El Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha requerido a España que responda a la denuncia presentada por Baltasar Garzón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, a través del despacho de abogados Rights in Practice que dirige Helen Duffy, en la que se alega el carácter arbitrario de una serie de investigaciones y enjuiciamientos penales interpuestos contra el juez que llevaron a su inhabilitación.
En la demanda Helen Duffy expone que entre los numerosos casos en los que el Juez Garzón autorizó llevar a cabo investigaciones están los relativos a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el período franquista que a día de hoy continúan impunes, así como casos de corrupción que relacionan a altos cargos del Partido Popular. Ahora el Gobierno español tiene un plazo máximo de seis meses para contestar al Comité de Naciones Unidas, informa Tres de Comunicación.
Baltasar Garzón fue imputado penalmente por estas decisiones judiciales y se abrió contra el magistrado simultáneamente un tercer proceso que había sido archivado en dos ocasiones anteriores y que tras la condena se archivó de nuevo forma inmediata, pues había prescrito tiempo atrás. Esta prescripción era suficientemente conocida por el juez instructor que aun así mantuvo abierto el proceso.
Añade Duffy: “Los procedimientos penales iniciados contra el juez Garzón se fundamentaron exclusivamente en su interpretación y aplicación de la ley. Ello representa una flagrante violación del principio de independencia judicial que deriva del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, asimismo supone la violación de múltiples derechos protegidos por el mencionado Pacto”.
Tras años de investigación, suspensión y enjuiciamiento, en uno de los procedimientos penales instados contra el Juez Garzón éste fue absuelto, mientras que en el otro procedimiento fue condenado. No obstante, las violaciones de sus derechos y el efecto desalentador causado con respecto al principio de independencia judicial no dependen del resultado final de un procedimiento penal.
Apoyo internacional
La denuncia presentada por Human Rights in Practice ha sido respaldada por expertos internacionales[1] del más alto nivel quienes han presentado dictámenes periciales conjuntos.
Los dictámenes examinan una serie de cuestiones que son de relevancia para la determinación del caso por parte del Comité de los Derechos Humanos, incluyendo:
- Los estándares internacionales respecto a la independencia judicial en la que se basa este caso;
- La invalidez de leyes de amnistía y las normas sobre plazos de prescripción aplicables en el derecho internacional y en la práctica, en consonancia con los hechos aplicables del Juez Garzón;
- La interpretación sin precedentes de la Ley de Prevaricación aplicada en el marco de los procedimientos instados contra el Juez Garzón.
A pesar de la notoriedad del caso, que ha sido ampliamente criticado a nivel internacional, el juez Garzón no ha obtenido reconocimiento alguno por parte del Estado Español, no ha habido ningún tipo de reparación, ni tampoco se han desarrollado esfuerzos para garantizar la independencia judicial en el futuro. Sobre esta base, a principios de 2016, el juez Garzón decidió presentar la denuncia ante el Comité de los Derechos Humanos, y ahora, el Estado Español ha sido requerido para responder a la denuncia en el plazo de seis meses.
Los peritos, que son profesores, jueces y expertos en al ámbito internacional son:
Opinión 1: Los Estandares Internacionales sobre la Impunidad
- Dr Mohammaed Ayat
- Prof Tim McCormack
- Prof Juan Mendez
- Prof Pedro Nikken
- Prof Naomi Roht-Arriaza
- Judge Eugenio Raúl Zaffaroni
Opinión 2: Los Estandares Internacionales sobre la Independencia Judicial
- Professor Carlos Ayala
- Judge Azhar Cachalia
- Leandro Despouy
- Frank William La Rue
- Professor Manfred Nowak
- Wilder Taylor
Opinión 3: La Ley de Prevaricación
- Prof. Araceli Manjon-Cabeza Olmeda
Enlaces:
http://periodistas-es.com/baltasar-garzon-siempre-punto-mira-77082
