Las sanciones impuestas por Estados Unidos a la Corte Penal Internacional (CPI) han intensificado el riguroso aislamiento de los jueces y funcionarios afectados del alto tribunal con sede en La Haya, informa Thalif Deen (IPS) desde Naciones Unidas.
Según detalló en una entrevista con Le Monde el juez francés Nicolas Guillou, a los jueces de la CPI sancionados, entre ellos él mismo, también se les niega el acceso a sitios web y tarjetas de crédito estadounidenses.
«Las sanciones, impuestas por Estados Unidos después de que la CPI emitiera órdenes de detención contra funcionarios israelíes acusados de crímenes de guerra en Gaza, han afectado gravemente a la vida cotidiana y a las actividades profesionales de las personas sancionadas», adujo.
El juez Guillou ha descrito su situación como «un veto económico en la mayor parte del planeta», lo que le obliga a llevar un estilo de vida que recuerda a la era anterior a la irrupción de internet.
Además de a Nicolas Guillou, EEUU impuso sanciones a al también juez de la CPI Kimberly Prost, y a dos fiscales adjuntos, Nazhat Shameem Khan y Mame Mandiaye Niang.
Las sanciones prohíben a los cuatro entrar en Estados Unidos y bloquean sus activos en ese país.
Sobre esta denuncia, el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, reconoció que «lamentablemente, no es la única persona vinculada a la CPI que ha sido objeto de sanciones unilaterales».
Como saben, la CPI es independiente de la Secretaría Geeral de la ONU, recordó.
Dicho esto, adujo, «creemos que la Corte Penal Internacional es un elemento muy importante del sistema de justicia internacional. Fue creada por los Estados miembros. No creemos que sus miembros deban ser objeto de sanciones unilaterales, que, en mi opinión, como dice el artículo y como sabemos, tienen un profundo impacto en las personas y sus familias».
Establecido en 1998, el CPI es un tribunal internacional permanente, autónomo de cualquier otro poder, que se rige por el estatuto de Roma, suscrito por 125 países, y se compone de dieciocho jueces. Su misión es la de enjuiciar a personas acusadas de cometer delitos colectivos, como genocidio, guerra, agresión armada o crímenes de lesa humanidad.
Se diferencia así de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, creado en 1945, que procesa litigios entre y con sus Estados miembros y que también tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos.
Las sanciones de Estados Unidos a la CPI las impuso el presidente Donald Trump en febrero, por ordenar la detención del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes en Gaza.
La fiscal adjunta Nazhat Shameem Khan, quien se dirigió al Consejo de Seguridad sobre la situación en Libia el 25 de noviembre, también abordó la vida bajo las sanciones de Estados Unidos.
Señaló que se ha avanzado hacia la justicia en Libia a pesar de los «obstáculos sin precedentes a los que se enfrenta la Corte».
«Debo dejar claro que las medidas coercitivas y los actos de intimidación contra la CPI, la sociedad civil y otros socios de la justicia no benefician a nadie más que a aquellos que desean beneficiarse de la impunidad en Libia y en todas las situaciones que abordamos», afirmó.
A su juicio, «son las víctimas de asesinato, violencia sexual, tortura y otros delitos graves que aborda nuestra Corte las que más tienen que perder con estas medidas coercitivas».
«Creo firmemente que esa no es una postura que sea bienvenida por ningún miembro de este Consejo (de Seguridad), y espero sinceramente que podamos reconstruir un terreno común entre nosotros para actuar de forma colectiva y eficaz contra los crímenes atroces», afirmó Khan.
Mientras tanto, la Asociación Internacional de Abogados (IBA) ha condenado la imposición de sanciones adicionales contra los jueces y funcionarios de la CPI por parte de la administración estadounidense como un ataque contra el Estado de derecho mundial y la independencia de los jueces, y pide a todos los Estados Partes de la CPI que adopten medidas para proteger a la Corte.
El presidente de la IBA, Jaime Carey, ha declarado que «los jueces y fiscales deben poder llevar a cabo su trabajo sin temor a represalias. La IBA sigue defendiendo la independencia de los jueces y abogados, un principio fundamental del Estado de derecho».
La IBA ha condenado las sanciones contra los jueces y funcionarios de la CPI como un ataque al Estado de derecho mundial y a la independencia de los jueces, y ha pedido a todos los Estados Partes de la CPI que tomen medidas para proteger a la Corte.
Con la opinión pública de su lado, a veces, la simple amenaza de una reacción política negativa puede hacer que la administración Trump reconsidere su postura señala la IBA, que apuesta por una combinación de presión diplomática internacional y controles políticos o jurídicos internos de Estados Unidos para contrarrestar este tipo de medidas.
James E. Jennings, presidente de Conscience International, dijo a IPS que la administración Trump es buena en dos cosas: «alardear y distraer la atención del tema principal que nos ocupa».
Federica D’Alessandra, copresidenta del Foro sobre el Estado de Derecho de la Asociación Internacional de Abogados, afirmó que «la medida ha paralizado casi por completo las operaciones diarias del tribunal, lo que suscita preocupaciones existenciales sobre su futuro».
A su juicio, Trump ha utilizado el miedo durante años para hacer retroceder a sus enemigos y desde febrero «está tratando de intimidar a los jueces con un comportamiento mafioso».
Pero añadió que a la larga no funcionará, porque Trump no estará ahí para siempre, la estrategia está funcionando actualmente para retrasar, retrasar y retrasar la justicia.
Según un conocido eslogan, la justicia retrasada podría muy bien ser, en este caso, justicia denegada. Al imponer sanciones a los cuatro integrantes de la CPI, Trump y los suyos han echado arena en las ruedas de la responsabilidad internacional.
Aunque la técnica es «contra bonos mores (contraria a la moral decente)», tal y como se estableció hace mucho tiempo en el Derecho Romano, podría funcionar en este caso porque amenaza con entorpecer el funcionamiento del orden internacional, señaló.
«El derecho internacional es el único mecanismo que puede regular verdaderamente la sangrienta ley de la selva del orden natural. Vean algunos vídeos de los depredadores alfa en acción en la selva y comprenderán el daño que una dictadura sin regulaciones como la de Rusia puede causar a la vida civil y a las infraestructuras tanto en Ucrania como en Rusia», dijo Jennings.
Y añadió: «El régimen militar ‘loco’ del Likud (el partido de derecha extrema de Netanyahu) israelí es aún peor, porque al menos Rusia no ha atacado a seis naciones».
Mientras tanto, según una descripción general de la inteligencia artificial, los impactos específicos para los integrante del CPI sancionados incluyen:
- Servicios financieros:
Se les han desactivado todas las cuentas de las principales empresas de tarjetas de crédito estadounidenses, como Visa, Mastercard y American Express. Algunos bancos no estadounidenses también han cerrado sus cuentas debido al alcance global de las sanciones de Estados Unidos. - Servicios en línea:
Se les ha cancelado el acceso a las cuentas de las empresas tecnológicas y de comercio electrónico estadounidenses. Esto incluye servicios como Amazon, Google, Apple, Airbnb y PayPal. - Viajes y reservas:
Se les han cancelado las reservas en línea de hoteles y servicios de viaje. Por ejemplo, una reserva de hotel hecha en Expedia para un destino dentro de Francia fue cancelada horas más tarde debido a las sanciones. - Comercio general:
El comercio en línea se les ha vuelto casi imposible porque no se puede saber si un producto o su embalaje involucra a una entidad estadounidense.
Estas medidas prohíben efectivamente a cualquier persona, empresa o filial extranjera estadounidense prestar servicios a las personas sancionadas sin la autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
