La Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala APG condena enérgicamente los actos de represión por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio Público (MP) hacia los diarios El Periódico y La Hora, debido a publicaciones que contienen críticas hacia el ente investigador.
Las resoluciones de la CSJ para para investigar a El Periódico y la solicitud de la Fiscalía de Delitos Administrativos para que un exreportero de La Hora declare por una nota, publicada hace más de dos años, carecen de fundamentos y simplemente son acciones represivas hacia estos dos medios y sus integrantes, debido a las investigaciones por actos de corrupción en la administración pública, que abarca a los tres organismos del Estado y las críticas hacia la manipulación de la justicia por parte de la fiscal general, Consuelo Porras, para proteger al presidente Alejandro Giammattei y a exfuncionarios de este gobierno.
Con estas acciones, los magistrados de la CSJ, que permanecen en el cargo dos años después que debieron cesar, y la fiscal general, Consuelo Porras, recientemente designada en la Lista Engels por socavar la democracia y obstruir investigaciones sobre actos de corrupción, pretenden continuar minando la libertad de expresión en Guatemala y enviar un mensaje amedrentador hacia la prensa en general.
Los magistrados y la Fiscal General, como «personas de derecho», deben recordar que «todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales», como lo establece el Punto ocho sobre la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Estos graves actos han abierto las puertas a una criminalización en general hacia los medios de comunicación, periodistas y generadores de opinión que continuamente evidencian y denuncias las acciones ilícitas, actos de corrupción y manipulación de la justicia por parte del presidente Giammattei, los magistrados de las altas cortes que responden a sus intereses, el Congreso de la República y la Fiscal General. A la vez puede generar un efecto inhibidor en la sociedad civil para aplastar las críticas hacia el poder público.
La APG sostiene que «las acciones de la Fiscal General y la CSJ son una alerta más sobre los pasos agigantados que las autoridades y políticos están dando para convertir a Guatemala en un país autoritario, en el que la oposición y las críticas sean aplacadas con la cárcel, el exilio e incluso la muerte».
