Una delegación de Amnistía Internacional ha visitado el País Vasco para pedir a los partidos políticos que impulsen una agenda común de derechos humanos, que pueda ser compartida y asumida por todas las autoridades, tanto centrales como vascas.
“Después de casi seis años del cese definitivo de la actividad armada de ETA, es hora de que las distintas fuerzas políticas y autoridades aborden una agenda común de derechos humanos. Ahora más que en ninguna otra legislatura los partidos están obligados a dialogar. Las víctimas de ETA, las de los GAL y otros grupos armados, así como las de tortura deben estar en el centro de ese diálogo y el gobierno central debe participar activamente”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
“Tanto el Lehendakari como los representantes de los grupos políticos con representación en el Parlamento Vasco nos han transmitido que tiene que haber una agenda común. El reto ahora es pasar de las palabras a los hechos y buscar puntos de encuentro que luego se trasladen a las autoridades centrales. Las víctimas de violaciones y abusos contra los derechos humanos merecen este esfuerzo”.
“Después de tantos años de sufrimiento, España puede avanzar en el reconocimiento de los derechos de todaslas víctimas o continuar sin hacerlo. Además, en un contexto internacional difícil tras el endurecimiento de leyes y medidas antiterroristas llevadas a cabo por diferentes gobiernos, sobre todo en Europa, España debe revisar esta legislación para que no provoque una restricción desproporcionada de derechos”, recuerda Fotis Filippou, director adjunto sobre Europa de Amnesty International y miembro de la delegación que ha visitado el País Vasco.
Nuevo Informe de Amnistía Internacional
La organización ha presentado a las autoridades vascas el informe “Afrontar el pasado para construir el futuro” en el que reconoce que en el País Vasco se han llevado a cabo iniciativas positivas de verdad y reparación en las que deben implicarse las autoridades centrales. Hasta ahora, estas últimas han ignorado a algunas de las víctimas e incluso han obstaculizado algunas de las iniciativas adoptadas en el País Vasco.
Las víctimas de ETA
Amnistía Internacional llama la atención en su informe sobre la falta de información detallada y desglosada a nivel estatal de todos los abusos cometidos por ETA. Hay muchas víctimas de ETA que aún no han sido identificadas, sobre todo aquellas que han sufrido extorsión, amenazas o coacciones.
Con la información disponible, tampoco hay claridad sobre el hecho de si todas las víctimas de atentados mortales cometidos por ETA han tenido acceso equitativo y efectivo a su derecho a la justicia.
“Los Estados tienen la obligación de proporcionar esa información para que las víctimas y sus familias accedan a una adecuada reparación, así como para luchar contra la impunidad», afirma Beltrán. “Mientras que según un Informe del Gobierno Vasco el 98 % de las víctimas reconocidas de ETA habrían tenido acceso a algún tipo de reparación, no estaríamos ante la misma situación en relación a la verdad o la justicia para muchas otras. Por ejemplo, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, habría doce casos por atentados de ETA en los que los familiares desconocen el estado procesal en el que se encuentran los expedientes.” Tampoco hay, por parte del Estado, una cifra oficial sobre el número total de casos que están sin esclarecer.
Las víctimas de otros grupos armados
La impunidad sigue siendo generalizada en relación a los crímenes cometidos por otros grupos armados, como los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y el Batallón Vasco Español (BVE), que llevaron a cabo, en conexión con funcionarios del Estado, atentados en la década de los setenta y ochenta.
Un informe del gobierno vasco señala que el 37 % de estos casos de los GAL estaría aún sin esclarecer.
Por otra parte, no hay datos de la investigación judicial sobre 24 asesinatos atribuidos al BVE o grupos satélites en los primeros años de la democracia en España.
La negación sistemática de la tortura
Amnistía Internacional denuncia una vez más cómo en el caso de las víctimas de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el marco de la lucha anti-terrorista, los derechos de verdad, justicia y reparación no se reconocen. “Por parte del gobierno central queda todo por hacer: el Estado ni siquiera ha reconocido públicamente la práctica de la tortura”, asegura Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional en España.
