Una furgoneta de Amnistía Internacional con un megáfono recorre hoy las calles de Madrid pasando frente a los Ministerios de Sanidad, Interior y Fomento, así como el Congreso de los Diputados, emitiendo los mensajes de voz de más de 1.400 personas que exigen a Mariano Rajoy y su Gobierno que deje de recortar en derechos humanos como la vivienda, la sanidad o la manifestación pacífica.
“En tiempos de crisis hay que proteger los derechos de los más vulnerables, no recortarlos”; “El derecho a la salud hace justicia”; “Manifestarse pacíficamente no debería ser peligroso” “Los derechos humanos ni se golpean ni se silencian”, etc, son algunos de los mensajes de voz recogidos en las calles de más de 30 ciudades de toda España como Barcelona, Vitoria-Gasteiz, Vigo, Granada o Zaragoza por los activistas de Amnistía Internacional en los últimos meses.
A media mañana, la furgoneta se ha dirigido al Palacio de la Moncloa para entregar, junto a los mensajes de voz, 65.000 firmas recogidas también a través de su centro de activismo on line: www.actuaconamnistia.org con un mensaje claro dirigido a las autoridades: “Hasta que nos escuchen, nos van a oír”
Esta acción forma parte de una campaña de Amnistía Internacional en la que también han participado algunas voces conocidas como Chenoa, Ariel Rot, Rubén Pozo, Luis Auserón, o la cantante de rap, Vanexxa.
No son recortes, son violaciones de derechos
Cientos de miles de personas hacen frente a ejecuciones hipotecarias en España; la reforma en el sistema de salud ha dejado sin tarjeta sanitaria a 873.000 personas inmigrantes en situación administrativa irregular; y muchas personas sufren el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía cuando se manifestan pacíficamente o son estigmatizadas si pertenecen a determinados movimientos sociales.
“No se trata de recortes sociales, sino de de violaciones de derechos humanos y eso es algo inadmisible e innegociable. Un gobierno no puede permitir que una persona se quede en la calle como consecuencia de un desalojo si no tiene medidas para proveerse de otra vivienda, que cientos de miles de personas vean en peligro su acceso a la atención sanitaria gratuita o que quienes estén en contra de las medidas que toma ese mismo Gobierno, no puedan manifestarse pacíficamente para protestar. Si lo permite, la crisis económica pasa a ser de derechos humanos”, asegura Eva Suárez-Llanos directora adjunta de Amnistía Internacional en España.
La organización recuerda así que el Estado debe cumplir obligaciones de derechos humanos contraídas internacionalmente a la hora de diseñar las medidas de respuesta a la actual crisis económica. Asimismo, considera que se debe reforzar la protección de las personas más vulnerables en lugar de recortar sus derechos.
En ese sentido, Amnistía Internacional exige que el Gobierno:
- Modifique el Real Decreto-Ley 16/2012, para garantizar la atención sanitaria a todas las personas, con independencia de su situación administrativa.
- Garantice que los desalojos se llevan a cabo como último recurso, establezca las necesarias salvaguardias de derechos humanos que deberán cumplirse en el marco de los mismos y prohíba los desalojos forzosos, es decir, aquellos que nos las respetan.
- Haga cumplir a las fuerzas de seguridad del Estado las normas internacionales sobre la actuación de la policía, y garantice investigaciones exhaustivas, imparciales y efectivas sobre todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, y asegure que los agentes de policía van identificados de manera visible.
- No adopte limitaciones al derecho a la manifestación pacífica, ni realice declaraciones que estigmatizan a colectivos que reivindican legítimamente sus derechos.
- No ponga en marcha cambios legislativos sin consultar con la sociedad civil, como los que sugiere el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que pueden suponer trabas adicionales al derecho de reunión pacífica.
