Amnistía Internacional ha hecho público un informe sobre el sistema de “tutela” masculina que controla las vidas de las mujeres en Jordania y limita su libertad personal, en el que concluye que las autoridades jordanas deben dejar de colaborar en su aplicación.
El informe: Imprisoned women, stolen children: policing sex, marriage and pregnancy in Jordan, documenta cómo las mujeres acusadas de salir de su casa sin permiso o mantener relaciones sexuales extramatrimoniales corren peligro de ser detenidas y sometidas a humillantes “pruebas de virginidad” si sus familiares varones lo denuncian a las autoridades.
Las mujeres embarazadas fuera del matrimonio también se enfrentan a la separación forzosa de sus recién nacidos.
“El gobierno jordano debe abordar urgentemente estos vergonzosos abusos contra los que las organizaciones nacionales de mujeres llevan decenios luchando, empezando por el asiduo uso que los gobernadores provinciales hacen de sus poderes de detención, y por el discriminatorio sistema de tutela masculina que permite detener a mujeres adultas por salir de casa sin permiso”, ha manifestado Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“En los últimos años, el gobierno ha adoptado varias medidas importantes de reforma para abordar la violencia de género, entre ellas la apertura del refugio de Dar Amneh para mujeres en situación de riesgo, pero ya es hora de poner fin a la detención y los malos tratos de mujeres simplemente por desobedecer a sus tutores masculinos o transgredir las normas de género”.
Para el informe, Amnistía Internacional entrevistó a un total de 121 personas en Jordania entre junio de 2018 y octubre de 2019. La organización se reunió también con diez autoridades gubernamentales en febrero de 2019 y compartió con el primer ministro conclusiones clave de su investigación. La respuesta del gobierno jordano, recibida el 14 de octubre de 2019, se incluye como anexo al informe.
Encarceladas por desobedecer la autoridad masculina
Los gobernadores provinciales en Jordania utilizan indebidamente una draconiana legislación, la Ley de Prevención del Delito, para detener administrativamente a decenas de mujeres en un momento dado. La respuesta de la Oficina del Primer Ministro a Amnistía Internacional decía que hay 149 mujeres en detención administrativa, y que se había liberado de la detención administrativa a 1259 mujeres durante los seis primeros meses de 2019. Las mujeres están detenidas por una serie de motivos, entre ellos “ausentarse” de casa sin el permiso de su tutor masculino o mantener relaciones sexuales extramatrimoniales (zina).
La Oficina del Primer Ministro dijo a Amnistía Internacional que, hasta ahora, en 2019 se ha detenido administrativamente a 85 mujeres por zina, pero negó que se hubiera privado de libertad a mujeres por “ausentarse”, a menos que fueran también sospechosas de otro delito adicional.
Sin embargo, la documentación reunida por Amnistía Internacional y el trabajo de abogados y abogadas jordanos muestra que los gobernadores ordenan la detención de mujeres por “ausentarse”, basándose a menudo exclusivamente en la petición del tutor.
En febrero de 2019, Amnistía Internacional visitó la prisión de Juweideh, la principal prisión de mujeres de Jordania, y se reunió con veintidós mujeres encarceladas sin cargos ni juicio que afirmaban haber sido detenidas por “ausentarse” o por haber sido acusadas de zina. La mayoría dijeron que llevaban encarceladas meses y estaban esperando que un familiar varón pagara su fianza para poder quedar libres. En fecha tan reciente como septiembre de 2019, fuentes informativas de Amnistía Internacional dijeron en Juweideh había al menos treinta mujeres detenidas por “ausentarse” o por zina.
Casi todas describieron que habían huido de entornos de abusos, o declararon que se habían escapado cuando su tutor bloqueó su elección de pareja conyugal. Según la ley jordana, las mujeres menores de treinta años necesitan el consentimiento de su tutor masculino (normalmente su padre, hermano o tío) para poder casarse.
