Facua, Consumidores en Acción critica que el Gobierno de España dé por hecho la nacionalización de las autopistas en quiebra y vuelva a socializar las pérdidas de las empresas que no han sabido gestionarlas.
«Mientras el Ejecutivo evita aprobar medidas que eviten los cortes de luz a las familias más vulnerables sí asume que nacionalizará una deuda multimillonaria para rescatar, una vez más, a bancos y constructoras, que están detrás de la gestión de las autopistas quebradas», ha indicado Olga Ruiz, secretaria general de la asociación.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado en una entrevista en Los Desayunos de TVE que, aunque trabaja en un acuerdo con las empresas gestoras, lo más probable es que las autopistas quebradas reviertan al Estado y éste decida cómo gestionarlas. La cuantía de lo que puede suponer este rescate varía en función de quien haga la estimación y del momento en que se produzca el rescate. La patronal de grandes constructoras Seopan lo ha cifrado en 5500 millones de euros.
Facua considera indignante que, una vez más, sean los ciudadanos quienes tengan que asumir las pérdidas de las empresas que no han sabido gestionar sus activos. «El Gobierno vuelve a priorizar la salvaguarda de los intereses económicos privados de grandes empresas frente a las necesidades de la mayoría de los ciudadanos, atrapados en situaciones de desempleo o trabajos precarios y con créditos hipotecarios abusivos o ante la imposibilidad de pagar servicios básicos como la luz», ha añadido Olga Ruiz.
Facua muestra su total rechazo a que el Ejecutivo asuma las pérdidas de estas carreteras en quiebra porque los seis bancos más importantes (Santander, Bankia, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Banco Popular) y las principales constructoras las hicieron sobreestimando su tráfico, que ha caído en más del 50 % en los últimos años, así como por sobrecostes derivados de las expropiaciones de los terrenos que atraviesan las vías y debido a obras inesperadas.
La asociación recuerda que es la segunda vez que el Estado acude al rescate de las autopistas de peaje. En 1984 se hizo una nacionalización similar para salvar prácticamente a los mismos concesionarios que ahora piden ayuda: bancos y constructoras. Una vez que se sanearon las cuentas y se actualizaron las infraestructuras, en 2003, cuando las autopistas volvían a dar beneficios, se ofrecieron en concesión.
