La oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) insta que «los procesos electorales nacionales de Venezuela sean transparentes, inclusivos y participativos», cuando despunta la carrera para la elección presidencial del 28 de julio, informa la IPS desde Ginebra.
La alta comisionada adjunta, Nada al Nashif, dijo que en Acnudh «preocupan mucho las medidas para restringir indebidamente el espacio cívico y democrático, incluidos los casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de los partidos de oposición».
En la elección de julio, el presidente Nicolás Maduro se presentará como candidato para buscar un tercer mandato de seis años, mientras que la aspirante opositora y favorita de las encuestas, María Corina Machado, ha sido inhabilitada para competir.
Lal llamada de Acnudh calza con la de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, varios países sudamericanos y organizaciones de derechos humanos con presencia internacional, para que en los comicios venezolanos se permita la participación de todo el espectro político.
Al Nashif advirtió de que «los derechos humanos, como la libertad de expresión, reunión y asociación, y un entorno seguro, son condiciones esenciales para los procesos electorales, y deben protegerse».
Desde el jueves 21 hasta el lunes 25 de marzo, los partidos políticos tienen oportunidad de presentar sus candidaturas presidenciales, pero están inhabilitados la mayoría de los que organizaron una elección primaria el pasado octubre y en la cual Machado fue escogida como abanderada con una votación abrumadora.
En el ínterin han sido arrestados cinco dirigentes de la agrupación de Machado «Vente Venezuela»; los desplazamientos de la aspirante por el interior del país han sido obstaculizados por grupos oficialistas, y se ha detenido bajo acusaciones de conspiración y terrorismo a activistas opositores y defensores de derechos.
Las llamadss de Al Nashif hacen parte de la periódica actualización oral de Acnudh, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en esta ciudad suiza, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
La responsable expresó su pesar por la suspensión de las actividades de Acnudh en Venezuela, cuya oficina fue cerrada el pasado 15 de febrero por orden expresa del presidente Maduro, porque durante la actuación de la oficina en Caracas «hubo cambios positivos, aunque aún queda mucho por hacer».
Citó como ejemplo el hecho de que Acnudh no ha registrado incidentes de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, durante las protestas relacionadas con el disfrute de los derechos sociales y económicos que han persistido durante el último año.
Sin embargo, añadió que los defensores de derechos humanos siguen enfrentándose a la represión, y mencionó a Javier Tarazona, preso desde hace tres años tras denunciar complicidades en la infiltración de irregulares colombianos, y Rocío San Miguel, quien dirigía un observatorio sobre temas de seguridad y defensa.
Informó de que, desde enero de 2023, su oficina ha documentado dieciocho casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad en el contexto de la detención.
«Esas personas fueron detenidas por funcionarios del Estado y permanecieron incomunicadas durante horas o incluso semanas. Durante ese período, hubo una negativa a reconocer la privación de libertad o el ocultamiento del destino o su paradero», precisó Al Nashif.
Agregó que la mayoría de las personas enfrentaron luego cargos relacionados con conspiración, terrorismo, asociación criminal, traición y lavado de dinero.
Pidió que las autoridades se abstengan de adoptar el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines en Venezuela, porque incluso «podría impedir la entrega de ayuda y asistencia humanitaria vital».
Finalmente, Al Nashif también reiteró que las sanciones sectoriales (impuestas de forma unilateral por Estados Unidos) han exacerbado los problemas preexistentes y tenido un impacto negativo en los segmentos más vulnerables de la población.
«Una vez más, hay que levantar las sanciones» unilaterales, concluyó.
