Una coalición de 330 representantes de la sociedad civil y de los ámbitos cultural, jurídico, académico y periodístico han entregado una carta en la que se insta a los grupos parlamentarios a no ratificar el tratado comercial de la Unión Europea con Canadá (CETA) al no estar al servicio del interés público, informa la redacción de Pressenza[1] en Madrid.
El texto incluye las firmas de los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez; CCOO, Ignacio Fernández Toxo; CGT, José Manuel Muñoz y de la Unión Sindical Obrera, Julio Salazar, así como de integrantes de organizaciones de consumidores como la secretaria general de FACUA, Olga Ruíz, jueces como Baltasar Garzón y la vocal Blanca Padrós del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, y académicas como la catedrática universitaria Lina Gálvez.
También apoyan la carta organizaciones como Amigos de la Tierra, ATTAC, Ecologistas en Acción y Greenpeace.
La carta está dirigida a los grupos parlamentarios a favor del tratado –PDECat, PNV, Ciudadanos y PP– que en los próximos días tendrán que votar en el Congreso de los Diputados sobre la ratificación del Acuerdo de Comercio entre Canadá y Europa.
La carta también se envía al Partido Socialista, donde se le pide que la decisión final de su grupo parlamentario sea votar en contra del CETA. A esta petición se han sumado a través de Twitter miembros de los partidos socialdemócratas francés, inglés y canadiense solicitando al PSOE cambiar la abstención por una postura más clara de rechazo.
El texto subraya las preocupaciones crecientes sobre este tratado, reflejado en el elevado número y en la gran diversidad de personas y organizaciones firmantes.
La campaña No al TTIP, CETA y TiSA, impulsora de esta iniciativa, afirma que “la gente de Europa no quiere un tratado que solo beneficia a las grandes corporaciones y que amenaza nuestro frágil planeta y nuestros derechos fundamentales. Llamamos a los grupos parlamentarios a representar a la ciudadanía y a rechazar cualquier acuerdo que no esté al servicio del interés público. La avaricia corporativa no debe estar por encima de nuestros derechos”.
La carta recuerda los principales defectos del tratado y demanda:
- Un periodo de información y debate público en el que se consulte a todas las partes afectadas por el CETA.
- La democratización de los procesos de toma de decisión, tanto para el CETA como para futuros acuerdos de comercio y de inversión de la Unión Europea.
- La exclusión de cualquier mecanismo de resolución de conflictos entre estados e inversores (como el ICS en el CETA) que garantizan a las corporaciones un sistema judicial paralelo para demandar a los gobiernos.
- Garantías claras que defiendan los estándares sociales y ambientales en el CETA.
- Ningún órgano de Cooperación Reguladora que pueda someter a una revisión permanente nuestras regulaciones actuales o futuras.
- Ninguna privatización de nuestra salud, educación u otros servicios públicos.
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