Sawsan[1] contó a Amnistía Internacional que había estado encarcelada durante más de un año después de que su padre denunciara ante las autoridades que había huido con un hombre. De hecho, había huido para escapar de los abusos de su padre.
“Me dieron el alto en la calle en Ammán y los policías me pidieron mi documento de identidad. Yo no lo tenía, así que dijeron que tenía que ir a su comisaría, pero cuando llegué allí descubrieron que había contra mí una orden de detención porque estaba ‘ausente’. Los dos agentes que estaban allí me golpearon […] Me llevaron ante el vicegobernador de [no se facilita el nombre del lugar]. Éste dijo que yo iría a la prisión de Juweideh hasta que mi padre pagara la fianza por mi libertad”, dijo.
Cuatro mujeres con las que Amnistía Internacional se reunió mientras estaban en detención administrativa o tras ser liberadas de ella dijeron que el personal del hospital había llamado a la policía porque estaban embarazadas fuera del matrimonio.
Ola[1], de entre 20 y 30 años, explicó: “Me quedé embarazada y traté de casarme con el padre. Sin embargo, el matrimonio no se aprobó porque no tengo tutor. Mis padres han muerto y yo sólo tengo hermanas menores, ningún hermano […] Fui al hospital y di a luz. En el hospital me preguntaron si estaba casada y dije que no, así que llamaron a la policía. Así fue como terminé aquí.”
Dos mujeres embarazadas solteras dijeron por separado que las tuvieron recluidas en detención administrativa hasta que dieron a luz para que las autoridades pudieran tomar muestras de ADN de su bebé. Esto se debía a que el presunto padre quería exonerarse de las acusaciones de zina.
Pasos positivos, pero continúa la preocupación
En reuniones mantenidas en febrero de 2019, funcionarios del Ministerio del Interior dijeron a Amnistía Internacional que los gobernadores detienen a mujeres por “ausentarse” y por zina por su propia protección, ya que a veces sus familiares quieren matarlas. Añadieron que el recién creado albergue de Dar Amneh terminaría con la “custodia de protección”.
Las organizaciones de la sociedad civil han reconocido de forma generalizada que Dar Amneh ha reducido el número de mujeres en situación de riesgo en detención administrativa. A mediados de septiembre de 2019, el centro había acogido a 75 mujeres. Sin embargo, tal como se señala más arriba, Dar Amneh no ha terminado con la práctica de detener a mujeres por “ausentarse” o por zina; muchas de esas mujeres parecen haber sido detenidas para castigarlas y coaccionarlas con el fin de que vuelvan con su tutor masculino.
Las mujeres también corren peligro de ser procesadas por el delito de zina, que acarrea una pena de entre uno y tres años de prisión. Aunque tanto los hombres como las mujeres pueden ser procesados si su cónyuge los denuncia a las autoridades, las mujeres también pueden ser procesadas si las denuncia su tutor masculino. Esto otorga a los hombres de la familia una herramienta más para castigar y controlar a las mujeres.
Rana[1], en la veintena, dijo a Amnistía Internacional que la habían detenido y procesado por zina después de que huyera con el hombre al que amaba pero con el que no le permitían casarse, y de que su padre pusiera una denuncia contra ella.
Pruebas de virginidad humillantes
Las mujeres solteras detenidas por “ausentarse” dijeron a Amnistía Internacional que la policía las había llevado a hacerse una “prueba de virginidad”. Se trata de un examen invasivo efectuado con la creencia errónea de que puede determinar si la mujer ha tenido relaciones vaginales, y viola la prohibición de la tortura y otros malos tratos contenida en el derecho internacional.
Hanan[1], de unos veinte años, contó a Amnistía Internacional que había huido con su hermana en tres ocasiones de los abusos que sufría en su hogar, y explicó:
“Cada vez que huíamos, cuando nos detenían, la policía nos llevaba al hospital y mi padre insistía en que nos hicieran las pruebas de virginidad. Nosotras accedíamos, porque sabíamos que teníamos que demostrar a nuestro padre que éramos vírgenes. De todas formas, [la policía] de Protección Familiar nos dejó muy claro que, si nuestro padre pedía que nos hiciéramos la prueba, teníamos que hacérnosla. Estaba en su derecho”.
