El abogado de Julian Assange Per Samuelson anunció este miércoles 3 de mayo de 2017 que presentó un nuevo recurso en Suecia contra la orden europea de detención y entrega de su cliente en un caso de violación, debido al riesgo de que Estados Unidos pida su extradición, informa Andes.
El australiano Julian Assange, de 45 años, fundador de la página web WikiLeaks, negó siempre esta presunta violación que se remonta a agosto de 2010.
Assange está refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde junio de 2012, para impedir que Suecia haga realidad su pretensión de arrestarlo para luego ser extraditado a Estados Unidos.
El abogado de Assange, el sueco Per Samuelson, justificó este nuevo recurso por las recientes declaraciones sobre su cliente formuladas por el ministro norteamericano de Justicia, Jeff Sessions.
En abril, Sessions afirmó que Estados Unidos «buscaba llevar a la cárcel a ciertas personas» incluido Assange, cuya detención «es una prioridad». «Vamos a intensificar nuestros esfuerzos y ya estamos redoblando nuestros esfuerzos en todas las filtraciones», dijo entonces.
En tanto, el abogado del periodista e informático afirmó que «esto implica que ahora podemos demostrar que existe una voluntad de Estados Unidos de pasar a la acción (…) Por esta razón, pedimos la anulación de la orden de detención para que Julian Assange pueda volver a Ecuador y beneficiarse del asilo político que ha sido acordado».
«Esta mañana hemos presentado un recurso de anulación en el tribunal de Estocolmo», precisó, pero estimó que podrían demorarse de «dos a tres semanas» en pronunciarse.
Assange denunció en este caso una maniobra para extraditarlo a Estados Unidos y encarcelarlo por la publicación de documentos militares y diplomáticos confidenciales.
El fundador de Wikileaks ha multiplicado los recursos frente a la justicia sueca desde los inicios del caso pero ha perdido sistemáticamente, ocho veces en total, bien en primera instancia, apelación o ante el Tribunal Supremo.
Los jueces han rechazado, entre otros, tener en cuenta la opinión del grupo de trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria en febrero de 2016, que recomendaba poner fin a esta orden de arresto europeo.
