, creadores de sociedades u otros intermediarios han establecido empresas, fundaciones y fideicomisos para clientes.
Bohoslavsky recordó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoció que los flujos de fondos de origen ilícito privan a muchos Estados de los recursos necesarios para la realización progresiva de los derechos humanos. En una resolución adoptada el mes pasado, el Consejo subrayó la necesidad de transparencia y procedimientos efectivos de debida diligencia de los intermediarios financieros.
La reducción sustancial para el año 2030 de los flujos financieros ilícitos es una meta acordada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El poner freno a este tipo de flujos también fue un acuerdo alcanzado en la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada en julio de 2015 en Addis Abeba.
«Los Estados deben tomar las medidas para cumplir estos compromisos», dijo el experto. Los ‘Panama papers’ ponen de relieve la necesidad de hacer legalmente obligatoria, en todos los países, la divulgación pública de información sobre la titularidad real. Los Estados deben poner fin al perjudicial secreto bancario para el cual no existe ninguna justificación».
«Tenemos que movernos a un sistema global de intercambio automático de información fiscal que asegure que los países en desarrollo pueden beneficiarse de ella en igualdad de condiciones», indicó el experto. «Las instituciones financieras y los intermediarios que facilitan la evasión fiscal, la corrupción u otras actividades criminales deben también rendir cuentas».
De acuerdo con estimaciones del Global Financial Integrity, un think tank basado en Washington, los flujos financieros ilícitos desde países en desarrollo y economías emergentes relacionados con la evasión de impuestos, la delincuencia, la corrupción y otras actividades ilícitas, ascendieron a 1.1 billones de dólares en 2013. Se trata de una importante pérdida de recursos que aumentó durante la última década en una tasa promedio del 6.5 por ciento por año.
- Los Relatores Especiales son parte de lo que se conoce como los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos de determinación de hechos y de control independiente del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
- Juan Pablo Bohoslavsky (Argentina) fue nombrado experto independiente sobre los efectos de la deuda externa y los derechos humanos por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 8 de mayo de 2014. Anteriormente, trabajó como experto de la deuda soberana de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), donde coordinó un Grupo de Expertos sobre el endeudamiento soberano y endeudamiento responsables. Su mandato abarca todos los países y, más recientemente se ha renovado por la resolución 25/16 del Consejo de Derechos Humanos.
- El informe del experto independiente sobre los flujos financieros ilícitos y los derechos humanos está disponible en todos los idiomas de la ONU.
