El 26 de junio se conmemora el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Coincidiendo con esa fecha, más de 42.000 personas de 120 países, a través de Amnistía, han instado al presidente Peña Nieto a combatir en México la tortura y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Quienes se han sumado a esta petición resaltaron el caso de Miriam López, quien fue torturada por elementos del Ejército en el Estado de Baja California en 2011. Esta mujer ha tenido la valentía de denunciar a sus torturadores, militares que la sometieron a violencia sexual y asfixia entre otros medios de tortura.
“Todavía creo que fue un mal sueño, una pesadilla. Trato de vivir los días normalmente pero siempre tengo el temor hacia mí, a mi familia, a que les vayan a hacer algo, siempre estoy a la defensiva esperando cuando van a venir a hacerme algo porque nunca esperé que me pasara lo que me pasó, y me pasó”, ha asegurado Miriam.
A pesar de la valentía de muchas personas como ella, Amnistía Internacional se encuentra profundamente preocupada de que la Procuraduría General de la República mexicana aún no haya concluido una investigación que permita procesar a los torturadores. Después de 18 meses con una averiguación abierta y una cantidad de pruebas sobre el lugar de los hechos y la identidad de los presuntos responsables, el caso sigue sin resolverse.
En noviembre del año pasado, el Comité de la ONU contra la Tortura hizo importantes recomendaciones al Estado mexicano, pero hasta el momento no se han implementado de manera efectiva. Es evidente la falta de una política de Estado para combatir este flagelo, aseguran desde la organización.
El número de víctimas de tortura ha aumentado dramáticamente en el país desde 2006, debido a una política de seguridad pública que ha combatido la violencia del crimen organizado sin tomar acciones efectivas para proteger los derechos humanos.
“La impunidad en estos casos sigue siendo casi absoluta, lo cual parece enviar el mensaje de que la tortura es una práctica tolerada por las autoridades y, por tanto, pone a más personas en riesgo de sufrirla cada día” ha asegurado Daniel Zapico, responsable de Amnistía México.
Entre otras medidas, el Comité de la ONU contra la Tortura ha pedido que en México se elimine el arraigo (figura que permite detener sin garantías jurídicas), se garantice que toda persona detenida sea puesta rápidamente a disposición de un juez o Ministerio Público, se rechace como prueba cualquier testimonio obtenido bajo tortura, y que se investigue de forma inmediata e imparcial toda denuncia de tortura.
A través de esta petición, decenas de miles de activistas recuerdan a las autoridades mexicanas sus obligaciones y hacen un llamamiento para que cumplan de forma pronta y efectiva las recomendaciones del Comité contra la Tortura. Ésta será la única manera de lograr que casos como el de Miriam nunca más vuelvan a repetirse.