Algunas mujeres describieron cómo la policía de Protección Familiar o algunos familiares les habían ordenado que se sometieran a las pruebas. Incluso cuando no hay formas evidentes de coacción, las mujeres detenidas no pueden dar su consentimiento libre.
“El uso de ‘pruebas de virginidad’ por parte de la policía en Jordania refuerza una idea discriminatoria de que los familiares varones tienen derecho a vigilar y controlar la sexualidad de las mujeres. Esas prácticas ilegales deben terminar en todas las circunstancias”, ha manifestado Heba Morayef
Retirada forzosa de “bebés ilegales”
Las mujeres que se quedan embarazadas fuera del matrimonio se enfrentan al riesgo añadido de que su bebé sea puesto forzosamente bajo custodia del Estado. Aunque la Oficina del Primer Ministro dijo a Amnistía Internacional que sólo se retira un bebé cuando se considera que corre peligro, tanto activistas de los derechos de las mujeres como profesionales de la abogacía han dicho a Amnistía Internacional lo contrario: que la policía de Protección Familiar lleva por sistema, y sin una evaluación individualizada, a los bebés de mujeres solteras a casas de acogida del Ministerio de Desarrollo Social.
Cinco mujeres que dieron a luz estando solteras contaron a Amnistía Internacional que la policía se llevó sin su consentimiento a sus bebés recién nacidos. Una guardería gestionada por el Ministerio de Desarrollo Social en la prisión de Juweideh permite que las mujeres tengan a sus niños o niñas de corta edad con ellas, pero excluye a los “bebés ilegales”.
En el mejor de los casos, las mujeres solteras pueden tratar de reunirse con sus hijos o hijas como madres adoptivas.
Dos trabajadoras domésticas migrantes dijeron al equipo de investigación que habían dado a luz en sus casas para evitar que les quitaran a sus bebés. Una ONG dijo a Amnistía Internacional que conocía veinte casos de ese tipo. Las mujeres solteras luchan por inscribir en registro el nacimiento de sus bebés y darles una identidad legal.
Una mujer que se casó con un hombre que la sometía a abusos y que la había violado, para poder inscribir en registro a sus bebés, dijo que lo había hecho por consejo de una ONG, dada la falta de otras opciones.
Amy[1] dijo a Amnistía Internacional: “Yo no quería casarme [con mi esposo], pero me aconsejaron que lo hiciera. Me preocupa que un día me mate a golpes. Pero no tengo opción, tengo que quedarme con él. El abogado dijo que tenía que casarme con él para poder inscribir [a los bebés]”.
Heba Morayef ha declarado: “Por desgracia, hemos documentado varios casos de mujeres solteras que quedaron embarazadas a consecuencia de una violación y luego fueron encarceladas, las separaron por la fuerza de sus bebés o les negaron la inscripción en registro del nacimiento”.
Y añade que “la retirada forzosa de bebés de mujeres solteras constituye tortura, y debe cesar de inmediato. En lugar de contribuir activamente al estigma asociado a los niños y niñas nacidos fuera del matrimonio, las autoridades deben trabajar para eliminarlo y ayudar a las mujeres solteras que quieran criar a sus hijos e hijas.”
Necesidad apremiante de reformas
Amnistía Internacional pide a las autoridades jordanas que redoblen sus esfuerzos para proteger los derechos de las mujeres, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil.
“La apertura de Dar Amneh es un paso positivo que parece haber conseguido que se detenga a menos mujeres en la denominada ‘custodia de protección’, y muestra una voluntad política de proteger los derechos de las mujeres. Lo que se necesita ahora es una revisión a fondo de las leyes y políticas para garantizar que se confía en las mujeres para que tomen decisiones libres sobre su vida sexual y reproductiva, en lugar de criminalizarlas, castigarlas y marginarlas”, ha manifestado Heba Morayef
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