El Consejo de Gobierno de Andalucía ha aprobado hoy, 6 de diciembre de 2016, el proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad, una norma con la que la Junta de Andalucía persigue blindar la sanidad pública y asegurar los principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad en el acceso a las prestaciones a cualquier persona que necesite asistencia sanitaria, especialmente los colectivos más vulnerables.
El objetivo es proteger el sistema sanitario público ante situaciones de crisis o tentativas de desvirtuar su carácter público, y prepararlo para dar la mejor respuesta ante retos como los derivados del envejecimiento de la población y la cronificación de muchas enfermedades.
En su título I, están recogidas las garantías del sistema sanitario público, como son la perdurabilidad en el tiempo de los beneficios de la sanidad pública, obligando al mantenimiento y funcionamiento de los servicios, a su financiación y naturaleza públicas.
También deberán garantizarse por la Administración los principios que inspiran la Ley, tales como el pleno respeto a los derechos humanos, la mejora del bienestar de las personas, la universalidad, la igualdad, la equidad y la superación de las desigualdades territoriales y sociales en la prestación sanitaria, la participación social, la calidad y la concepción integral de la salud, entre otros.
Asimismo, se garantizarán derechos básicos recogidos en la normativa autonómica y estatal, incluyéndose aquellos con los Andalucía ha sido pionera, como son la libre elección de médico, la segunda opinión médica, la declaración de la voluntad vital anticipada, la muerte digna, el consejo genético, la no discriminación por motivo de identidad de género, etc.
En este título, el Consejo de Gobierno considera muy importante la garantía que se establece para acceder a la cartera de servicios complementaria de la comunidad autónoma sin copagos. Asimismo, en aquellas prestaciones de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud donde se prevea una aportación económica por parte de la población, la futura ley andaluza establece que se arbitrarán las medidas necesarias para minimizar su impacto y que, en ningún caso, pueda existir una persona excluida de una prestación por razones económicas.
Las medidas en torno a la sostenibilidad se articulan en el título II y se dirigen a asegurar la viabilidad del sistema en las vertientes económica, social, ambiental y del conocimiento, la investigación y la innovación. En la económica, se establece la Estrategia de Gestión del Sistema Sanitario Público como una herramienta clave para hacer, cada cuatro años, un análisis de la situación de la sanidad pública andaluza, y diseñar nuevas líneas directrices, siempre orientadas a obtener los mejores resultados y con una previsión de financiación estimada. Asimismo, se incluirán en esta estrategia, que deberá aprobar el Consejo de Gobierno, mecanismos de seguimiento y evaluación.
La futura ley garantizará el desarrollo de medidas de uso racional del medicamento, como la prescripción por principio activo, el uso de alternativas terapéuticas más eficientes y la optimización de la selección, adquisición y utilización de los fármacos en todos sus centros. De igual modo, se podrá seleccionar, mediante procedimientos de convocatoria pública, los medicamentos y productos sanitarios que se dispensan en oficinas de farmacia cuando se prescriban por principio activo. Las medidas de formación y promoción de la salud entre la población, para evitar el consumo innecesario de fármacos, y la transparencia en las relaciones de la industria farmacéutica con los profesionales y el sistema sanitario son también aspectos muy importantes.
Igualmente, se determina que la compra de bienes y servicios tendrá que atender a criterios de homogeneidad a través de estructuras integradas como las centrales de compras provinciales y regional. Por último, se contempla que la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias se hará en función de la evidencia científica y con garantías de carácter ético, clínico y social, con el objetivo de asegurar que toda la población andaluza tenga acceso a las mismas.
En la sostenibilidad social son elementos clave la equidad, la orientación a resultados en salud, el necesario diálogo con la sociedad, la calidad, la eficiencia y la ética, entre otros. Se incluyen medidas de prevención y promoción de la salud, mejora de la gestión clínica, fortalecimiento de las relaciones interprofesinales y coordinación entre los servicios sociales y sanitarios. También se tienen en cuenta medidas de prevención y promoción de la salud, de gestión abierta, transparente y participativa. La atención a la cronicidad también se aborda en este capítulo, promoviendo un modelo proactivo de atención, con el equipo de atención primaria como agente activo para ofrecer una asistencia de calidad e integral en todas las etapas de la vida.
El texto se completa con las medidas de sostenibilidad ambiental reguladas en el capítulo IV, principalmente a través de la actualización de la Estrategia de Gestión Ambiental y Energética y la implantación de planes que minimicen los impactos de la actividad diaria de los centros sanitarios.
En el capítulo V se aborda la sostenibilidad del conocimiento, la investigación y la innovación, haciendo hincapié en que los resultados de la I+D+i incidan directamente en la calidad y la eficiencia del sistema sanitario y en el desarrollo social y económico de la comunidad autónoma. En este último ámbito se incluye la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud, que contendrá las líneas prioritarias de investigación de acuerdo con los problemas más prevalentes de salud en Andalucía, la previsible evolución de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas y la estimación del compromiso presupuestario anual en esta materia. Se impulsará igualmente la carrera investigadora, asegurando la existencia de una masa crítica estable. Por último, se impulsará y facilitará la formación continua y de excelencia de los profesionales, a través del Plan Integral de Formación, para contribuir a la mejora continua de los resultados en salud de la población, además de alcanzar las metas de desarrollo profesional.
Para garantizar esta ley, la Administración andaluza destinará a la sanidad el equivalente al 6,3 % del Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma, frente a la media del 5,5 % del conjunto nacional y por encima de comunidades como Madrid y Cataluña.
El Servicio Andaluz de Salud es actualmente la primera entidad española en el sector de salud en número de patentes biosanitarias. También se ha incrementado la producción científica y su impacto en un 21 % entre 2012-2015, así como la participación en proyectos internacionales y los estudios clínicos desarrollados en centros sanitarios públicos.
