Amnistía Internacional ha hecho público un comunicado este 20 de junio de 2019 en el que exige al nuevo gobierno que resulte tras las elecciones del pasado abril en España que deje atrás las políticas migratorias ambiguas y apueste claramente por proteger los derechos de estas personas.
Este jueves 20 de junio se conmemora el Día Mundial de las Personas Refugiadas y la llamada de atención de Amnistía se produce ante el inicio del verano, momento en que las llegadas de personas migrantes y refugiadas aumentan,
“El nuevo gobierno tendrá que decidir si sigue manteniendo una posición ambivalente en sus políticas migratorias o si da un paso al frente para proteger de manera adecuada a las personas migrantes y refugiadas y cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
“Pedro Sánchez aseguró que derogaría la denominada Ley Mordaza, y queremos ver cómo, al menos, se lleva a cabo una reforma en la que, entre otros aspectos, se elimine la disposición que permite llevar a cabo devoluciones en caliente, prohibidas por el derecho internacional”. Solo en 2018 España devolvió “en caliente” a 658 personas.
La organización recuerda, además, que Marruecos no es país seguro para estas personas, ya que en territorio marroquí se producen numerosas violaciones y abusos. Entre otros, la policía marroquí ha llevado a cabo grandes redadas discriminatorias en barriadas de varias ciudades, especialmente en las zonas cercanas a la frontera española, donde viven personas refugiadas y migrantes, a las que dejan después abandonadas en zonas remotas, y, en ocasiones, son detenidas arbitrariamente.
Amnistía considera que la aplicación del Acuerdo de 1992 entre España y Marruecos es una muestra más de unas políticas de externalización que pretenden hacer de países como Marruecos o Libia, “guardianes” para contener la migración y mantener Europa cerrada a cal y canto. Al amparo de la aplicación de este acuerdo, España ha llevado a cabo devoluciones exprés a Marruecos de decenas de personas en las que, debido a la celeridad con que se llevan a cabo, difícilmente pueden garantizar el acceso a un procedimiento individualizado con todas las garantías, y por tanto, a una asistencia letrada y de intérprete de calidad.
Por otro lado, reconoce Amnistía, el gobierno de Sánchez ha mantenido a nivel europeo un discurso solidario en términos de acogida de personas refugiadas y ha llevado a cabo a cabo algunas medidas positivas en materia migratoria, como la acogida de más de 600 personas rescatadas por el Aquarius y que quedaron a la deriva cuando Italia y Malta se negaron a permitir su atraco. Sin embargo, anuncios esperanzadores, como el de la retirada de las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla no se han llegado a materializar mientras que se han tomado medidas preocupantes, como la decisión de impedir la salida de dos barcos, el Open Arms y el Aita Mari, bloqueados en los puertos de Barcelona y Pasaia respectivamente durante más de tres meses sin poder seguir sus labores de salvamento y rescate.
Además, las solicitudes de asilo en España se encuentran colapsadas: según cifras de Eurostat, en marzo de 2019 España tenía pendientes de resolver más de 100 000 solicitudes de protección internacional. En ese sentido, el nuevo gobierno debe poner especial atención en las personas más vulnerables y que pueden ser potenciales solicitantes de asilo: mujeres víctimas de violencia de género, incluidas las víctimas de trata con fines de explotación sexual o laboral, menores o personas LGBTI.
“España tiene que ser de una vez por todas un país de acogida en el que las personas refugiadas puedan solicitar asilo y tengan acceso a una verdadera protección. No es solo una cuestión de solidaridad, es una obligación que tienen todos los Estados firmantes de tratados internacionales como la Convención de Ginebra”, declara Beltrán.
“España puede y debe proteger a quienes huyen de la violencia, la guerra y la persecución. No es tan complicado: la solución pasa por establecer rutas legales y seguras para que estas personas no se jueguen la vida en viajes peligrosos”. Una de esas iniciativas, el denominado patrocinio comunitario, ya se ha puesto en marcha en el País Vasco. Se trata de un sistema que permite a los ciudadanos y ciudadanas organizarse y recaudar dinero para traer a personas refugiadas a su país y contiene una vía para conseguir la nacionalidad. Este sistema implica prestarles apoyo el primer año, especialmente en temas como el alojamiento, la escuela, y el centro médico, así como ayudarlas con las solicitudes de empleo y la formación.
Migraciones y derechos humanos
A pesar de que el número total de llegadas de personas migrantes y refugiadas a la Unión Europea ha bajado de 200 000 en 2017 a 150 000 en 2018, lo cierto es que el número global de personas que han tenido que desplazarse por la guerra y la persecución continúa siendo el más elevado desde la Segunda Guerra Mundial.
En 2018, España se ha convertido en la principal vía de entrada a Europa, con un total de 57 000 llegadas (el doble que en 2017), por delante de Grecia e Italia (donde llegaron 56 500).
La Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA) acaba de publicar su último informe, en el que, entre otros aspectos, analiza cómo se están vulnerando algunos derechos humanos en las fronteras.
Entre otros aspectos, recuerda que numerosos países han violado el principio de no devolución (por el que se prohíbe retornar a personas a un país donde corran el riesgo de ser torturados, o recibir tratos inhumanos o degradantes), como Bulgaria, Hungría, Croacia y Grecia, además de España mediante las mencionadas devoluciones en caliente.
Asimismo, la FRA denuncia las dificultades para solicitar asilo en las oficinas de asilo de los enclaves españoles en frontera con Marruecos para todas las nacionalidades excepto las personas que proceden del norte de África y Oriente Medio, ya que las autoridades marroquíes interceptan al resto de nacionalidades antes de que lleguen a la frontera.
Amnistía Internacional tiene en marcha una ciberacción para exigir el fin de las devoluciones en caliente.