La organización señala que solo por parte del gobierno vasco se han impulsado iniciativas para obtener datos sobre las violaciones de derechos humanos que se han cometido en el marco de la lucha antiterrorista. Un ejemplo es el estudio del Instituto Vasco de Criminología (IVAC-KREI), cuyas conclusiones preliminares en junio pasado identificaban a 4009 personas que alegaron haber sufrido torturas o malos tratos entre 1960 y 2013.
“Amnistía Internacional lleva décadas manifestando su preocupación por la falta de investigaciones prontas y exhaustivas y por la impunidad que rodea a la tortura en España. Este es un crimen de derecho internacional y su práctica no está justificada en ningún caso, ni siquiera en situaciones excepcionales que pongan en peligro la seguridad pública”, concluye Álvarez.
Así lo ha señalado también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que desde 2010 ha condenado a España hasta en siete ocasiones por no haber emprendido investigaciones efectivas y en profundidad sobre las denuncias de tortura a manos de las fuerzas de seguridad durante el régimen de incomunicación.
Legislación antiterrorista y política penitenciaria
En relación a la legislación antiterrorista excepcional, que se mantiene ya durante 40 años, Amnistía Internacional reclama cambios sustanciales para lograr su adecuación a los estándares internacionales de derechos humanos.
Por ejemplo, la definición del delito de terrorismo es tan vaga e imprecisa que puede llevar a la violación de algunos derechos como el de libertad de expresión. También debe eliminarse el régimen de incomunicación a detenidos acusados de terrorismo, porque puede facilitar la tortura tal y como ha recomendado el Comité de Derechos Humanos o los Relatores para la cuestión de la Tortura y para la protección de los derechos en la lucha contra el terrorismo de Naciones Unidas.
Por otra parte, La política de dispersión de presos va en contra de los estándares internacionales. Según estos estándares, los presos y presas tienen derecho a cumplir su condena en una prisión cercana a su residencia habitual siempre y cuando soliciten el traslado de forma individual y sea posible. Actualmente, habría alrededor de 380 personas en centros penitenciarios de España a más de 400 km de su entorno afectivo y familiar, de las cuales 189 estarían incluso a más de 800 km.
Agenda de Derechos Humanos para el País Vasco
La Agenda de Derechos humanos para el País Vasco que Amnistía Internacional ha compartido con todos los partidos políticos con representación en el Parlamento vasco, así como con el Ararteko y el Lehendakari consta de seis puntos fundamentales. Amnistía Internacional transmitirá esta Agenda a las autoridades centrales en Madrid las próximas semanas.
- Garantizar por completo el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de ETA y de otros grupos armados, incluidas las víctimas de los GAL y del BVE. Deben investigarse judicialmente los atentados cometidos por ETA que aún estén sin esclarecer.
- Asegurar el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de tortura y otros malos tratos, y pedir a las autoridades vascas y centrales un reconocimiento público del daño causado por la tortura y otros malos tratos en el contexto de la lucha antiterrorista.
- Garantizar que todos los abusos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad se investigan adecuadamente. Para ello, debe hacerse una auditoría externa de los mecanismos de investigación internos y establecer mecanismos independientes de investigación para graves violaciones de derechos humanos.
- Continuar avanzando en las iniciativas que ya están en marcha en el País Vasco sobre la sistematización de toda la información disponible de los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos durante estos años. Y que el Gobierno central también recoja datos oficiales detallados y desglosados de las violaciones y abusos cometidos.
- Revisar la legislación antiterrorista (Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal) para adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos; y poner fin al régimen de incomunicación para las personas detenidas.
- Garantizar, a través de una revisión de la actual política penitenciaria por parte del Gobierno central, que los presos y presas puedan cumplir condena cerca de su lugar de arraigo, siempre que sea posible e individualmente lo soliciten según marcan los principios de Naciones Unidas para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, así como la reiterada jurisprudencia al respecto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
