Amnistía Internacional ha publicado una comunicación en la que denuncia una vez más la persistencia de expulsiones ilegales por parte de las autoridades españolas, así como la desprotección de las personas que podrían estar huyendo de abusos de derechos humanos en sus países de origen, como se ha constatado en los últimos intentos de entrada y la llegada de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas a las costas españolas y a Melilla.
AI recuerda a las autoridades españolas que las expulsiones sumarias y colectivas, como las que se están produciendo en Melilla, están prohibidas por tratados internacionales como el Protocolo IV del Convenio Europeo de Derechos Humanos. También incumplen la legislación española de extranjería, al privar a las personas migrantes de un proceso con garantías, que permita identificar de manera individualizada si estas personas necesitan protección internacional.
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España lamenta que «las autoridades sigan primando la protección de las fronteras por encima de la protección de las personas», y recuerda que «no es válida la argumentación de las autoridades españolas, que señalan que el espacio entre la doble valla no es territorio español y por tanto no es necesario aplicar la legislación española, para justificar este tipo de expulsiones”, como también lo ha señalado el Defensor del Pueblo.
Amnistía Internacional denuncia que en los últimos días han llegado a las costas españolas centenares de personas, entre las que podría haber personas con necesidad de protección internacional, al proceder de países en conflicto, con grave inestabilidad política, o donde se producen graves violaciones de derechos humanos como República Centroafricana, Sudán del Sur, Chad, República Democráctica del Congo, Mali, Camerún o Nigeria.
La mayor parte de estas personas han sido alojadas provisionalmente en dos polideportivos de Tarifa. Y aunque están recibiendo asistencia humanitaria, no reciben información sobre sus derechos, no cuentan con traductores o asesoramiento legal desde el primer momento que les pueda aclarar cuál es su situación, no existen mecanismos adecuados para identificar a solicitantes de asilo, y tampoco se ha facilitado el acceso de organizaciones especializadas a las instalaciones que puedan hacerlo.
Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que, en consecuencia:
- Terminen con las prácticas de expulsiones ilegales y apliquen la legislación de la ley de extranjería y las normas internacionales, también en el espacio entre las dos vallas. Y rindan cuentas ante las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en nuestras fronteras.
- Garanticen el derecho de asilo, estableciendo mecanismos adecuados que permitan identificar a personas con necesidades de protección internacional, asegurando la presencia de traductores, y facilitando el acceso de las organizaciones especializadas que puedan informarles de cuáles son sus derechos.
