El Consejo de Gobierno de Andalucía ha aprobado el I Plan Andaluz de Memoria Democrática (PAMD) 2018 – 2022, que tiene como principal objetivo garantizar el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista bajo los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
Vecinos de Cárcama rinden homenaje a las víctimas del franquismo enterradas en fosas comunes en el cementerio municipalEl plan, primero de este tipo que promueve una comunidad autónoma en España, establece las líneas estratégicas para dar cumplimiento a la ley sobre esta materia aprobada por el Parlamento Andaluz en 2017, y cuenta con un presupuesto de casi once millones de euros para las políticas gestionadas directamente por la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática (más del 50 %, dirigido a intervenciones en fosas comunes e identificación genética con un banco de ADN).
Este presupuesto supondrá duplicar los fondos que dota la Junta anualmente, sin contar con las partidas específicas que aportarán otras consejerías.
La nueva estrategia, instrumento de referencia para las políticas autonómicas de Memoria Democrática en la comunidad, tiene tres objetivos fundamentales:
- Impulsar la cooperación y coordinación entre las administraciones, las entidades memorialistas y la ciudadanía;
- Articular las acciones para el reconocimiento institucional y la reparación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo,
- Contribuir a la mejora del conocimiento y difusión científica de los hechos y circunstancias, asegurando la preservación de los documentos y favoreciendo la investigación.
Para cumplir con estos fines, el documento recoge medidas de impulso a los trabajos de indagación, localización, exhumación e identificación de las víctimas; aprobación y conservación de los Lugares y Senderos de Memoria Democrática de Andalucía; investigación y recuperación de documentos y testimonios orales; adquisición y copia de material custodiado en archivos públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros, y suscripción de convenios; fomento y colaboración con las entidades memorialistas; cooperación entre administraciones; participación ciudadana, y desarrollo de proyectos e iniciativas de investigación y divulgación, entre otras.
La elaboración del I PAMD ha contado con el consenso y las aportaciones de más de un centenar de entidades memorialistas, las consejerías de la Junta, las universidades públicas andaluzas, las diputaciones provinciales, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y los diferentes grupos políticos con representación parlamentaria, abarcando los problemas y peticiones planteadas por entidades, víctimas, personal investigador, sistema educativo, instituciones y sociedad en general, conjugando la visión técnica con la demanda social.
Según los estudios efectuados hasta ahora, se calcula en alrededor de 60 000 la cifra de personas consideradas desaparecidas en Andalucía como consecuencia del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura.
