La asociación española Jueces para la Democracia (JpD) ha emitido un comunicado alarmada por las injerencias políticas que socavan la confianza de los ciudadanos en la dedicación de jueces y fiscales en la persecución de delitos de fraude y corrupción política y económica.
Jueces para la Democracia argumenta esta alarma en que el Centro de Investigaciones Sociológicas destaca que, a la hora de identificar los tres principales problemas que existen actualmente en España, la ciudadanía señala de forma repetida e invariable en los últimos años, primero el paro y en segundo lugar la corrupción y el fraude, por delante de los problemas de índole económica.
Además, España figura como el tercer Estado europeo donde un mayor porcentaje de personas percibe que la justicia no es independiente. Hasta un 58% de los españoles la consideran como «mala» (39%) o «muy mala» (19%), lo que supone que sólo dos de los 28 países están peor: Bulgaria y Eslovaquia. Según el informe anual sobre el estado de la justicia en los países de la UE que elabora la Comisión Europea, son las “interferencias y presiones del Gobierno y políticas” el primer motivo de la percepción de la falta de independencia aducido por la ciudadanía.
También en el cuarto ciclo de evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción de la Unión Europea (GRECO) de julio de 2016 se recuerda que el 75 % de los jueces y juezas considera que el Consejo General del Poder Judicial de España no protege suficientemente el principio de independencia judicial, y que las autoridades políticas no deben intervenir en un ningún estadio de designación de la magistratura ni de la fiscalía.
Para JpD, estos datos no están desconectados con la realidad: «son innumerables los casos de corrupción de los que se han hecho especial eco los medios de comunicación social lo que ha influido intensamente en la percepción ciudadana, generando en la sociedad española un estado general de indignación. A raíz de investigaciones en curso son constantes las noticias donde aparecen los representantes del poder político maniobrando para que se designe o aparte a un juez o a un determinado fiscal de investigar delitos de corrupción política, o nombramientos en puestos claves de la Fiscalía que parecen no responder a los principios de mérito y capacidad sino a la mayor conexión y apego al poder político».
JpD añade a este estado de opinión ciudadana «las inopinadas declaraciones del Ministro de Justicia, Sr. Català, tomando partido en procesos penales en curso o calificando de ‘anomalías’ procesos de decisión de la Fiscalía, perfectamente reglados y regulados por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Poniendo de manifiesto, una vez más, su férrea concepción jerarquizada y dependiente del Ministerio público».
Para la asociación de jueces, estas injerencias socavan la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia y lastran la credibilidad de actividad diaria de jueces y fiscales en la persecución de los delitos.
Y «ante las inaceptables interferencias del poder político en la independencia de nuestros tribunales», sostiene que «ha de ser criticada la inacción y el silencio del Consejo General del Poder Judicial, máxime cuando es el órgano que precisamente tiene por misión fundamental defender la independencia de los jueces».
Junto a esas presiones e injerencias JpD considera obligado asimismo denunciar «la falta de medios personales y materiales en nuestra Administración de Justicia para combatir la corrupción. A la reiteradas veces denunciada falta de jueces y fiscales, llamar la atención sobre las recientes declaraciones de un jefe de la UCO quien aseguró en una entrevista a un medio de comunicación que se veían obligados a rechazar casos por falta de medios».
En este escenario, Jueces para la Democracia sostiene que resulta imprescindible alejar a la justicia de toda sospecha de parcialidad o manipulación, reclamando un poder judicial fuerte e independiente y una fiscalía dotada de una autonomía funcional y sin dependencias externas que les haga inmunes a las injerencias y presiones del Gobierno o de los partidos políticos.
